Las constructoras regionales acusan a las administraciones de discriminarlas

Las constructoras regionales volvieron ayer a la carga respecto a la f¨®rmula de adjudicaci¨®n de obras p¨²blicas. La asociaci¨®n que las agrupa acus¨® a las administraciones p¨²blicas de favorecer a las grandes empresas del sector y advirti¨® de que esta pol¨ªtica puede afectar gravemente al empleo. Fuentes de las grandes constructoras insisten en que el actual modelo de adjudicaci¨®n no vulnera ning¨²n principio o precepto relacionado con la libre competencia y que las regionales lanzan una grave acusaci¨®n contra las administraciones.

El presidente de la Asociaci¨®n Nacional de Empresas Regionales de Obras P¨²blicas (AERCO), el ex ministro Jes¨²s Sancho Rof, explic¨® ayer que el problema radica en que las administraciones p¨²blicas han optado por convocar macroconcursos que "sistem¨¢ticamente son adjudicados a las grandes compa?¨ªas y en los que las medianas y peque?as no tienen ninguna oportunidad".Esos grandes concursos, se?alan fuentes de AERCO, necesitan un aval bancario, que suele estar fuera del alcance de las peque?as y medianas empresas, porque sus recursos no son suficientes. Esto, en opini¨®n de esta organizaci¨®n, ha provocado que en la pr¨¢ctica se est¨¦ ante "una situaci¨®n de cuasi monopolio".

Sancho Rof advirti¨® de que, de proseguir este sistema de adjudicaci¨®n de obra p¨²blica, el empleo puede verse sensiblemente perjudicado. En Espa?a hay un total de 94 empresas constructoras regionales, con una facturaci¨®n de 312.217 millones de pesetas y una plantilla total de 12.276 personas. En AERCO est¨¢n presentes 22 de esas empresas, con un tercio de las facturaciones y plantillas globales.

Medidas urgentes

Con el fin de paliar esta situaci¨®n, las constructoras reclaman las siguientes medidas, que se podr¨ªan incluir en el tr¨¢mite parlamentario de la Ley de Contratos,actualmente en el Senado: limitar la facultad de las administraciones p¨²blicas para convocar macroconcursos o que ¨¦stos sean fraccionados; que las administraciones contratantes justifiquen, mediante dictamen previo del Consejo de Estado, la imposibilidad de fraccionar un contrato cuando su importe supere los 5.000 millones de pesetas, y que las subcontrataciones no superen en ning¨²n caso el 25% del total del presupuesto de cada contrato.

El Ministerio de Fomento, que ayer no quiso entrar en el debate, ha defendido reiteradamente el actual sistema de contrataci¨®n.

Por su parte, las grandes constructoras rechazan de plano las acusaciones de las regionales. Fuentes de estas empresas coincidieron ayer en argumentar que "relacionar los vol¨²menes de obra adjudicada con el concepto de tama?o o capacidad de las empresas no puede sino interpretarse como una acusaci¨®n velada de desviaci¨®n de poder por parte de las administraciones correspondientes, lo cual puede ser muy grave".

Las grandes constructoras tampoco comparten que se est¨¦ ante una situaci¨®n de "cuasi monopolio".

Seg¨²n sus datos, las cinco primeras constructoras espa?olas controlan en torno al 18% de la producci¨®n total nacional. En Suecia, ese porcentaje es del 60%; en Holanda, el 34%; en el Reino Unido, el 19%, y en Alemania, el 13%.

En cuanto a la posibilidad de fraccionar las obras, las grandes sostienen que "es notoria la imposibilidad de trocear obras como puentes o presas", y se?alan que en 1998 el importe medio de la obra p¨²blica adjudicada fue de 114,6 millones de pesetas, con 13.309 obras por debajo de 25 millones.