El abogado del Estado ha pedido instrucciones al Gobierno sobre si debe mantener o no el recurso Las diputaciones no invocaron en 1997 la "falta de objeto" de la consulta al Tribunal europeo

VIENE DE LA P?GINA 1 La causa abierta en el Tribunal de Luxemburgo no es ¨²nico frente amenazador que tienen los beneficios fiscales a la inversi¨®n que conceden las Diputaciones forales. La anterior Comisi¨®n Europea, a instancias del comisario de la Competencia, Karel Van Miert, decidi¨® tambi¨¦n en julio pasado abrir un expediente general de infracci¨®n contra los incentivos fiscales (cr¨¦ditos del 45% de la inversi¨®n y exenciones en el Impuesto de Sociedades) establecidos el a?o pasado por las diputaciones vascas y el Gobierno de Navarra, tras haber declarado en febrero ilegales las ayudas de este tipo concedidas a la empresa Daewoo. La tramitaci¨®n de este expediente le va a corresponder al sustituto de Van Miert en la nueva Comisi¨®n Europea, el italiano Mario Montti, hasta ahora comisario de Mercado Interior y buen conocedor de las cuestiones tributarias. Aunque ambos procedimientos son independientes (uno es de car¨¢cter administrativo y el otro judicial), fuentes jur¨ªdicas consultadas han destacado la enorme influencia que tendr¨ªa una resoluci¨®n contraria de la Corte de Luxemburgo sobre los miembros de la Comisi¨®n Europea. De ah¨ª el inter¨¦s de la Administraci¨®n vasca en evitar los riesgos de un pronunciamiento adverso del tribunal. Sobre todo tras conocer el rotundo informe del abogado general Antonio Saggio, quien dictamin¨® en julio que el territorio de la comunidad aut¨®noma no recoge "ninguna especificidad -por lo que se requiere a condiciones econ¨®micas como el nivel de empleo, los costes de producci¨®n, las infraestructuras, el coste de la mano de obra- que exija un trato fiscal diferenciado con respecto al vigente en el resto del territorio espa?ol". Las diputaciones basan su petici¨®n de que la Sala de lo Contencioso declare acabado el procedimiento que dio lugar a la consulta jur¨ªdica en el hecho de que las normas forales motivo del conflicto se encuentran derogadas. Estas normas, aprobadas por las juntas generales de los tres territorios en 1993, establec¨ªan diversos beneficios tributarios (las llamadas vacaciones fiscales) para las inversiones de empresas con domicilio fiscal en Euskadi, y fueron recurridas por la Administraci¨®n del Estado. Durante su estudio, en 1997, la Sala de lo Contencioso decidi¨® consultar al Tribunal Europeo de Justicia un aspecto de las mismas: si la exclusi¨®n de dichos incentivos de compa?¨ªas europeas asentadas en la comunidad aut¨®noma pero que tributaban a la Hacienda estatal va contra los principios de la libre circulaci¨®n de bienes y asentamiento de empresas consagrado por el Tratado de la Uni¨®n. En aquel momento las instituciones forales no alegaron la "falta de objeto" de la cuesti¨®n prejudicial, a pesar de que las normas fiscales de 1993 ya hab¨ªan sido sustituidas por otras y la discriminaci¨®n a las empresas europeas subsanada por una ley estatal. El abogado del Estado todav¨ªa no ha presentado sus alegaciones a la petici¨®n de sobreseimiento. Se ha limitado a informar al Ministerio de Justicia de la situaci¨®n, para que sea el Gobierno central quien decida la conveniencia de mantener o no el recurso que motiv¨® la consulta de la Sala de lo Contencioso al Tribunal Europeo de Justicia. Dada la trascendencia del caso, la decisi¨®n del Gobierno adquiere una gran carga pol¨ªtica.