Pensiones m¨ªnimas y alternativas pol¨ªticas

La cuesti¨®n social ha vuelto al debate pol¨ªtico. Es m¨¢s, la pol¨¦mica sobre la mejora de las pensiones m¨¢s bajas nos ha devuelto el debate pol¨ªtico en lo que ¨¦ste tiene de m¨¢s caracter¨ªstico: el pluralismo y la diferenciaci¨®n de opciones. Eso s¨ª, esto ha sido as¨ª a pesar de los esfuerzos por impedirlo del Gobierno, que, experto en achicar espacios y embarrar la cancha, est¨¢ tratando de desviar la atenci¨®n sobre el fondo del asunto, para, de esta forma, no tener que contestar, de una vez por todas, si en esta fase de crecimiento econ¨®mico, en que ha bajado los impuestos a las rentas m¨¢s altas y ha favorecido los intereses de las grandes empresas el¨¦ctricas, les ha llegado la hora de mejorar su situaci¨®n a las pensiones m¨¢s bajas. ?sta, y no otra, es la cuesti¨®n.Pero el Gobierno parece decidido a salirse de este partido y ha lanzado una ofensiva en la que su diana parece ser, para no faltar a sus malas costumbres, la Junta de Andaluc¨ªa y, por derivaci¨®n, los ciudadanos andaluces, a cuenta de la decisi¨®n que, en su momento, tom¨® el Gobierno de Chaves de abonar una paga anual de 9.838pesetas, no consolidable y financiada con los presupuestos auton¨®micos, a los perceptores en su territorio de pensiones no contributivas. Con esta campa?a contra el gobierno andaluz se pretende eludir el debate previo, el que ha condicionado todos los dem¨¢s: su negativa a mejorar las pensiones m¨ªnimas.

Con el ruido del pretendido combate auton¨®mico, el Gobierno "se olvida" de decirnos por qu¨¦ se ha negado a aceptar, en tres ocasiones en los ¨²ltimos ocho meses, sendas iniciativas planteadas en Las Cortes que pretend¨ªan mejorar todas las pensiones m¨ªnimas en todo el territorio espa?ol. Y se hace el amn¨¦sico tambi¨¦n a la hora de explicar por qu¨¦ ha incumplido la recomendaci¨®n del Congreso de los Diputados, aprobada por todos los grupos de la C¨¢mara el 27 de mayo de 1998, que instaba al Gobierno a mejorar las pensiones m¨¢s bajas de la Seguridad Social.

En v¨ªsperas presupuestarias toca hablar de la cuesti¨®n distributiva, no tanto de cuanta riqueza est¨¢ cre¨¢ndose, sino de c¨®mo se reparte. ?ste es el debate de fondo, y va a seguir si¨¦ndolo aunque el se?or Aznar, que, seg¨²n nos cuentan sus ac¨®litos, es muy suyo, llegue al fin a hacer caso a sus confidentes y d¨¦ por terminada la legislatura en el pr¨®ximo oto?o.

Si escuchamos a los altavoces del Gobierno, lo verdaderamente perverso en todo este asunto no es que el Gobierno se haya negado a subir 2.000 pesetas mensuales las pensiones m¨ªnimas en una ¨¦poca en la que, dicen, todo va bien, sino que la Junta de Andaluc¨ªa, ante la negativa del Gobierno, haya dado una paga anual de 9.838 pesetas a los que cobran pensiones no contributivas. Lo primero no les parece censurable; lo segundo les parece, en cambio, una afrenta constitucional. Es una cuesti¨®n de competencia, dicen, que rompe el principio de igualdad y pone en peligro la estabilidad financiera del sistema de pensiones al haber abierto "una espita demag¨®gica" que puede dar lugar a una competencia sin freno entre comunidades. Curioso y c¨ªnico argumento, en verdad, el empleado por el mismo Gobierno, que, al atribuir capacidad normativa sobre la imposici¨®n sobre la renta a las comunidades aut¨®nomas, ha sentado bases s¨®lidas para la desigualdad de los espa?oles en relaci¨®n con las cargas fiscales y para una competitividad fiscal entre los distintos territorios que, ¨¦sta s¨ª, puede llegar a arruinar los sistemas p¨²blicos de protecci¨®n social. Pero, si el argumento del Gobierno es c¨ªnico, no es en cambio sorprendente: para la derecha, subir las pensiones es una decisi¨®n claramente demag¨®gica, y bajar los impuestos, un imperativo de la econom¨ªa.

El primer jard¨ªn en el que se meti¨® el Gobierno fue el de la caja ¨²nica, aun sabiendo, porque era notorio, que las pensiones no contributivas se financian con cargo a la fiscalidad general y que nada tienen que ver con el principio de unidad de caja, y conociendo que la decisi¨®n del gobierno andaluz recurrida ha sido financiada, como les ha recordado el auto del Tribunal Constitucional, con recursos auton¨®micos. Pero lo que ya haya dicho el Alto Tribunal parece darles igual: despu¨¦s de haberse conocido, han seguido manteniendo que el Gobierno defender¨¢ "con u?as y dientes la caja ¨²nica". Ha habido otro jard¨ªn pisoteado por el Gobierno: el Pacto de Toledo. Acusar de vulnerarlo a quien pretende un mayor incremento de las pensiones m¨ªnimas es convertir el Pacto de Toledo en un burladero para no afrontar pol¨ªticamente la mejora de la situaci¨®n de los pensionistas con menos rentas y, por tanto, malversarlo. No debiera olvidar el Gobierno, cuando lanza acusaciones tan estrepitosas como falsas sobre el Pacto de Toledo, cu¨¢l ha sido el comportamiento del Grupo Socialista cuando nos trajo al Parlamento una reducci¨®n de la cuant¨ªa de las pensiones con 15 a?os de cotizaci¨®n, o cu¨¢n diferente ha sido la actitud de los socialistas, ante el cambio de la base reguladora de la pensi¨®n, a la que tuvieron los "populares" cuando un cambio similar lo plante¨® el gobierno socialista. Ah¨ª est¨¢ nuestra lealtad con lo que acordamos en Toledo. Lo que no puede pretender el Gobierno es que aquel consenso sea un salvoconducto para hacer lo que le venga en gana.

El Gobierno, insisto, no ha querido entrar en el debate de fondo, y ha preferido escudarse en pretendidas transgresiones constitucionales de una comunidad aut¨®noma, sin hacer caso de lo que dice el Tribunal Constitucional y haciendo evidente su desconocimiento del hecho, bien sabido y aquilatado, de que las relaciones entre Comunidades Aut¨®nomas y Gobierno de Espa?a se rigen no por el principio de jerarqu¨ªa, sino por el de competencia.

En este sentido, hemos podido leer y o¨ªr afirmaciones para todos los gustos. El ministro ha hablado de s¨¢trapas tras anunciar Jordi Pujol su decisi¨®n de mejorar tambi¨¦n las pensiones no contributivas. El m¨¢ximo responsable de la Seguridad Social ha afirmado que las pensiones y la defensa nacional tienen igual ubicaci¨®n constitucional. Ignoro si el se?or Aparicio nos pretende decir que las comunidades aut¨®nomas han perdido sus atribuciones constitucionales y estatutarias sobre la legislaci¨®n no b¨¢sica, la gesti¨®n del r¨¦gimen econ¨®mico o la de los servicios de la Seguridad Social, o que han adquirido atribuciones para gestionar los servicios del Ej¨¦rcito o su r¨¦gimen econ¨®mico. En cualquier caso, un disparate.

Otra afirmaci¨®n sorprendente en este terreno, en este caso no proveniente del Gobierno, sino del presidente del Consejo Econ¨®mico y Social, es la que dice: "Las comunidades aut¨®nomas est¨¢n para gestionar adecuadamente, y si es posible, eficazmente, sus competencias, no para impulsar una pol¨ªtica alternativa a la del Gobierno". Me imagino que para eso, para gestionar adecuada y eficazmente sus competencias, est¨¢n no s¨®lo las comunidades aut¨®nomas, sino todos los poderes p¨²blicos, incluidos el Gobierno de Espa?a o el Ayuntamiento de La Carolina. Pero, adem¨¢s, tambi¨¦n para gestionarlas pol¨ªticamente tomando decisiones que bien pueden ir en la direcci¨®n contraria a la que protagoniza el Gobierno central. Y esto es lo que ha hecho el gobierno andaluz, por mucha confusi¨®n que se pretenda crear desde los portavoces gubernamentales. Ve¨¢moslo: el gobierno del presidente Chaves tom¨®, en su d¨ªa, la decisi¨®n (opci¨®n pol¨ªtica) de seguir financiando, con recursos propios de la Junta, medicamentos excluidos de financiaci¨®n p¨²blica por el Ministerio de Sanidad, y de emplear, en cambio, una pol¨ªtica alternativa de uso racional del medicamento (opci¨®n pol¨ªtica) que ha conseguido gastar menos en farmacia que el ministerio con su recetazo. Con este ahorro, el gobierno andaluz toma la decisi¨®n de dar una paga ¨²nica, no consolidable, de 9.838 pesetas a los perceptores de pensiones no contributivas que viven en Andaluc¨ªa (tercera opci¨®n pol¨ªtica).

Estamos, por tanto, ante un conjunto de decisiones pol¨ªticas, en mi opini¨®n correctas desde el punto de vista competencial y pol¨ªtico, que el Gobierno, si quiere, puede criticar bien porque no le gusta que le lleven la contraria, bien por las razones pol¨ªticas que considere conveniente esgrimir. Estamos ante un debate de identidad pol¨ªtica y no de derecho constitucional. Y ¨¦se, lo quiera o no el Gobierno, es el que vamos a entablar, aunque s¨®lo sea para demostrar que el pretendido viaje al centro se agost¨® antes de tiempo.

Jos¨¦ A. Gri?¨¢n Mart¨ªnez es diputado del PSOE y ex ministro de Trabajo.