El Estado seguir¨¢ pagando la atenci¨®n m¨¦dica privada a 200.000 trabajadores

M¨¢s de 200.000 trabajadores de grandes empresas que reciben asistencia sanitaria privada financiada con dinero p¨²blico seguir¨¢n benefici¨¢ndose de este r¨¦gimen especial. Una proposici¨®n de ley del PSOE que propon¨ªa la desaparici¨®n de las empresas colaboradoras de asistencia sanitaria y la integraci¨®n de sus trabajadores en el sistema p¨²blico fue rechazada ayer gracias a los votos del PP y sus socios nacionalistas. El portavoz popular, C¨¦sar Villal¨®n, admiti¨® la necesidad de cambiar el r¨¦gimen de estas empresas, pero calific¨® la iniciativa socialista de "chapuza".

El razonamiento del PSOE es el siguiente: ya que el Sistema Nacional de Salud ya no se financia a trav¨¦s de las cotizaciones de la Seguridad Social, sino gracias a los Presupuestos Generales del Estado, no tiene sentido mantener un r¨¦gimen especial "anacr¨®nico" como el de las 36 empresas colaboradoras, grandes compa?¨ªas que ofrecen a sus trabajadores cobertura sanitaria completa en cl¨ªnicas privadas y reciben del Estado una compensaci¨®n econ¨®mica anual a cambio de esta prestaci¨®n.Las 36 empresas colaboradoras -entre las que se encuentra Telef¨®nica, varias entidades bancarias y otras grandes compa?¨ªas- generan "mercados cautivos", en palabras de la diputada socialista ?ngeles Amador, ya que suministran una clientela fija -de 219.000 a 300.000 trabajadores, seg¨²n los oradores- y saludable.

La portavoz de Izquierda Unida, que apoy¨® la iniciativa, ?ngeles Maestro, record¨® que por esta v¨ªa el sector sanitario privado tiene garantizados los beneficios sin apenas asumir riesgos, ya que reciben una cartera de clientes en edad laboral que, cuando se jubilan, vuelven a la sanidad p¨²blica o se ven obligados a contratar un seguro privado.

Para acabar con esta situaci¨®n, los socialistas propon¨ªan que los trabajadores volvieran al Sistema Nacional de Salud, recibieran un tarjeta sanitaria individual del ¨¦ste y les fuera asignado un m¨¦dico general en su lugar de residencia.

El dinero que el Gobierno se ahorrar¨ªa con este cambio -m¨¢s de 17.000 millones de pesetas- ser¨ªa repartido entre el Insalud y las comunidades que tienen transferida la sanidad en proporci¨®n al n¨²mero de trabajadores que se habr¨ªan visto afectados por la nueva ley. La propuesta no sali¨® adelante, a pesar de que el PSOE sum¨® los votos de IU y Nueva Izquierda y de que el Gobierno ha mostrado su intenci¨®n de modificar este r¨¦gimen especial, similar al que tienen los funcionarios, como record¨® el portavoz de NI, Ricard Peralta.

En el otro lado, PP, CiU, PNV y CC, desligaron el modelo de financiaci¨®n de la sanidad de la existencia de este r¨¦gimen especial que comenz¨® hace m¨¢s de 30 a?os; subrayaron los defectos de forma que, seg¨²n dijeron, presentaba la proposici¨®n socialista y recordaron que la desaparici¨®n de las empresas colaboradoras tendr¨ªa consecuencias negativas para sus trabajadores y para los de las cl¨ªnicas privadas que los atienden.