La polic¨ªa calcula que 20.000 mujeres inmigrantes viven forzadas a prostituirse

La polic¨ªa estima que 20.000 inmigrantes se ven forzadas a la prostituci¨®n en Espa?a. El borrador de la nueva Ley de Extranjer¨ªa prev¨¦ que la Administraci¨®n exima de responsabilidad y autorice la permanencia en Espa?a de las inmigrantes que proporcionen datos esenciales o testifiquen contra los explotadores. La expulsi¨®n de las v¨ªctimas permite hasta ahora que los responsables queden impunes en muchos casos. Los juicios contra los traficantes de seres humanos son sobrese¨ªdos, los burdeles siguen abiertos y el negocio, que mueve hasta un bill¨®n de pesetas al a?o, contin¨²a.

Es una historia que empieza en una regi¨®n miserable, en la otra orilla del Atl¨¢ntico, en Europa del Este o m¨¢s all¨¢ del Estrecho, con el enga?o de una oferta de trabajo en Espa?a. Contin¨²a en un asiento de segunda clase en un vuelo que llega a Amsterdam o Francfort y en un furg¨®n o en el vag¨®n de un tren, rumbo a Madrid. Termina en un club de carretera, en una vida de prostituci¨®n al servicio de una mafia. A veces, el c¨ªrculo se cierra con una redada policial y una orden de expulsi¨®n de Espa?a.Las historias parecen calcadas. Las mujeres son obligadas a pagar a la mafia los costes del billete de avi¨®n, los tr¨¢mites migratorios y el hospedaje. Una deuda que puede alcanzar hasta un mill¨®n y medio de pesetas, y que debe ser cubierta durante el primer mes de llegada de la inmigrante. S¨®lo cambian los detalles: sistemas de v¨ªdeo, perros de ataque sueltos en el burdel, o matones vestidos de camareros y de acompa?antes para el control de las mujeres.

Desde enero de 1999, la Brigada Central de Extranjeros ha realizado 20 operaciones en varios hostales de carretera, donde m¨¢s del 90% de mujeres es inmigrante, la mayor¨ªa sin papeles. En esas operaciones, fueron detenidas 71 personas acusadas de participar del negocio y se localiz¨® a 218 mujeres. El a?o pasado fueron 463 mujeres. La Guardia Civil ubic¨® en 1998, en operaciones similares a otras 52; entre ellas, a siete menores de edad. Se estima que 20.000 inmigrantes est¨¢n forzadas a la prostituci¨®n en Espa?a.

Tras declarar ante la polic¨ªa, la mayor¨ªa de mujeres permanece detenida hasta 24 horas. Pese a que la prostituci¨®n no es considerada un delito, la ley ordena que les sea abierto un expediente de expulsi¨®n por la "irregularidad administrativa" de desempe?ar una "actividad no declarada". La orden de expulsi¨®n se ejecuta en la mayor¨ªa de los casos, aunque los jueces y fiscales tienen la potestad de dejar en libertad a las v¨ªctimas que cooperen con la justicia.

Impunidad sistem¨¢tica

La expulsi¨®n es la causa principal de la impunidad. Los procesos judiciales que se inician contra los jefes de las mafias, los intermediarios y los propietarios de los clubes se centran en el testimonio de las mujeres. Generalmente, los implicados son acusados de detenci¨®n ilegal, de delitos relativos a la prostituci¨®n, coacci¨®n y amenazas. Pero estos cargos se sustentan en la palabra de la v¨ªctima. S¨®lo ella puede denunciar y testificar que ha sido secuestrada y obligada a prostituirse. Pero con la frecuente expulsi¨®n de las testigos, estos procesos se quedan en el aire.La impunidad se repite sistem¨¢ticamente. De la redada realizada por la polic¨ªa en Castell¨®n y Cuenca a inicios del mes pasado, por ejemplo, no queda ning¨²n testigo de cargo. En esa operaci¨®n fueron localizadas 37 mujeres: 26 colombianas, cinco rumanas y una de cada una de las siguientes nacionalidades: rusa, costarricense, brasile?a, argentina, nigeriana y chilena. El camino ha quedado abierto para que los cuatro responsables que fueron puestos a disposici¨®n judicial queden libres de culpa. Generalmente, los clubes permanecen abiertos mientras no haya una decisi¨®n del juez, que puede tardar hasta dos a?os, y que se resuelve mediante el pago de una multa.

Carlos Botr¨¢n Prieto, jefe de la Secci¨®n Primera de la Brigada Central de Extranjeros, recuerda muy pocos casos de mujeres que hayan quedado custodiadas por el programa "Testigo Protegido", que ampara a los que se encuentran bajo amenaza. Una de esas excepciones es la operaci¨®n realizada en tres clubes de alterne de C¨¢diz, C¨®rdoba y M¨¢laga, tambi¨¦n el mes pasado. Fueron localizadas 43 mujeres, pero s¨®lo dos de ellas testificar¨¢n en contra de una banda que, seg¨²n la polic¨ªa, ha tra¨ªdo a Espa?a a mil inmigrantes con fines de prostituci¨®n.

Cuando la expulsi¨®n no se ejecuta y la v¨ªctima es abandonada a su suerte, pasa nuevamente a manos de las mafias. Muchas mujeres cambian su declaraci¨®n inicial o sencillamente desaparecen. En julio pasado, los cabecillas de una red dedicada al tr¨¢fico de africanas para prostituirlas junto al puerto de Valencia asestaron una cuchillada en el rostro a la mujer que se atrevi¨® a delatarlos. En el ¨²ltimo caso, descubierto por la Guardia Civil la semana pasada en varias provincias andaluzas, los responsables ten¨ªan ya antecedentes policiales.

La impunidad se refuerza con otro vac¨ªo legal. S¨®lo desde mayo pasado, el C¨®digo Penal regula la utilizaci¨®n de inmigrantes ilegales en prost¨ªbulos y sanciona a los due?os de los locales. El art¨ªculo 188, en el cap¨ªtulo contra el maltrato a las mujeres, establece penas de dos a cuatro a?os a quien "directa o indirectamente favorezca la entrada, estancia o salida de personas con el prop¨®sito de su explotaci¨®n sexual empleando violencia, intimidaci¨®n o enga?o, o aprovechando de una situaci¨®n de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la v¨ªctima".

Seg¨²n Botr¨¢n, los due?os de los clubes son el ¨²ltimo eslab¨®n de las mafias. Estas bandas tienen un jefe en Espa?a y otro en el pa¨ªs de origen de la inmigrante y operan a trav¨¦s de intermediarios que entregan a las mujeres a los clubes bajo pedido.

El borrador de la nueva Ley de Extranjer¨ªa contempla la posibilidad de eximir de responsabilidad y permitir la permanencia en Espa?a de las v¨ªctimas "que denuncien ante las autoridades competentes a los autores y cooperadores del tr¨¢fico de mujeres con fines de explotaci¨®n sexual". Adem¨¢s, permite a la v¨ªctima elegir entre retornar a su pa¨ªs u optar por la residencia en Espa?a, con permiso de trabajo y "facilidades para su integraci¨®n social". Un soporte jur¨ªdico para combatir una actividad comparable al narcotr¨¢fico, que genera miles de millones al a?o.