El Gobierno ignora qui¨¦n controla el agua
La Administraci¨®n desconoce la ubicaci¨®n, propiedad, uso y consumo de cerca de 400.000 acu¨ªferos en la Pen¨ªnsula
El Gobierno ignora la identidad, ubicaci¨®n, uso y consumo de casi 400.000 acu¨ªferos, el 70% de los que existen en Espa?a. As¨ª se recoge en el Libro Blanco del Agua -el borrador del futuro Plan Hidrol¨®gico Nacional- y as¨ª lo reconoci¨® a EL PA?S el pasado jueves el director general de Obras Hidr¨¢ulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Escart¨ªn. "Es la verdad del barquero. No figuran inscritos en el Registro de Aguas y, sin embargo, sabemos que existen por las hect¨¢reas de regad¨ªo declaradas, por las fotograf¨ªas obtenidas desde el sat¨¦lite y porque disminuyen inexplicablemente los cauces de los r¨ªos", se?ala Escart¨ªn. Precisamente estos destinatarios desconocidos son algunos de los afectados por la posibilidad de ceder su derecho de uso del agua, la medida m¨¢s pol¨¦mica del proyecto de reforma de la Ley de Aguas aprobada en el ¨²ltimo Consejo de Ministros. Dicho texto, que el Gobierno remitir¨¢ esta semana a las Cortes, es el primer paso dado por el PP para modificar la Ley de Aguas que aprobaron los socialistas en 1985. Catorce a?os despu¨¦s ambas administraciones mantienen dos puntos en com¨²n: la consideraci¨®n del agua como un bien p¨²blico y el descontrol legal sobre los acu¨ªferos. Ahora, la nueva reforma flexibiliza la compraventa entre titulares de la concesi¨®n de las aguas, penaliza con mayor severidad a quienes contaminan los r¨ªos y permite a la iniciativa privada construir obras hidr¨¢ulicas, como canales y plantas desaladoras.El PSOE anuncia que convertir¨¢ esta reforma en su gran arma de oposici¨®n en lo que resta de legislatura. As¨ª lo acordaron en una reuni¨®n extraordinaria convocada el pasado lunes en la sede central del PSOE en Madrid. La consigna fue un¨¢nime: "Concienciar a los ciudadanos, movilizar la calle, informar a cada asociaci¨®n de regantes y tratar de sumar a la lucha a los ecologistas". El diputado socialista V¨ªctor Morlan, responsable de Pol¨ªtica Hidr¨¢ulica, se?ala que no escatimar¨¢n esfuerzos: "Impediremos que privaticen el agua o que mercadeen con ella". La portavoz parlamentaria en la Comisi¨®n de Medio Ambiente, Cristina Narbona, a?ade: "Recurriremos al Tribunal Constitucional. Es inaceptable que alguien obtenga un beneficio econ¨®mico por ceder un bien p¨²blico por cuyo derecho de uso no ha pagado nada".
?Privatiza realmente el agua la reforma presentada por Isabel Tocino, o instaura el libre mercado del agua? El Gobierno lo niega tajantemente. Y se remite al articulado de la ley. En s¨ªntesis, ¨¦sta establece que s¨®lo podr¨¢n llegar a acuerdos econ¨®micos los propietarios de las concesiones de los acu¨ªferos "con usos no privativos", es decir, exclusivamente los regantes y los ayuntamientos.
Los intercambios comerciales se limitan a usuarios de la misma cuenca y s¨®lo puede vender agua quien renuncia a usarla. Esta cautela impide que alguien pueda, por ejemplo, regar su predio y obtener un beneficio econ¨®mico extra mediante la venta de mayor caudal. De igual manera, quien compra tiene que ser tambi¨¦n due?o de una concesi¨®n y puede adquirir agua ¨²nicamente para la propiedad declarada. Ambas partes tienen que comunicar su acuerdo a la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica. Si este ¨®rgano de gobierno de cuenca considera que la transacci¨®n se ajusta a la ley, no perjudica a terceros ni revierte contra el medio ambiente, autorizar¨¢ la operaci¨®n, a no ser que haya decidido ejercer su derecho prevalente de compra de ese agua. Ni las compa?¨ªas hidroel¨¦ctricas, ni los propietarios de los campos de golf, ni los empresarios de parques acu¨¢ticos o piscinas -ni cualquier otro negociante- puede participar en este intercambio mercantil. El precio al que puedan llegar los particulares es libre, aunque la ley se reserva el derecho de fijar un m¨¢ximo. Tambi¨¦n se adjudica el derecho de expropiaci¨®n del agua en situaciones de necesidad. Los expertos consultados opinan que resulta improbable que esta flexibilizaci¨®n del mercado del agua repercuta significativamente en un aumento de la facturas del consumidor urbano, a no ser que el Ayuntamiento, que es quien fija el precio del agua, decida abastecerse del vendedor m¨¢s caro, lo que resultar¨ªa chocante tanto para los ciudadanos como para la oposici¨®n municipal.
El especialista Jos¨¦ Mar¨ªa Sumpsi, coautor del libro Econom¨ªa y gesti¨®n del agua en la agricultura, objeta ¨²nicamente a la reforma la ausencia de un precio m¨¢ximo para unas transacciones "tan tuteladas por el Estado que no pueden considerarse libres, pero que no dejan de afectar a un bien fundamental como es el agua".
El catedr¨¢tico de Mec¨¢nica de Fluidos de la Universidad Polit¨¦ctica de Valencia Enrique Cabrera, autor de numerosas obras sobre abastecimientos urbanos, opina que resulta "absolutamente injustificada la alarma social creada en torno a una reforma que ni liberaliza el mercado, ni falta que hace, puesto que todos los pa¨ªses del ¨¢rea occidental, salvo Francia, mantienen el control p¨²blico sobre el agua". La reforma supone, en su opini¨®n, "el chocolate del loro", una mejora de escasa importancia que elude el verdadero problema del agua en Espa?a: la ausencia de medidas ahorradoras y la elaboraci¨®n de un plan riguroso para afrontar las sequ¨ªas que se avecinan. "Las fugas por el mal estado de las conducciones suponen el mayor despilfarro del agua en Espa?a y ni se menciona", dice. Cabrera se muestra esc¨¦ptico ante la obligatoriedad, tambi¨¦n impuesta por la reforma de Tocino, de instalar contadores en los aprovechamientos de agua. "Si la Administraci¨®n ni siquiera ha logrado saber d¨®nde est¨¢n los acu¨ªferos, a ver c¨®mo van a vigilar los contadores". Este catedr¨¢tico apunta al coraz¨®n del problema del agua: el desconocimiento sobre qui¨¦n y c¨®mo se explotan los acu¨ªferos.
El Libro Blanco del Agua estima que los aprovechamientos del agua en Espa?a suman 547.866. De ellos, se posee alguna noci¨®n sobre 323.403 y de ¨¦stos ¨²nicamente la mitad -161.953- figuran inscritos en el Registro General de Aguas. El Libro Blanco califica la situaci¨®n de "muy desalentadora"y da a entender que el descontrol puede ser a¨²n mayor: "Otras estimaciones arrojan cifras mucho m¨¢s elevadas sobre el n¨²mero de aprovechamientos existentes", apunta.
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