Vizcaya reabre la "guerra" contra la Secci¨®n de lo Contencioso que ha impugnado sus decisiones

La Diputaci¨®n de Vizcaya reabri¨® ayer la guerra contra una de las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Pa¨ªs Vasco, que ha impugnado en el pasado varias de sus decisiones. El consejo de gobierno foral ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia (TSJPV) que abra una inspecci¨®n ante la "comisi¨®n de graves irregularidades" por la Secci¨®n Tercera, a la que acusa de transgredir el principio de separaci¨®n de poderes e inmiscuirse en competencias propias de la Diputaci¨®n. El presidente de las tres secciones de lo Contencioso ha convocado para hoy un pleno.

La instituci¨®n vizca¨ªna se basa para sus acusaciones en cuatro casos concretos: las sentencias contrarias sobre la pol¨¦mica contrataci¨®n de 1981 de 143 personas, una oferta de empleo en 1993 que afectaba a 82 empleados, sobre tres sanciones a funcionarios forales y un expediente abierto a una letrada de la Diputaci¨®n. En ellos todos ellos la Secci¨®n Tercera de lo Contencioso Administrativo, que preside el magistrado Juan Luis Ibarra, fall¨® que la instituci¨®n foral no actu¨® conforme a derecho. A lo largo de m¨¢s de medio centenar de folios, la Diputaci¨®n desgrana lo que considera "comisi¨®n de graves irregularidades" de este ¨®rgano judicial, al que reprocha "haber generado un contexto, a lo largo de m¨¢s de una d¨¦cada, de un continuo cercenar las potestades, prerrogativas y el curso de las funciones" del ente foral. La pol¨ªtica de personal en la Diputaci¨®n vizca¨ªna ha sido motivo continuo de conflicto a lo largo de la d¨¦cada. Salvo la oferta de puestos de inspectores y bomberos del pasado a?o, no existe una OPE (oferta p¨²blica de empleo) que no haya sido recurrida, al igual que las relaciones de puestos de trabajo, el instrumento que fija y organiza las plantillas de las instituciones p¨²blicas y determina su estructura funcional. La Secci¨®n Tercera de lo Contencioso Administrativo, sobre la que han reca¨ªdo los distintos recursos contra la Diputaci¨®n interpuestos por trabajadores, ha ido manifestando la nulidad de las actuaciones forales en su pol¨ªtica de personal, mientras que la Diputaci¨®n ha acusado a este tribunal de colocarle en situaci¨®n de inseguridad jur¨ªdica y ha sugerido que actuaba por intereses pol¨ªticos. En el escrito dirigido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior vasco, el ente foral considera que dicho tribunal de lo Contencioso ha llevado una "l¨ªnea jurisprudencial sumamente err¨¢tica, cr¨ªptica e ininterrumpidamente sesgada y empa?ada de posiciones y convicciones pol¨ªticas arraigadas desde hace varios a?os, inmiscuy¨¦ndose de forma alegal en el terreno de la competencia ejecutiva que le es propia en exclusiva a esta instituci¨®n foral". "Entendemos", prosigue, "[que] se han transgredido los l¨ªmites de la separaci¨®n de poderes, invadiendo la Secci¨®n Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo los l¨ªmites que le son propios y exclusivos a esta instituci¨®n foral en el campo de lo pol¨ªtico". El diputado de Presidencia, Jos¨¦ Luis Bilbao, fue quien, con tono solemne y exposici¨®n pausada, explic¨® el acuerdo adoptado en el consejo de gobierno ayer, con el apoyo un¨¢nime de los diputados forales del PNV y PSE-EE. "Lo que hacemos es poner los hechos ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, que lo vea y compruebe la veracidad. Y que sea la Sala de Gobierno, o [el ¨®rgano] en que ella delegue, quien entre en este tipo de cuestiones". Bilbao a?adi¨® que la Diputaci¨®n adoptaba esta decisi¨®n y no otra "porque entendemos que es muy grave realizar una denuncia por prevaricaci¨®n contra un magistrado". "No ha empezado ayer" El diputado de Presidencia valor¨® que el acuerdo, que incluye otra denuncia ante el juzgado de guardia por la actuaci¨®n reciente del tribunal en la contrataci¨®n de 1981, es el colof¨®n de un largo proceso. "Esto no ha empezado ayer. Ha habido varios diputados generales y de Presidencia", dijo para rechazar que sea una cuesti¨®n personal entre ¨¦l y el magistrado Ibarra. "Ha llegado el momento de decir, como en el casino: no va m¨¢s. Y nos ha tocado a los que estamos ahora aqu¨ª". La actuaci¨®n de la Diputaci¨®n ya ha suscitado la reacci¨®n en el Tribunal Superior de Justicia. El presidente de las tres secciones de lo Contencioso Administrativo ha convocado hoy a todos los magistrados a un pleno para abordar las graves acusaciones. Fuentes de la Secci¨®n Tercera consideraron ayer que el documento foral "est¨¢ condenado al fracaso, si lo que plantea es una inspecci¨®n de la l¨ªnea jurisdiccional de este tribunal". Seg¨²n argumentaron, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior carece de competencias en este ¨¢mbito. "Lo que se pide es una inspecci¨®n extraordinaria y esto s¨®lo lo puede hacer el Consejo General de Poder Judicial", el m¨¢ximo ¨®rgano de la judicatura. Estos medios recordaron el ¨²ltimo conflicto con la Diputaci¨®n, cuando el Poder Judicial ya estableci¨® que carece de competencias para controlar las decisiones jurisdiccionales. "?sta es la base de la independencia judicial: que un ¨®rgano judicial no pueda meterse en la l¨ªnea jurisdiccional". Adem¨¢s, rechazaron el incumplimiento del principio de separaci¨®n de poderes. "La potestad de ejecutar lo juzgado en el ¨¢mbito de lo contencioso-administrativo es estrictamente judicial y no administrativa, como dice el art¨ªculo 117 de la Constituci¨®n".