Las competencias de la nueva Asamblea

La dinast¨ªa Estuardo convirti¨® a Edimburgo en residencia real, sede del Gobierno y, por ende, capital de Escocia. La uni¨®n de las coronas, por la cual Jaime VI de Escocia y I de Inglaterra se traslad¨® en 1603 a Londres, merm¨® buena parte de la actividad social y cultural. Cuando los Parlamentos hicieron otro tanto en 1707, la C¨¢mara desapareci¨® de la ciudad. La reapertura de ayer ser¨¢ provisional s¨®lo desde el punto de vista log¨ªstico. El nuevo edificio, dise?ado por el arquitecto catal¨¢n Enric Miralles, estar¨¢ listo en el a?o 2001. Una contingencia que no har¨¢ mella en la actividad legislativa. Desde hace casi trescientos a?os, Escocia maneja sola la justicia y la educaci¨®n. La Iglesia, presbiteriana, difiere tambi¨¦n de la de Inglaterra. La actual devoluci¨®n de poderes legislativos ha dejado en manos del Parlamento todas las carteras ostentadas por el antiguo Ministerio de Escocia, llamado oficialmente Oficina para Escocia. Sus se?or¨ªas podr¨¢n legislar a partir de ahora en materias de sanidad, educaci¨®n, gobierno local, vivienda, transportes, interior, medio ambiente y agricultura. Y lo m¨¢s importante de todo, la C¨¢mara estar¨¢ capacitada para subir o bajar hasta un total de un 3% el impuesto sobre la renta fijado por el Ministerio de Hacienda desde Londres. La pol¨ªtica exterior, el empleo y la seguridad social, as¨ª como todo lo relativo a la seguridad nacional, la defensa y los temas constitucionales, seguir¨¢n dependiendo de Westminster, sede del Parlamento brit¨¢nico.

La Asamblea de Gales, que inici¨® tambi¨¦n ayer sus tareas, carece, por el contrario, de poderes legislativos. Sus 60 miembros podr¨¢n tomar decisiones acerca de la gobernaci¨®n local, pero sus cuentas est¨¢n fijadas. Disponen de los 8.000 millones de libras esterlinas (algo m¨¢s de dos billones de pesetas) de presupuesto gestionado hasta la fecha por la Oficina para Gales. ?sta ha sido ya desmantelada despu¨¦s de operar durante 34 a?os entre Londres y Cardiff. Sus 2.000 empleados lo son ahora de la Asamblea. Los tribunales, por su parte, podr¨¢n ver los casos elevados al Supremo y en donde los ciudadanos hayan demandado a las autoridades territoriales.