Trabajo avisa a las grandes empresas que pondr¨¢ freno a las prejubilaciones a cargo del Estado

El ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, quiere abrir un debate social, y en el seno del Pacto de Toledo, para poner freno a las prejubilaciones en empresas con beneficios. De momento, su departamento "va a analizar" con detenimiento los expedientes de regulaci¨®n de empleo que presentan esas compa?¨ªas, y as¨ª intentar paliar un sistema que cuesta a las arcas del Estado 100.000 millones de pesetas al a?o. El llamamiento del ministro coincidi¨® con la retirada por parte de Telef¨®nica, tambi¨¦n ayer, de su propuesta de aplicar prejubilaciones para trabajadores con 42 a?os de edad.

Las prejubilaciones supondr¨¢n este a?o al Estado un coste de unos 100.000 millones de pesetas -incluido el gasto en prestaciones por desempleo, que ser¨¢ de 82.000 millones, y las ayudas p¨²blicas previas a la jubilaci¨®n, otros 17.000 millones-, seg¨²n los datos facilitados por el ministro de Trabajo. Los 82.000 millones proceden directamente del Instituto Nacional de Empleo (Inem) para compensar a los empleados que, con m¨¢s de 52 a?os, dejan de trabajar y pasan al desempleo, mientras que los otros 17.000 millones sirven para compensar las bases de cotizaci¨®n de los empleados hasta que alcancen la edad de jubilaci¨®n (65 a?os), y son ayudas que recibe el beneficiario de una sola vez por parte del Estado.

Al coste que suponen para las arcas p¨²blicas las prejubilaciones hay que a?adir lo que gastan las propias empresas afectadas por ese tipo de procesos, que tambi¨¦n colaboran para garantizar un flujo salarial adecuado a los trabajadores hasta que llegan a la edad de jubilaci¨®n.

La f¨®rmula de las prejubilaciones se puso en marcha en la reconversi¨®n industrial de los a?os ochenta, y el ministro de Trabajo acepta que entonces estaba justificada, como tambi¨¦n en etapas posteriores, para superar "la crisis de empresas que se jugaban su viabilidad". Pero entiende que la situaci¨®n ahora es muy diferente.

Empresas con beneficios

Pimentel fue muy escrupuloso y no nombr¨® a ninguna empresa. Pero el llamamiento iba claramente dirigido a Telef¨®nica, Endesa y otras el¨¦ctricas, Fasa Renault y empresas que se est¨¢n privatizando y que, con elevados beneficios, recurren a las prejubilaciones y cargan una parte de los costes a las arcas del Inem. Las palabras del ministro (a las once de la ma?ana) fueron seguidas (a la una de la tarde) por un cambio en los planes de Telef¨®nica para su ajuste de plantilla. A esa hora, la compa?¨ªa comunic¨® a los sindicatos que retiraba su propuesta de extender la posibilidad de la prejubilaci¨®n a los trabajadores de 42 a?os, y la mantiene para quienes tienen entre 52 y 60 a?os, que es la edad habitual en estos procesos.

Telef¨®nica aseguraba ayer al respecto que no ha recibido ninguna comunicaci¨®n oficial para que cambie el expediente y que ha modificado su propuesta para facilitar un acuerdo con los representantes sindicales.

Tras la anulaci¨®n de la propuesta de 779 prejubilaciones a los 42 a?os, Telef¨®nica las prev¨¦ ahora para 8.097 empleados mayores de 52 a?os. Si todos se acogen a esa opci¨®n, el coste para el Inem ser¨¢ de unos 12.000 millones de pesetas anuales y de 60.000 millones para el conjunto de los ocho a?os. Ese dinero que debe pagar el Instituto Nacional de Empleo en prestaciones de paro es el ahorro que obtiene la compa?¨ªa, que adem¨¢s cuenta con una provisi¨®n de fondos de 459.000 millones de pesetas para complementar los ingresos de quienes salen de la plantilla.

El ministro no est¨¢ de acuerdo con la retirada de los trabajadores a los 52 a?os, y mucho menos a los 42 a?os, edad que cit¨® de pasada como "un supuesto extremo que alguna empresa ha eliminado". En su criterio, expulsar del mercado laboral a personas de la edad citada y hacerles creer que no son capaces de adaptarse a las nuevas tecnolog¨ªas o ser productivas es "un mensaje perverso sobre el que deber¨ªamos empezar a reflexionar", y un "fracaso" del actual sistema.

Por ello propuso que "se abra un debate social, quiz¨¢s en la revisi¨®n del Pacto de Toledo", sobre las pensiones, prevista para el pr¨®ximo a?o. Asimismo, anunci¨® que es una propuesta que va a presentar en la ponencia que deben constituir los partidos pol¨ªticos y en el debate con los agentes sociales "para que se discuta con tranquilidad".

Mientras tanto, el Gobierno no piensa cambiar los mecanismos legales, ni tiene intenci¨®n de modificar las condiciones de acceso a la protecci¨®n por desempleo o reducir las prestaciones. Cuando s¨ª piensa actuar de inmediato Trabajo es a la hora de "analizar con detenimiento si existen causas justificadas" cuando se presentan los correspondientes expedientes de regulaci¨®n (ERE) de empleo por parte de las empresas. No obstante, Pimentel reconoci¨® que "con la ley actual tenemos poco margen".

Causas justificadas

En esos expedientes, al igual que en los despidos, son causas justificadas las econ¨®micas (situaci¨®n negativa de la empresas), t¨¦cnicas, organizativas o de producci¨®n. Eso supone un amplio margen en el que cabe cualquier cambio organizativo que preparen las empresas. Adem¨¢s de analizar con lupa las causas argumentadas en los expedientes, los expertos del ministerio "dar¨¢n su opini¨®n en los contactos previos" que mantienen con los responsables de las empresas. En cuanto a los datos sobre la situaci¨®n actual, el ministro present¨® un informe elaborado por su departamento en el que se pone de manifiesto que siete de cada 100 espa?oles que cobran actualmente el paro son prejubilados, no desempleados efectivos, lo que supone que el pasado mes de mayo hab¨ªa un total de 55.100 personas en esa situaci¨®n. El perfil medio del prejubilado es un hombre de 55 a 59 a?os, y s¨®lo el 12,7% son mujeres.

La mayor utilizaci¨®n de esa f¨®rmula de prejubilaciones a partir de los 52 a?os se produjo en 1994, en plena crisis del empleo y de recesi¨®n econ¨®mica, con 100.530 personas, y con un gasto total de 121.655 millones de pesetas. Las cifras descienden en etapas de recuperaci¨®n.

Similar evoluci¨®n registran las jubilaciones anticipadas, que se producen a partir de los 60 a?os y hasta los 65 (edad legal de retiro), y que est¨¢n limitadas a quienes hubieran empezado a cotizar a la Seguridad Social antes de enero del a?o 1967.

Durante la ¨²ltima d¨¦cada (1988-1998) se ha producido una mayor proporci¨®n de jubilados que acceden a la pensi¨®n de retiro con edad menor o igual a 64 a?os respecto a los que acceden con 65 o m¨¢s a?os. Desde 1995 hasta 1998, los jubilados con menos de 65 a?os han pasado de 115.566 a 83.401. Las dos cifras representan el doble de los que se han retirado con m¨¢s de 65 a?os.