Una de cada tres familias que cobra el "salario social" no puede cubrir sus necesidades b¨¢sicas
El Plan de Lucha contra la Pobreza recibi¨® el rango de ley el a?o pasado. Desde entonces, cualquier ciudadano sin recursos empadronado en el Pa¨ªs Vasco tiene derecho por ley a recibir una ayuda econ¨®mica, del mismo modo que se garantiza su acceso a la sanidad o a la educaci¨®n. Sin embargo, un estudio realizado por el Gobierno vasco revela la urgencia de actualizar el plan a las necesidades reales: una de cada tres familias beneficiarias de las ayudas procedentes del Ejecutivo y los ayuntamientos no puede cubrir sus necesidades b¨¢sicas de vivienda y alimentaci¨®n.
El Departamento de Trabajo, Justicia y Seguridad Social ha realizado varios trabajos para obtener una radiograf¨ªa de la falta de recursos en Euskadi y comprobar los flancos m¨¢s d¨¦biles de su Plan de Lucha contra la Pobreza, es decir, cu¨¢les son las necesidades que no alcanzan a cubrir los servicios sociales de las instituciones vascas y qu¨¦ tipo de personas reh¨²san las prestaciones.Los colectivos con mayor riesgo de marginaci¨®n y exclusi¨®n en el Pa¨ªs Vasco est¨¢n formados en la actualidad por los inmigrantes indocumentados (entre 10.000 y 15.000 personas), transe¨²ntes y sin techo (entre 3.500 y 4.500 personas, aunque es un grupo formado por unos 1.500 los que constituyen el principal n¨²cleo de marginaci¨®n). A estos grupos se podr¨ªa a?adir otro colectivo muy similar integrado por j¨®venes drogadictos o ex toxic¨®manos con problemas graves para buscar un trabajo (entre 3.000 y 5.000 individuos).
Inmigrantes
Seg¨²n el estudio, para los inmigrantes irregulares no existe una pol¨ªtica espec¨ªfica de servicios sociales. Est¨¢n excluidos parcialmente de los servicios sanitarios de atenci¨®n primaria y les falta asesoramiento para la tramitaci¨®n de su documentaci¨®n. En el caso de los sin techo, los informes aprecian una falta de coordinaci¨®n entre los diversos servicios sociales, no hay una perspectiva de inserci¨®n integral, se da una incapacidad de constituir servicios sociales de referencia para este colectivo y existe un d¨¦ficit de personal cualificado para atenderle. Para los j¨®venes drogadictos o para los que est¨¢n intentado reinsertarse no hay ofertas formativas y ocupacionales y los servicios de drogodependencias no se adaptan a la realidad cambiante de las toxicoman¨ªas.
?stos son tres ejemplos -los m¨¢s apremiantes de soluci¨®n- de c¨®mo tiene que cambiar el sistema para dar cobijo a todos los desfavorecidos. El informe revela que existen otros colectivos con un importante riesgo de caer en la marginaci¨®n, como los menores de edad con familias desestructuradas (entre 4.000 y 6.000 personas), los parados de muy larga duraci¨®n (entre 15.000 y 20.000) y las prostitutas (entre 2.500 y 3.000).
Ante esta realidad cambiante, el departamento constata el "desfase" que en los ¨²ltimos tiempos han conocido las prestaciones del Plan de Pobreza, fundamentalmente el Ingreso M¨ªnimo de Inserci¨®n (IMI) y las Ayudas de Emergencia Social. Este plan, promovido por el Gobierno del ex lehendakari Jos¨¦ Antonio Ardanza en 1989, supuso la implantaci¨®n del salario social (actualmente fijado en 46.000 pesetas) para familias carentes de recursos. "Una de cada tres familias beneficiarias de las prestaciones del IMI o las AES no cubre con la cuant¨ªa que percibe sus necesidades m¨ªnimas de vivienda y manutenci¨®n", describe el trabajo elaborado por el departamento.
Este panorama llev¨® al consejero de Trabajo, Sabin Intxaurraga, a abogar por flexibilizar varios aspectos del Plan contra la Pobreza, desde aliviar el trabajo burocr¨¢tico de los trabajadores sociales cuando tienen que enfrentarse a la avalancha de expedientes pidiendo ayudas hasta conseguir incorporar a los sin techo y toxic¨®manos a estos programas. "No me doy por vencido", dijo Intxaurraga. "No hay nadie irrecuperable".
Otro de los aspectos estudiados es el de los barrios con las situaciones de exclusi¨®n m¨¢s graves, como son los casos de San Francisco, Bilbao la Vieja y Otxarkoaga (Bilbao); Trintxerpe y Pasajes Ancho, en Pasajes; Sim¨®n Drogas, en Sestao, y Arriagas, en Erandio.
Los informes analizan tambi¨¦n la problem¨¢tica de los j¨®venes vascos con deseos de independizarse y que no lo pueden hacer por falta de dinero. Cerca de 40.000 personas sufren este problema en Euskadi. Su perfil responde al de j¨®venes entre 25 y 34 a?os, hombres, solteros y mantenidos por sus padres.
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