Un juez chileno procesa a cinco jefes militares en la mayor causa abierta contra la dictadura

El juez chileno Juan Guzm¨¢n Tapia dio ayer uno de los mayores golpes de efecto en la causa de los derechos humanos, de consecuencias imprevisibles en el proceso de extradici¨®n del general Augusto Pinochet, al ordenar la detenci¨®n y procesamiento de cinco militares retirados -dos generales, dos coroneles y un capit¨¢n del Ej¨¦rcito- por el delito de secuestro calificado (con agravantes), cometido en la llamada caravana de la muerte, uno de los operativos represivos de mayor magnitud tras el golpe militar que encabez¨® el general Augusto Pinochet.

Los procesados son el general Sergio Arellano Stark, el brigadier general Pedro Espinoza Bravo, actualmente encarcelado por el asesinato de Orlando Letelier, el coronel Sergio Arredondo, el coronel Marcelo Mor¨¦n Brito y el capit¨¢n Patricio D¨ªaz Araneda. El juez estima que hay presunciones fundadas de su participaci¨®n en calidad de autores en un crimen que ha sido acreditado. El delito de secuestro no est¨¢ cubierto por el decreto-ley de amnist¨ªa aprobado por el exdictador chileno en abril de 1978.Juan Guzm¨¢n es el juez que instruye la veintena de querellas presentadas en Chile contra Pinochet y la de ayer es la primera decisi¨®n en firme desde que admiti¨® a tr¨¢mite la primera querella. En los ¨²ltimos tiempos es objeto de intensas presiones no s¨®lo del estamento militar sino tambi¨¦n del poder judicial. Ayer estaba en paradero desconocido. Su decisi¨®n es consecuencia de la querella criminal contra Pinochet, Arellano y seis altos oficiales presentada el pasado 24 de mayo por Carmen Hertz y Germ¨¢n Berger, viuda e hijo de Carlos Berger, asesinado en la caravana de la muerte, y es, asimismo, fruto de un largo y paciente trabajo de investigaci¨®n durante el que el magistrado ha tomado declaraci¨®n a decenas de testigos, acusados y familiares de las v¨ªctimas.

Los querellantes pidieron posteriormente el procesamiento de los acusados por los delitos de genocidio, secuestro, secuestro con resultado de muerte e inhumaci¨®n ilegal. En dicha petici¨®n quedaba al margen el general Pinochet, ya que la acusaci¨®n no desea interferir el proceso de extradici¨®n a Espa?a.

Los abogados de las v¨ªctimas recuerdan que la doctrina Aylwin -primer presidente tras el restablecimiento de la democracia- interpreta el decreto-ley de amnist¨ªa en el sentido de que no impide que los tribunales puedan, incluso, investigar y procesar, pero no condenar, a los acusados de delitos que ampara el decreto.

Los acusados y la c¨²pula militar chilena tienen conocimiento desde hace d¨ªas de la firme voluntad del juez Guzm¨¢n por llegar hasta el final en la investigaci¨®n. El malestar es notable en el estamento castrense. Los mandos no desaprovechan cualquier oportunidad para denunciar la detenci¨®n de su general Pinochet y las declaraciones suben de tono. Temerosos de ser detenido, el general Arellano, principal imputado en la caravana de la muerte y uno de los cerebros del golpe de 1973, visit¨® hace poco al jefe del Ej¨¦rcito, general Ricardo Izurieta.

Izurieta declar¨® recientemente que para que el Ej¨¦rcito reconozca algo en esta materia, tienen que hacer lo propio los pol¨ªticos que llevaron al pa¨ªs a la crisis de 1973, en una clara alusi¨®n al Partido Socialista. En opini¨®n del jefe militar, son los mismos pol¨ªticos que llevan a las v¨ªctimas de los deudos a enfrentarse con el Ej¨¦rcito.

La caravana de la muerte fue uno de las acciones represivas del r¨¦gimen de Pinochet que revisti¨® mayor brutalidad e impunidad. A bordo de un helic¨®ptero, una siniestra comitiva de altos jefes militares, encabezada por el general Arellano, recorri¨® en octubre de 1973 -un mes despu¨¦s del golpe- distintos destacamentos de todo el pa¨ªs, de los que sac¨® a la fuerza a decenas de prisioneros pol¨ªticos que fueron posteriomente asesinados.