Pinochet y la transici¨®n incompleta

Chile y el mundo fueron tomados por sorpresa cuando agentes de polic¨ªa brit¨¢nicos ingresaron en una cl¨ªnica de Londres para arrestar al ex dictador chileno Augusto Pinochet, quien se recuperaba de una cirug¨ªa despu¨¦s de haber entrado al pa¨ªs con un pasaporte diplom¨¢tico. La decisi¨®n de enjuiciar a Pinochet se origin¨®, reflejando la tendencia a la globalizaci¨®n de la justicia, en los tribunales de Madrid, donde el juez espa?ol Baltasar Garz¨®n determin¨® que el ex dictador de 83 a?os deb¨ªa enfrentar acusaciones de tortura, terrorismo y genocidio, y, consecuentemente, solicit¨® su extradici¨®n desde Inglaterra.La situaci¨®n misma de Pinochet a¨²n no est¨¢ resuelta. Pero ¨¦ste se ha transformado en una met¨¢fora para interrogantes relativas a la ¨¦tica, el derecho internacional y la pol¨ªtica exterior. Mientras el arresto de Pinochet es un asunto abstracto para los editorialistas de peri¨®dicos de EEUU o Europa, en Chile, el hecho ha provocado fuertes tensiones pol¨ªticas y ha dejado en evidencia una sociedad que permanece hondamente dividida y polarizada en torno al legado de Pinochet.

La justicia debe hacerse. ?Pero en qu¨¦ t¨¦rminos? ?Qui¨¦n tiene el derecho a juzgar a un acusado y d¨®nde? La justicia debe hacerse preferentemente donde se cometen los delitos. Pero muchos argumentan que hoy en d¨ªa en Chile ello no es posible, y que a Pinochet se le debe juzgar en Europa. Otros, m¨¢s all¨¢ de la suerte del ex dictador, sostienen que la ¨²nica soluci¨®n verdadera a la crisis de Pinochet es determinar la verdad y hacer justicia en relaci¨®n a los m¨¢s serios abusos a los derechos humanos que ocurrieron en Chile y luego avanzar hacia el futuro. El arzobispo de Santiago afirm¨® certeramente que la crisis de Pinochet sucedi¨® porque los chilenos "no han sido capaces de hacer justicia en tantos casos de graves violaciones a los derechos humanos en el momento oportuno". Casi una d¨¦cada despu¨¦s del t¨¦rmino del r¨¦gimen dictatorial, numerosas ocurrencias de violaciones a los derechos humanos permanecen sin respuesta. Chile no ha dictado legislaci¨®n tendente a determinar cu¨¢nto juzgar y cu¨¢nto perdonar, pese a hechos meritorios como el encarcelamiento del ex jefe de la polic¨ªa secreta o la aprobaci¨®n parlamentaria de importantes medidas de reparaci¨®n humanitaria en favor de las v¨ªctimas.

En definitiva, el desaf¨ªo principal para Chile es precisamente c¨®mo terminar el proceso de transici¨®n a la democracia. Procesos exitosos de transici¨®n democr¨¢tica requieren, parafraseando al escritor chileno Jorge Edwards, una sabia dosis de justicia y perd¨®n. En pa¨ªses como Brasil, Portugal, Sur¨¢frica, Espa?a y Uruguay, la recuperaci¨®n de la democracia fue el producto de negociaciones o acuerdos con escasez de justicia y abundancia de perd¨®n.

?C¨®mo determina una naci¨®n un equilibrio adecuado entre la justicia y el perd¨®n cuando retorna a la democracia despu¨¦s de un periodo traum¨¢tico de dictadura? Chile es tan s¨®lo uno de los muchos pa¨ªses que han tenido que lidiar con ese dilema moral. En Espa?a, como ha observado ?scar Alzaga Vilamil, la llave para la transici¨®n a la democracia pos-Franco fue "no remover el pasado a cambio de recuperar la libertad". La transici¨®n a la democracia de Espa?a se orient¨®, por lo tanto, por la necesidad de perdonar, aparejada con la incapacidad de satisfacer el deseo de hacer justicia. En este mismo sentido, Felipe Gonz¨¢lez, el ex presidente del Gobierno espa?ol, ha comentado que su pa¨ªs ni siquiera tuvo la capacidad para juzgar a todos quienes estuvieron involucrados en el intento de golpe del 23 de febrero, que tuvo lugar en Madrid casi una d¨¦cada despu¨¦s de la muerte del dictador Franco.

La comunidad internacional se ha resignado a la idea de que el Estado puede perdonar bajo algunas circunstancias a fin de salvaguardar valores que son tan importantes para una sociedad como la justicia, tales como la democracia y la estabilidad. Pero semejante proceso no debe ser emprendido por quienes se beneficiar¨¢n de la amnist¨ªa o el perd¨®n, y debe ir acompa?ado por medidas que repudien la dictadura y provean medidas de reparaci¨®n para las v¨ªctimas de las violaciones a los derechos humanos.

Augusto Pinochet nunca recibi¨® una garant¨ªa expl¨ªcita de inmunidad a cambio de dejar el poder, ni tampoco podr¨ªa haberla recibido. Pero la Ley de Amnist¨ªa de 1978 protege a toda persona que sea acusada de haber cometido pr¨¢cticamente cualquier tipo de violaci¨®n a los derechos humanos entre 1973 y 1978, el periodo cuando el r¨¦gimen militar consolidaba su dominio y cuando ocurri¨® la mayor¨ªa de las transgresiones. Adem¨¢s, a Pinochet se le otorg¨® un asiento vitalicio en el Senado, cargo creado bajo la Constituci¨®n que ¨¦l mismo hizo dise?ar. Tal extra?a realidad deriva del hecho de que, si bien Pinochet y el autoritarismo fueron derrotados en las urnas en el plebiscito de 1988, no se trat¨® de una derrota en el terreno militar. Y pese a que sobre un 55% del electorado vot¨® en contra de Pinochet, aun as¨ª, ¨¦l recibi¨® alrededor del 43% del sufragio popular. En suma, la salida a la democracia de Chile consisti¨® en un entendimiento mediante el cual se acept¨® la Constituci¨®n existente a cambio de reformas espec¨ªficas inmediatas, en la confianza de que otros cambios sustantivos ser¨ªan introducidos m¨¢s adelante.

Por ello, la situaci¨®n chilena es m¨¢s compleja. No se trata meramente de cu¨¢nta justicia y cu¨¢nto perd¨®n lograr. A diferencia de las ex dictaduras en Brasil o Espa?a, que recuperaron sus democracias plenamente e incluso realizaron asambleas constituyentes, Chile no ha recobrado su soberan¨ªa popular enteramente. Las fuerzas pro dictadura han sido capaces de preservar los enclaves autoritarios, incluyendo los "senadores institucionales", que no son elegidos, sino nombrados mediante mecanismos que terminan favoreciendo a la oposici¨®n de derechas. En Brasil, el retorno a la democracia signific¨® el t¨¦rmino de los senadores no elegidos o "bi¨®nicos"; en Chile, despu¨¦s de casi una d¨¦cada de transici¨®n democr¨¢tica, ellos a¨²n subsisten. Adem¨¢s, las fuerzas armadas todav¨ªa ejercen considerable influencia en la vida p¨²blica mediante el Consejo de Seguridad Nacional.

La soberan¨ªa popular incompleta en Chile ha significado que, aunque los chilenos votan consistente y abrumadoramente por la coalici¨®n de gobierno (la Concertaci¨®n), el Ejecutivo no posee una mayor¨ªa en el Senado y continuamente ve sus proyectos vetados por la oposici¨®n. Por ende, el dilema en Chile no es solamente cu¨¢nta justicia y perd¨®n conseguir, sino tambi¨¦n cu¨¢nta soberan¨ªa popular recobrar. La pregunta es c¨®mo consolidar y concluir el proceso de transici¨®n a la democracia.

El caso Pinochet ha provocado un retroceso en esa transici¨®n, reabriendo las divisiones profundas que todav¨ªa persisten en la sociedad chilena. Su arresto revivi¨® los peores momentos de polarizaci¨®n entre los chilenos y transform¨® al ex dictador en el l¨ªder indiscutido de la derecha, torn¨¢ndolo una vez m¨¢s en el actor protagonista de la pol¨ªtica chilena. Los partidos pol¨ªticos conservadores, Renovaci¨®n Nacional y la Uni¨®n Democr¨¢tica Independiente, se han agrupado detr¨¢s de Pinochet, mientras que los sectores moderados de la derecha se encuentran ahora aislados y se han visto obligados a retirar a su candidato de la carrera presidencial. La coalici¨®n de gobierno tambi¨¦n se ha visto tensionada por el caso, ya que socialistas y democratacristianos han diferido sobre c¨®mo el Gobierno deber¨ªa defender los principios de jurisdicci¨®n territorial e inmunidad del Estado sin realmente defender a Pinochet.La detenci¨®n de Pinochet alter¨® el avance hacia la reafirmaci¨®n del profesionalismo en las Fuerzas Armadas de Chile, especialmente en el Ej¨¦rcito, que ha defendido a su ex comandante en jefe con declaraciones p¨²blicas cercanas a la deliberaci¨®n pol¨ªtica, que est¨¢ prohibida por la Constituci¨®n.

Los l¨ªderes pol¨ªticos de la Concertaci¨®n han respaldado la pol¨ªtica oficial del Gobierno, que ha buscado el regreso de Pinochet a Chile por razones jur¨ªdicas y pr¨¢cticas, enfatizando que, a pesar de los reales obst¨¢culos existentes, el ex dictador debe enfrentar los tribunales chilenos y responder a las acusaciones espec¨ªficas sobre violaciones de los derechos humanos (la inmunidad senatorial en Chile puede ser levantada por la Corte Suprema, y Pinochet encara acusaciones por cr¨ªmenes no cubiertos por la Ley de Amnist¨ªa de 1978).

Entretanto, las fuerzas derechistas en Chile han llegado a la conclusi¨®n de que para ellas la "obra" de Pinochet es m¨¢s importante que el "hombre". Aceptando la posibilidad de que ¨¦l podr¨ªa permanecer en Europa durante un largo proceso de extradici¨®n, los sectores de derechas han decidido sacrificar al ex dictador aun cuando formalmente se han cohesionado a su alrededor para, entre otras cosas, criticar a la coalici¨®n de gobierno. La derecha prefiere a Pinochet en el extranjero a tener que negociar con los sectores democr¨¢ticos el desmantelamiento de los enclaves autoritarios.

Ir¨®nicamente, si Pinochet no vuelve a Chile para ser enjuiciado, las fuerzas democr¨¢ticas no sentir¨¢n la urgencia de tener que generar las condiciones para hacer justicia, quiz¨¢s desaprovechando as¨ª una oportunidad para corregir algunos de los defectos de la transici¨®n.

El caso Pinochet le ha demostrado a Chile que una transici¨®n a la democracia debe enfrentar todos sus asuntos pendientes por penosos que ellos sean, y no "barrerlos debajo de la alfombra", ya que eventualmente resurgir¨¢n. ?sta es la lecci¨®n principal del caso Pinochet. M¨¢s all¨¢ de lo que ocurra con el ex dictador, es responsabilidad de los chilenos recuperar plenamente la soberan¨ªa popular del pa¨ªs por medio de reformas constitucionales adicionales y crear las condiciones para terminar la transici¨®n con suficiente verdad y justicia. ?ste puede ser un proceso largo, pero ciertamente es inevitable.