El Gobierno se inhibe en la denuncia al Consell por usar datos privados

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, en representaci¨®n del Gobierno, se inhibi¨® ayer del expediente abierto por la Agencia de Protecci¨®n de Datos a la Consejer¨ªa de Bienestar Social por el uso de una base de datos no legalizada para convocar a los jubilados de la Comunidad Valenciana a una fiesta en el campo de f¨²tbol de Mestalla. El diputado socialista Joan Romero interpel¨® ayer al Gobierno sobre esa cuesti¨®n que, a su entender, ha supuesto la violaci¨®n de la privacidad de miles de personas.

Para Mariscal de Gante, el Gobierno no puede juzgar el procedimiento de infracci¨®n abierto por la Agencia de Protecci¨®n de Datos a la Generalitat por utilizar ficheros inform¨¢ticos no registrados para remitir una invitaci¨®n a todos los jubilados valencianos. La ministra explic¨® en el Congreso de los Diputados que el expediente ha sido abierto por "un organismo aut¨®nomo estatal" y por tanto corresponde a un departamento dependiente del Ejecutivo pero que funciona con autonom¨ªa. Joan Romero explic¨® en su pregunta que los dirigentes del Partido Popular en la Comunidad Valenciana hab¨ªan cometido un atropello con las personas mayores de 65 a?os residentes en las tres provincias valencianas. "Todo indica que se ha violado la privacidad de estas personas sin su autorizaci¨®n y dejando al margen los derechos constitucionales", se?al¨® Joan Romero desde su esca?o. El diputado y dirigente del PSPV manifest¨® que "lo m¨¢s grave era que el Gobierno no hubiese actuado de oficio para salvaguardar la seguridad jur¨ªdica de los ciudadanos afectados". Seg¨²n el parlamentario socialista, la Generalitat utiliz¨® m¨¢s de 800.000 registros de personas residentes en la Comunidad Valenciana sin su conocimiento. Romero enfatiz¨®: "No sabemos si se han transferido esos ficheros a otras personas o empresas para su uso" indebido. El diputado nacional inst¨® a la ministra de Justicia a explicar cu¨¢l es el nivel de defensa jur¨ªdica que tienen los valencianos ante situaciones como la generada por el Consell. "Todav¨ªa no les han dicho que va a pasar con esa informaci¨®n", sentenci¨® Joan Romero. Margarita Mariscal de Gante replic¨® al diputado del PSPV-PSOE que la manera que tiene el Gobierno de tutelar la protecci¨®n de los datos confidenciales de los ciudadanos valencianos es manifestar "el m¨¢s escrupuloso respeto" al expediente sancionador abierto por la Agencia de Protecci¨®n de Datos. La portavoz del Ejecutivo en la sesi¨®n del Congreso se?al¨® que a nivel estatal la Agencia de Protecci¨®n de Datos y su director, Manuel Fern¨¢ndez L¨®pez, son los que velan por los derechos relacionados con la privacidad, siempre de acuerdo con "la normativa vigente". La respuesta de la ministra, juzgada como insatisfactoria por el parlamentario socialista, no agota el debate en el Congreso sobre el expediente de infracci¨®n abierto al Consell por uso de una base de datos no registrada. Socialistas y Nueva Izquierda han presentado en el Congreso de los Diputados sendas peticiones de comparecencia del director de la Agencia de Protecci¨®n de Datos, Manuel Fern¨¢ndez L¨®pez, para que informe sobre el expediente abierto a la Consejer¨ªa de Bienestar Social que dirige Marcela Mir¨®. La pol¨¦mica sobre la utilizaci¨®n de una base de datos no registrada por parte del Gobierno valenciano se inici¨® el pasado mes de octubre cuando, con motivo de la organizaci¨®n de una fiesta para los mayores en el campo de f¨²tbol de Mestalla, la Generalitat remiti¨® invitaci¨®n personal a cerca de 800.000 personas mayores de 65 a?os. La invitaci¨®n cursada a los domicilios particulares de los jubilados provoc¨® inmediatamente la protesta de algunos de ellos, que afirmaban que sus datos no estaban a disposici¨®n de la Generalitat. Para los socialistas, el env¨ªo de correo se utiliz¨® mediante el uso irregular de soportes inform¨¢ticos confidenciales, posiblemente realizados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Las respuestas de la consejera de Bienestar Social, Marcela Mir¨®, en las Cortes Valencianas, lejos de aclarar las sospechas de la oposici¨®n contribuyeron a que la Agencia de Protecci¨®n de Datos abriese un expediente sancionador por la utilizaci¨®n de una base documental no registrada por la Generalitat. La oposici¨®n tambi¨¦n ha criticado la actitud del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que ha restado importancia a la apertura del expediente. Para los socialistas y Nova Esquerra, Zaplana demuestra as¨ª el respeto que tiene por los derechos fundamentales de los ciudadanos valencianos.