El Gobierno aprueba hoy la reforma que limitar¨¢ los recursos auton¨®micos ante el Constitucional
El Consejo de Ministros aprueba hoy un anteproyecto por el que se reformar¨¢ la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional para frenar la avalancha de recursos en materia auton¨®mica que soporta el Alto Tribunal. El n¨²mero de recursos del Estado contra las comunidades, y de ¨¦stas contra la Administraci¨®n central, que han llegado al Tribunal Constitucional desde la descentralizaci¨®n de los primeros ochenta, es de 996. Actualmente, los casos pendientes de sentencia suben a 181. Alemania, en sus primeros 27 a?os de funcionamiento como Estado descentralizado s¨®lo tuvo 43.
El n¨²mero de recursos en materia auton¨®mica acumulados y pendientes de sentencia por el Tribunal Constitucional comenz¨® a reducirse dr¨¢sticamente a partir de 1991 y hasta 1996, pasando de 415 a 176. Pero la acumulaci¨®n de recursos volvi¨® a subir en 1996, tras la ruptura del consenso entre el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y el PSOE sobre el nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica, que ced¨ªa el 30% del IRPF a las comunidades con capacidad normativa. De una sola tacada, la Juntas de Andaluc¨ªa, la de Extremadura y la de Castilla La Mancha -todas ellas gobernadas por el PSOE- plantearon 45 recursos entre finales de 1996 y comienzos de 1997. En consecuencia, el progresivo descenso de asuntos acumulados en el Tribunal Constitucional cambi¨® de signo y pas¨® de los 176 de 1995 a los 186 de 1996, para subir hasta 190 en 1997. En estos momentos son 181.
Pero el problema de la conflictividad auton¨®mica puede agravarse m¨¢s a¨²n ante el masivo aumento de competencias que van a asumir las 13 comunidades aut¨®nomas de v¨ªa lenta, que van a obtener el traspaso de la sanidad, los servicios sociales y la educaci¨®n, tras la reforma de sus estatutos de autonom¨ªa.
La modificaci¨®n que hoy aprueba el Consejo de Ministros en la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional, de octubre de 1979, trata precisamente de prevenir esta situaci¨®n y evitar nuevas acumulaciones de recursos ante el Alto Tribunal, presidido por el magistrado Pedro Cruz Villal¨®n. Para ello, se potenciar¨¢n los organismos conciliadores -las comisiones bilaterales del Estado y las comunidades aut¨®nomas- y se ampliar¨¢ el actual plazo de tres meses para presentar los recursos a nueve.
Tanto la representaci¨®n del Estado como la de las comunidades tendr¨¢n que notificar al Tribunal Constitucional la apertura de la negociaci¨®n en la comisi¨®n bilateral, al objeto de que ¨¦ste autorice la ampliaci¨®n del plazo del recurso, seg¨²n el texto de la reforma que hoy aprueba el Consejo de Ministros. El texto de la reforma se?ala que esta f¨®rmula disminuir¨¢ la "excesiva acumulaci¨®n de trabajo" del Alto Tribunal. Seg¨²n las previsiones del Ejecutivo, esta medida afectar¨¢ al 90% de los recursos que se plantean ante el Constitucional.
La ampliaci¨®n del plazo para la presentaci¨®n de recursos ante el Tribunal Constitucional permitir¨¢ que tanto comunidades aut¨®nomas como el propio Estado renuncien a hacerlo si se logra alg¨²n fruto con la negociaci¨®n previa, seg¨²n inform¨® ayer el ministro de Administraciones P¨²blicas, ?ngel Acebes. "En muchas ocasiones, las comunidades aut¨®nomas o el Estado han presentado recursos con car¨¢cter preventivo por el escaso plazo que hab¨ªa para negociar", se?al¨® el ministro.
El ¨²ltimo ejemplo sucedi¨® hace tan s¨®lo quince d¨ªas, el pasado 25 de junio, cuando el Consejo de Ministros recurri¨® ante el Tribunal Constitucional la decisi¨®n del Gobierno de Navarra sobre los incentivos fiscales que acompa?aron a la ley foral sobre las 35 horas. El ministro de Administraciones P¨²blicas manifest¨® ayer que, de haber habido un plazo para recurrir como el que hoy decide el Consejo de Ministros, el Ejecutivo no habr¨ªa planteado un recurso de prevenci¨®n ante el Tribunal Constitucional.
El ejemplo de Navarra
El Gobierno se?ala que en Navarra, la ¨²nica comunidad en que han funcionado las comisiones bilaterales de conciliaci¨®n, en virtud del estatuto de la comunidad que cre¨® una Junta de Cooperaci¨®n, la mitad de los asuntos sobre los que hab¨ªa discrepancias entre el Estado y la comunidad aut¨®noma no llegaron a plantearse ante el Tribunal Constitucional. Seg¨²n recoge un informe del Ministerio de Administraciones P¨²blicas, los 181 conflictos auton¨®micos pendientes de sentencia del Tribunal Constitucional se reparten por ministerios de la siguiente forma: Econom¨ªa y Hacienda (73); Administraciones P¨²blicas (18); Medio Ambiente (17); Fomento (14); Industria y Energia (12); Justicia (11); Agricultura (11); Educaci¨®n y Cultura (7); Interior (7); Trabajo y Asuntos Sociales (6); Sanidad (4); Exteriores (1).
Las comunidades aut¨®nomas han recurrido contra el Estado en 633 ocasiones. Y el Estado contra las comunidades en 363. Las comunidades aut¨®nomas que m¨¢s recursos han tenido que soportar del Estado ante el Tribunal Constitucional son, de m¨¢s a menos: Catalu?a (41); Pa¨ªs Vasco (26); Galicia y Canarias (13); Comunidad Valenciana (10); Andaluc¨ªa, Arag¨®n, Navarra y Baleares (9).
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