Juicio "sumar¨ªsimo" en Ibercorp tras un pacto a la americana

La Fiscal¨ªa de Madrid y los acusados del caso Ibercorp alcanzaron un pacto en el umbral del juicio oral, el pasado d¨ªa 15. El cambio de calificaci¨®n de los delitos originarios (maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas, falsedad y estafa) y la reducci¨®n de las penas de 15 a?os a 1 a?o, sin ingreso en prisi¨®n, para tres acusados, y de 12 a?os a una multa para el cuarto, hicieron el milagro. La Fiscal¨ªa, indemnizados los ¨²ltimos perjudicados, acept¨® el consenso. No las ten¨ªa todas consigo sobre el desenlace del juicio.

?Jo qu¨¦ noche la del 4 de mayo de 1994! Mariano Rubio, ex gobernador del Banco de Espa?a, era detenido en su domicilio de la madrile?a calle de Jovellanos; mientras, por las mismas horas, Manuel de la Concha era arrestado en la carretera de la Playa, al dirigirse en coche a su casa de Puerta de Hierro. La Fiscal¨ªa de Madrid, a cargo de Mariano Fern¨¢ndez Bermejo, orden¨® la detenci¨®n sin pasar previamente por el juez. Una vez en Plaza de Castilla, ya detenidos, fue el juez Jos¨¦ Emilio Coronado, entonces titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 6, quien les envi¨® a Carabanchel. Casi cinco a?os m¨¢s tarde, el pasado d¨ªa 15 estaba convocado el juicio por el caso Ibercorp con siete acusados: Manuel de la Concha, Jaime Soto, Benito Tamayo, Rafael V¨¢zquez Padura, Ignacio Velasco, Joaqu¨ªn Amo y Jos¨¦ Manuel Quesada. Tanto Mariano Rubio como Manuel de la Concha tambi¨¦n est¨¢n acusados, en otro procedimiento de Plaza de Castilla, por fraude fiscal, tr¨¢fico de influencias, pero este caso sigue abierto.Mientras el tribunal se preparaba para iniciar el juicio, el viernes 12 de febrero de 1988, a las diez de la ma?ana, en un despacho de la primera planta de los juzgados de Plaza de Castilla, el fiscal del caso Ibercorp, Carlos Ruiz de Alegr¨ªa, y los abogados de los siete acusados, cerraban formalmente un acuerdo. Cuatro acusados consensuaban con la Fiscal¨ªa sus condenas, con una reducci¨®n fort¨ªsima, de 15 a?os de prisi¨®n a 1 a?o, en tres imputados, y de 12 a?os de prisi¨®n a una multa de 1,8 millones de pesetas para el cuarto de ellos. El consenso de ese viernes 12 de febrero, alcanzado tras una negociaci¨®n que dur¨® diez d¨ªas, permit¨ªa que el juicio se iniciara el lunes 15 y terminara ipso facto, esa misma ma?ana, con una sentencia de conformidad.

Todo comenz¨® a mediados de enero pasado, tras ser citadas las cuestiones previas del juicio del caso Ibercorp para el 15 de febrero. Jos¨¦ Antonio Jim¨¦nez, letrado del tambi¨¦n abogado Rafael V¨¢zquez Padura, uno de los siete acusados, pregunt¨® a su cliente "?Hab¨¦is intentado un acercamiento a la Fiscal¨ªa?. "No. ?Eso se puede hacer, legalmente hablando?, pregunt¨® V¨¢zquez Padura. "S¨ª est¨¢ previsto por la ley", asegur¨® el letrado.

Ya la ley de Enjuiciamiento Criminal de 1885 preve¨ªa las sentencias de conformidad. En 1980, se ampli¨® para penas de hasta seis a?os, para extenderse, en 1988, por la ley del procedimiento abreviado, hasta los doce a?os. En 1989, la Fiscal¨ªa General del Estado establec¨ªa, por circular, el consenso antes de iniciarse el juicio y la sentencia de conformidad tras iniciarse aqu¨¦l.

La tarde del 21 de enero pasado, la idea de pacto dio un paso adelante. V¨¢zquez Padura pregunt¨® a Carlos Garc¨ªa de Ceca, abogado de Soto y de Tamayo, c¨®mo ve¨ªa un consenso. La intencionalidad era evidente. Los "grandes" acusados eran De la Concha, Soto y Tamayo. Garc¨ªa de Ceca pens¨® que sus clientes estar¨ªan de acuerdo. Se acord¨®, pues, que ¨¦ste hablar¨ªa por tel¨¦fono con el fiscal Carlos Ruiz de Alegr¨ªa. Eso hizo. El fiscal le escuch¨® y dijo que ten¨ªa que consultar con sus jefes. Tanto Fern¨¢ndez Bermejo, fiscal jefe, como Joaqu¨ªn S¨¢nchez Covisa, teniente fiscal, estuvieron de acuerdo.

"Hab¨ªa dos condiciones fundamentales", recuerda Fern¨¢ndez Bermejo. "La primera era la exigencia de indemnizaci¨®n a los perjudicados. Que no quedase nadie sin cobrar. Sin esto no se pod¨ªa ni empezar a hablar. La segunda, que se aceptaran las condenas o el reconocimiento de culpabilidad", subray¨® a EL PA?S.

La Fiscal¨ªa, seg¨²n se?ala Fern¨¢ndez Bermejo, acud¨ªa al juicio oral en unas condiciones dif¨ªciles. El tiempo, seg¨²n reza un viejo axioma del procedimiento penal, juega a favor de los acusados. En este caso, el cambio del C¨®digo Penal en 1995, con la despenalizaci¨®n de la llamada falsedad ideol¨®gica, quitaba hierro a la calificaci¨®n de la Fiscal¨ªa. No era el ¨²nico problema. La Fiscal¨ªa ten¨ªa sus dudas de que la tipificaci¨®n como delito de estafa pudiera salir adelante en lo que se asemejaba m¨¢s un delito de administraci¨®n desleal, no vigente en el momento de los hechos.

"No pod¨ªamos, l¨®gicamente, tener la seguridad de que el tribunal aceptar¨ªa nuestra calificaci¨®n como estafa. El riesgo era que el delito quedara, pues, impune", se?ala Fern¨¢ndez Bermejo.

El viernes 5 de febrero, Ruiz de Alegr¨ªa llam¨® a Garc¨ªa de Ceca. Ten¨ªa luz verde. Hab¨ªa que indemnizar a un grupo de perjudicados de Bilbao, las falsedades se quedar¨ªan fuera de la calificaci¨®n, las penas ser¨ªan m¨ªnimas y se aplicar¨ªa el delito societario.

La existencia de un ¨²ltimo grupo de perjudicados, despu¨¦s de que todos los dem¨¢s, que se expresaban a trav¨¦s de las acusaciones particulares y populares se retiraran, facilitaba las cosas. El art¨ªculo 21.5 del C¨®digo Penal vigente estima que la reparaci¨®n con anterioridad a la celebraci¨®n del juicio oral es una circunstancia atenuante. Hab¨ªa otra: la dilaci¨®n del proceso, incoado en 1992 y cuyo juicio se celebraba en 1999.

La llamada del fiscal desencaden¨® el proceso. El mismo viernes 5 de febrero, los abogados se dieron cita a la una del mediod¨ªa en el bufete del penalista Miguel Bajo. Hasta entonces, Bajo, abogado de Manuel de la Concha., no hab¨ªa tomado parte en la negociaci¨®n. Acudieron Garc¨ªa de Ceca, Antonio Gonz¨¢lez Cu¨¦llar, letrado del acusado Ignacio Velasco, Jos¨¦ Antonio Jim¨¦nez, Gonzalo Mart¨ªnez Fresneda, abogado del acusado Joaqu¨ªn del Amo, y Miguel Bajo y Jos¨¦ Lozano, letrados de De la Concha. Bajo exig¨ªa para sumarse al acuerdo que se diera a su cliente garant¨ªas de que en el otro procedimiento pendiente (junto con Rubio y otros, en el juzgado n¨²mero 6) tendr¨ªa un tratamiento especial y que la causa se archivar¨ªa. Los otros abogados consideraron que esto ser¨ªa inaceptable para la Fiscal¨ªa, como lo fue. Bajo expres¨® su temor de que despu¨¦s de aceptar una condena en el caso Ibercorp, que no implicaba ingreso en prisi¨®n, por falta de antecedentes, De la Concha tuviera que cumplir pena de prisi¨®n si era condenado en el otro caso por contar ya con una condena. Se le explic¨® que no funcionaba as¨ª. Los hechos que se ventilan en el juzgado n¨²mero 6 son anteriores a los juzgados en el caso Ibercorp.

El acuerdo pod¨ªa naufragar. La Fiscal¨ªa quer¨ªa un pacto con todos o con ninguno. La raz¨®n era sencilla: bastaba que uno solo rompiera la baraja para que el juicio oral tuviera que desarrollarse. La nueva cita fue el martes 9 de febrero a las 11 horas en la la primera planta de Plaza de Castilla. Todos los abogados con el fiscal Ruiz de Alegr¨ªa y el teniente fiscal S¨¢nchez Covisa.

El fiscal insisti¨® en el pago de los perjudicados de Bilbao. S¨¢nchez Covisa expuso los t¨¦rminos del consenso. Bajo insisti¨® en la situaci¨®n de De la Concha y el procedimiento pendiente en el juzgado 6. Una fiscal experta en temas penitenciarios fue llamada a la sala. Explic¨® c¨®mo se contemplaban el asunto de los antecedentes y la remisi¨®n de las condenas. Bajo ya no puso resistencia.

Tres acusados (Velasco, Del Amo y Quesada) quedaron fuera del caso. Tres acusados (De la Concha, Soto y Tamayo) aceptaron penas de un a?o cada uno por dos delitos (el acuerdo abusivo previsto por el delito societario y maquinaci¨®n). Finalmente, V¨¢zquez Padura obtuvo una multa de 10.000 pesetas d¨ªa o 1,8 millones de pesetas. El viernes 12 se formaliz¨® el pacto y al d¨ªa siguiente, s¨¢bado 13, Garc¨ªa de Ceca viaj¨® a Bilbao con el dinero para los ¨²ltimos perjudicados.

El lunes 15 se levant¨® el tel¨®n del juicio de Ibercorp y se baj¨® autom¨¢ticamente tras una sentencia de conformidad.