El Tribunal de Cuentas denuncia el deficiente sistema de adjudicaci¨®n de las obras de Metro
El Tribunal de Cuentas ha aprobado ya su auditor¨ªa sobre la gesti¨®n de los Presupuestos de la Comunidad en 1996, el primer a?o completo que gobern¨® Alberto Ruiz-Gallard¨®n. Los auditores han determinado que el Gobierno regional pudo obtener mejores precios en la adjudicaci¨®n de las obras de ampliaci¨®n de las l¨ªneas 4, 7, 8 y 10 del metro, y que ¨¦stas no resultan "coherentes con el principio de econom¨ªa de la gesti¨®n de fondos p¨²blicos". Ganaron los concursos las empresas m¨¢s caras, a pesar de que otras m¨¢s baratas obtuvieron m¨¢s puntuaci¨®n.
El Tribunal de Cuentas considera que la Comunidad pudo obtener unos precios m¨¢s bajos en los concursos de adjudicaci¨®n de determinadas obras de mejoras de carreteras, la ampliaci¨®n de l¨ªneas del metro y en la gesti¨®n de centros de mayores. El Tribunal destaca que, en los concursos de adjudicaci¨®n, la Comunidad estableci¨®, en primer lugar, el precio medio de todas la ofertas. Luego puntu¨® m¨¢s alto las propuestas que se acercaban m¨¢s a esta media, despreciando a aquellas que se alejaban, aunque fueran m¨¢s bajas. "La utilizaci¨®n de este criterio", se lee en el informe, "no es coherente con el principio de econom¨ªa que debe informar la gesti¨®n de los fondos p¨²blicos, ya que carece de justificaci¨®n no valorar las mayores bajas una vez examinada la capacidad, los medios y la solvencia de las empresas licitadoras".Esta situaci¨®n se produjo en la adjudicaci¨®n de las obras de duplicaci¨®n de la calzada de la M-505 (749 millones), en la prolongaci¨®n de la l¨ªnea 4 del metro entre Esperanza y Gran V¨ªa de Hortaleza (4.989), en la conexi¨®n de las l¨ªneas 8 y 10 (4.980), en la prolongaci¨®n de la l¨ªnea 7 (2.656) y en la rehabilitaci¨®n del edificio sede del Gobierno regional (2.204 millones), "aunque esta observaci¨®n es especialmente aplicable", dice el informe, en los de la cobertura asistencial a drogodependientes de los centros de Usera (103 millones), San Blas (110) y el suministro de 11.500 ejemplares de CD-ROM para colegios (92 millones) encargados por la Consejer¨ªa de Educaci¨®n.
Carril-bici
Los auditores p¨²blicos afirman adem¨¢s que no est¨¢n claros los "motivos" por los que se dio una determinada puntuaci¨®n a las empresas que se quedaron con las obras de duplicaci¨®n de la M-505, el servicio de vigilancia de diversos grupos de viviendas del Ivima (260 millones) y el acondicionamiento para el uso ciclista de la carretera M-301 (797). Pero el Tribunal dice m¨¢s con respecto a las obras de la M-505. Obras P¨²blicas concedi¨® finalmente los trabajos a la "empresa cuya oferta era m¨¢s elevada" (m¨¢s de 25,8 millones), a pesar de que "las puntuaciones obtenidas por la empresa que hizo la oferta m¨¢s baja eran [con excepci¨®n de su acercamiento a la media] superiores a la obtenida por la adjudicataria".El Tribunal critica tambi¨¦n el m¨¦todo con que se adjudicaron los trabajos de inspecci¨®n de la prolongaci¨®n de las l¨ªneas 4 (147 millones), 8 y 10 (156). Los auditores recuerdan que la Comunidad volvi¨® a valorar las ofertas presentadas "en funci¨®n de la proximidad a la media, a pesar de que este m¨¦todo no se establec¨ªa en los respectivos pliegos, y que no resulta coherente con el principio de econom¨ªa de la gesti¨®n de fondos p¨²blicos".
Los auditores destacan la "deficiente redacci¨®n, supervisi¨®n y replanteo" del contrato de acondicionamiento del carril para bicicletas de la carretera M-301, la que lleva a San Mart¨ªn de la Vega. El Tribunal afirma que no se consider¨® el acceso a Pinto, la imposibilidad de reutilizar las viejas se?ales existentes y la "no viabilidad del inicio del carril para bicicletas en la forma que figuraba en el proyecto" original.
Existen tambi¨¦n irregularidades en el plazo de ejecuci¨®n de los trabajos de rehabilitaci¨®n de 103 viviendas en Palomeras Sur, cuyas obras se demoraron nueve meses por "la necesidad de adecuar el proyecto a la normativa en materia de incendios y accesibilidad a los edificios", "lo que supone una deficiente actuaci¨®n administrativa, ya que el proyecto deber¨ªa haberse adecuado a la normativa" antes de sacarlo a licitaci¨®n (660 millones).
Se destaca tambi¨¦n que Obras P¨²blicas tuvo que modificar el proyecto de construcci¨®n de un aparcamiento disuasorio en el Pinar de las Rozas (87 millones) porque "el terreno no era adecuado" para la obra que se proyectaba.
Los auditores se quejan adem¨¢s de que se hayan cambiado los equipos de rayos X y radioterapia de los hospitales p¨²blicos (104 millones) y no se sepa a¨²n "el n¨²mero de tubos sustituidos, las aver¨ªas y las causas".
Finalmente, el Tribunal de Cuentas se muestra muy cr¨ªtico con una campa?a de publicidad encargada por la Consejer¨ªa de Econom¨ªa. Los auditores se preguntan cu¨¢l era "la finalidad" de la campa?a y qu¨¦ c¨¢lculos se hicieron para determinar su presupuesto (150 millones) de licitaci¨®n.
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