Tres a?os de reforma hospitalaria del PP

El 75% de los espa?oles, seg¨²n las encuestas del CIS, se siente satisfecho del Sistema Nacional de Salud. El Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar cree, sin embargo, que es mejorable. Los hospitales cl¨¢sicos que conocemos no disponen de una gesti¨®n aut¨®noma y no funcionan con criterios empresariales; as¨ª que, como dice el presidente del Insalud, Alberto N¨²?ez Feijoo, a un hospital no le importa si compra las pr¨®tesis m¨¢s caras o si instala una m¨¢quina expendedora de tabaco en sus pasillos, porque el dinero no le repercute directamente. Eso va a cambiar. Ya est¨¢ cambiando, porque el acopio de armas legales comenz¨® ya en 1996 y los hospitales que se est¨¢n abriendo son ya distintos. En tres a?os han nacido el hospital de Alzira (250 habitaciones individuales), Manacor (186 camas) y Alcorc¨®n (240 camas). Ninguno de ellos es ya como los que conocemos. Y no lo ser¨¢n los pr¨®ximos en abrir: Fuenlabrada, Calahorra y PalmaII. A los cl¨¢sicos les aguarda el cambio una vez aprobada, a finales de 1998, la Ley de Fundaciones P¨²blicas Sanitarias.El modelo de Alzira. Dinero p¨²blico para gestores privados. Es el que m¨¢s escandaliza a la oposici¨®n y los sindicatos. La Comunidad Valenciana, con 10.000 millones de dinero p¨²blico, lo ha otorgado para su explotaci¨®n a un consorcio empresarial en el que est¨¢ la aseguradora privada Adeslas. El Gobierno valenciano financia la labor, basado en la poblaci¨®n que cubre (230.000 personas), con 34.000 pesetas por cabeza: en total, 7.800 millones anuales. Si Adeslas lo gestiona bien obtendr¨¢ beneficios. El sistema est¨¢ recurrido. Tanto Enrique Castell¨®n, subsecretario de Sanidad, como N¨²?ez Feijoo defienden la legalidad del modelo, pero a?aden que a ellos no les gusta. Castell¨®n incluso se niega a admitirlo como modelo; prefiere llamarlo f¨®rmula. Sin embargo, esta f¨®rmula que entrega el dinero p¨²blico al gestor privado es ardientemente defendida por el presidente de Valencia, Eduardo Zaplana, un valor emergente en el PP, que fue el encargado de la ponencia de sanidad en el ¨²ltimo congreso del partido.

El PP inventa f¨®rmulas nuevas. El rearme legal. Antes de llegar el PP al poder, ya hab¨ªa empresas p¨²blicas gestionando hospitales y otros centros sanitarios. Tambi¨¦n hab¨ªa cierta concurrencia privada con el uso de hospitales concertados, f¨®rmula muy extendida en Catalu?a. Pero, para transformar los hospitales ya existentes, al PP no le gustaba ninguna de las existentes. El PSOE y los sindicatos aseguran su disposici¨®n a haber negociado el estatuto de los empleados sanitarios siempre que se hubieran respetado ciertas garant¨ªas, pero, roto el consenso, el PP prefiri¨® colar en la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos del Estado, a finales de 1998, su Ley de Fundaciones P¨²blicas Sanitarias. ?sta es la norma que cambiar¨¢ la cara a los hospitales que conocemos. Con ella disfrutar¨¢n de mayor autonom¨ªa y sus directivos tendr¨¢n incentivos para intentar que los centros sean rentables, pues sus beneficios repercutir¨¢n en la organizaci¨®n. Si pierden dinero, la sanidad p¨²blica cubrir¨¢ el d¨¦ficit. La ley prev¨¦ que los hospitales seleccionen y contraten a su personal, que fijen sus objetivos y que vendan o arrienden su patrimonio. N¨²?ez Feijoo asegura que nunca se va a alquilar un quir¨®fano, como barajaba un documento interno de La Paz de Madrid; tambi¨¦n afirma que no va a haber m¨¢s que contratos estatutarios. "Entonces, ?por qu¨¦ la ley incluye estas posibilidades?", se pregunta la portavoz socialista de sanidad, ?ngeles Amador.

La m¨¢s importante reforma se cuela en el Congreso. ?Por qu¨¦ una ley tan importante como la de Fundaciones P¨²blicas Sanitarias se ha aprobado de forma tan subrepticia evitando el debate parlamentario? Los gestores de la sanidad alegaron motivos de urgencia para preservar los derechos adquiridos de los trabajadores de los hospitales convencionales. La oposici¨®n consider¨® el argumento peregrino, pues no hab¨ªa ninguna amenaza. Amador tiene otra explicaci¨®n: el PP no quiso desarrollar el reglamento que la primera ley de nuevas formas de gesti¨®n, aprobada en 1997 con su apoyo, preve¨ªa, lo que hubiera supuesto un marco de garant¨ªas. Con la nueva f¨®rmula, cada nueva fundaci¨®n no necesitar¨¢ una ley, y cada estatuto, un decreto, de manera que no ser¨¢ necesaria la tramitaci¨®n parlamentaria. "Con las fundaciones se evita la participaci¨®n social", resume la portavoz de IU, ?ngeles Maestro. Para Pedro D¨ªaz Chavero, secretario ejecutivo confederal de UGT, todo el mundo est¨¢ de acuerdo en rentabilizar m¨¢s los hospitales por las tardes y en modernizar la gesti¨®n. "Nosotros est¨¢bamos dispuestos a negociar", dice. "Tengo muchas llamadas no contestadas a la oposici¨®n", se defiende el subsecretario de Sanidad.

Un objetivo alcanzado. Reducir las listas de espera. La reducci¨®n de las listas de espera quir¨²rgicas en el Insalud, territorio que administra directamente el Gobierno de Aznar, lo computa en su haber el PP. Las cifras son elocuentes. La varita m¨¢gica ha venido de la mano de las nuevas tecnolog¨ªas, seg¨²n N¨²?ez Feijoo. La mayor informatizaci¨®n para controlar y gestionar las listas y la extensi¨®n de la cirug¨ªa mayor ambulatoria, que aligeran enormemente la actividad en los quir¨®fanos, han sido fundamentales. En 1995, el Insalud registr¨® 36.000 operaciones de este tipo. En 1998 fueron 96.226. Se ha hecho tambi¨¦n autoconcertaci¨®n (horas extras en los hospitales por las tardes). A finales de a?o, promete el Insalud, la demora media para operarse ser¨¢ de s¨®lo 60 d¨ªas y no habr¨¢ nadie que espere m¨¢s de seis meses. La oposici¨®n no acaba de creerse las cifras, porque se han interceptado ¨®rdenes enviadas a los hospitales con la siguiente consigna: "... Se recuerda la necesidad de disminuir las indicaciones quir¨²rgicas en los procesos que as¨ª lo permitan, de tal manera que el ¨ªndice de entradas/ salidas en LEQ sea menor a la unidad...".

El primer decreto de ordenaci¨®n farmac¨¦utica. La t¨ªmida ofensiva al sector. El PP reclam¨® desde la oposici¨®n liberalizar el mercado de las oficinas de farmacia y, de hecho, el primer decreto que aprob¨® se refer¨ªa a este sector. Sin embargo, el alcance liberalizador s¨®lo afect¨® a los horarios. El decreto se completaba suavizando los requisitos para abrir nuevas farmacias y otorgando a las comunidades aut¨®nomas la potestad para ordenar el sector, hurt¨¢ndoselo a los colegios farmac¨¦uticos. En virtud de ese decreto, ahora puede haber una farmacia en una poblaci¨®n de 2.800 habitantes (antes deb¨ªa ser de un m¨ªnimo de 4.000) y ha quedado fijado un enorme abanico legal. En 1996 hab¨ªa en Espa?a 18.800 oficinas de farmacia. A fecha 31 de diciembre de 1998, la cifra era de 19.222.

El gasto farmac¨¦utico. La asignatura pendiente. La elevada factura farmac¨¦utica, la m¨¢s alta del mundo en relaci¨®n con el gasto total sanitario, es el punto d¨¦bil de la sanidad p¨²blica. El Gobierno ha intentado rebajarla con escaso ¨¦xito. Ha hecho importantes acuerdos con Farmaindustria, como el de penalizarla en el caso de que no se lograran los ahorros establecidos, y a finales de 1998 aplic¨® su propio medicamentazo, neg¨¢ndole la financiaci¨®n p¨²blica a 834 productos farmac¨¦uticos. Al margen de haber puesto en marcha una medida similar a la que tanto critic¨® en 1993, cuando los socialistas la adoptaron, la realidad es que los esfuerzos en este terreno resultan hasta ahora poco halag¨¹e?os.

Doscientos gen¨¦ricos autorizados. La introducci¨®n en el mercado de los medicamentos gen¨¦ricos (aquellos cuya patente ha caducado y, por tanto, se pueden vender sin marca m¨¢s baratos) es una medida que cuenta con consenso total por parte de todos los sectores y en todos los pa¨ªses. Sobre las bases ya iniciadas por el anterior Gobierno, ¨¦ste dio el pistoletazo de salida el a?o pasado. A finales de 1999 habr¨¢ ya 200 gen¨¦ricos autorizados. Habr¨¢ que esperar un tiempo para recoger sus frutos.