Comparaci¨®n odiosa

En declaraciones a Diario 16 (mi¨¦rcoles, 10 de marzo) el ministro de Industria acusa a Jos¨¦ Borrell de comportarse como el fiscal Starr y "entrar en la vida privada y particular de las personas". Dice textualmente que "no deja de resultar curioso que todo un candidato a la presidencia del Gobierno entre en este tipo de comportamiento".Muy poco convencido tiene que estar el se?or Piqu¨¦ de la honorabilidad de su conducta para hacer uso de una comparaci¨®n como ¨¦sta. Pues el ministro no puede desconocer cu¨¢l ha sido el comportamiento del fiscal Starr en su investigaci¨®n del presidente Clinton. El se?or Starr fue nombrado fiscal especial para investigar un esc¨¢ndalo inmobiliario en Arkansas cuando Clinton era gobernador del Estado. Se trataba, por tanto, de la investigaci¨®n de un caso de posible corrupci¨®n pol¨ªtica con alcance econ¨®mico. Fue al no encontrar ninguna prueba incriminatoria contra los Clinton cuando el fiscal Starr aprovech¨® que Paula Jones ten¨ªa interpuesta una demanda civil contra el presidente para desviar su investigaci¨®n hacia la vida privada de Clinton en general y su vida sexual en particular. El resto es sobradamente conocido.

Nada tiene que ver este comportamiento del fiscal Starr con el del candidato socialista a la presidencia del Gobierno ni con el de nadie en Espa?a. Aqu¨ª nadie est¨¢ interesado en investigar la vida familiar y las preferencias sexuales del se?or Piqu¨¦. Lo que se ha suscitado es la conveniencia de una investigaci¨®n parlamentaria sobre el comportamiento empresarial del se?or Piqu¨¦ y sobre el grado de cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda p¨²blica antes de ser ministro y sobre su direcci¨®n del Ministerio de Industria desde su incorporaci¨®n al Gobierno. ?stas son cuestiones p¨²blicas, de inter¨¦s general para los ciudadanos. Los ministros no nacen ministros. Los ministros llegan a ser ministros. Y lo que han hecho en su trayectoria profesional antes de ser ministros no pertenece a su vida privada exclusivamente, sino que tiene un inter¨¦s p¨²blico evidente. Un comportamiento irregular o la mera apariencia de comportamiento irregular al frente de una empresa o la apariencia de un inadecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias es materia que debe ser investigada. Y los ciudadanos tienen derecho a recibir informaci¨®n sobre el resultado de dicha investigaci¨®n. Esto no supone intromisi¨®n alguna en el derecho al honor o a la intimidad personal del se?or ministro. Es una exigencia de la pol¨ªtica en democracia y nada m¨¢s.

En el caso del se?or Piqu¨¦, dar cumplimiento a esta exigencia est¨¢ m¨¢s que justificado. El portavoz del Gobierno viene siendo presentado desde hace varios meses como el "modelo" a imitar, como la personificaci¨®n del viaje al centro del PP. No es en este sentido un dirigente pol¨ªtico m¨¢s. En consecuencia, el canon con que debe ser analizada su conducta tiene que ser mucho m¨¢s exigente que el que normalmente se utiliza en la vida p¨²blica. El escrutinio de la conducta de un dirigente pol¨ªtico tiene que ser directamente proporcional a su relevancia p¨²blica.

Y es un escrutinio que puede y debe extenderse a la actividad privada de car¨¢cter profesional del ministro antes de serlo. La afirmaci¨®n del se?or Piqu¨¦ de que "no tiene que responder en el Congreso sobre su actividad privada" no tiene encaje en un sistema pol¨ªtico democr¨¢tico. Lo que ¨¦l hizo como presidente de Ercros y como propietario con su esposa de Loreto Consulting es lo suficientemente sospechoso como para que sea investigado y para que sepamos qu¨¦ tipo de empresario y de profesional era el se?or Piqu¨¦. Entre otras cosas porque Ercros acab¨® teniendo un tratamiento privilegiado tras la incorporaci¨®n del se?or Piqu¨¦ al Gobierno y porque en su gesti¨®n del Ministerio de Industria parece comportarse con el mismo desenfado con que se comportaba como empresario privado.

El problema con el se?or Piqu¨¦ es que parece haber convertido el abuso en uso, es decir, en su norma de conducta. Como empresario privado primero y como gestor p¨²blico despu¨¦s. Y esto, como dec¨ªa Ortega, es uno de los peores males que pueden aquejar a una sociedad. Si las comisiones de investigaci¨®n no est¨¢n para esto, entonces ?para qu¨¦?