El juicio del 'caso Lasa-Zabala' comenzar¨¢ el 13 de diciembre

El inicio del juicio por el secuestro, la tortura y el asesinato, en 1983, de los presuntos etarras Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala ha sido fijado por la Audiencia Nacional para el pr¨®ximo 13 de diciembre. En una resoluci¨®n contra la que no cabe recurso, el tribunal rechaza una serie de pruebas pedidas por las partes y reduce el n¨²mero de testigos a un centenar. La Audiencia ha centrado el objeto de la vista y dejado fuera a testigos de car¨¢cter pol¨ªtico y periodistas, as¨ª como la investigaci¨®n del patrimonio de los procesados.

El tribunal tiene la intenci¨®n de fijar el mismo d¨ªa del inicio del juicio, el 13 de diciembre, el calendario de las sesiones y la citaci¨®n de los testigos y los peritos.Tambi¨¦n decidir¨¢ en ese momento el orden en el que declarar¨¢n los procesados: Enrique Rodr¨ªguez Galindo, general de la Guardia Civil, y Julen Elgorriaga, ex gobernador civil de Guip¨²zcoa, para quienes el fiscal pide 92 a?os de c¨¢rcel por pertenencia a banda armada, detenci¨®n ilegal y asesinato; el sargento Enrique Dorado y el ex cabo Felipe Bayo, los presuntos autores materiales del doble crimen, para los que solicita 90; el comandante ?ngel Vaquero, como inductor, otros 90, y Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, y Jorge Argote, abogado vinculado al Ministerio del Interior en aquella ¨¦poca, para los que s¨®lo reclama dos por encubrimiento.

El fiscal pidi¨® que el primer interrogado fuera Elgorriaga y que le siguiera Rodr¨ªguez Galindo, Vaquero, Dorado y Bayo. Para el final quedar¨ªan Vera y Argote. Por contra, la defensa de los acusados solicit¨® que el primero fuese Bayo y se continuara seg¨²n el orden jer¨¢rquico, pero de inferior a superior.

La cuesti¨®n no es balad¨ª, puesto que Bayo, tras varios a?os de prisi¨®n preventiva y molesto por entender que sus jefes le hab¨ªan dejado en la estacada tratando de salvarse ellos, cambi¨® su declaraci¨®n inicial y confes¨® que hab¨ªa visto a Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala en el Palacio de La Cumbre, de San Sebasti¨¢n, donde, seg¨²n dijo, estuvo custodi¨¢ndoles por orden de sus superiores. No obstante, neg¨® que hubiera tenido intervenci¨®n alguna en su secuestro, tortura o posterior asesinato.

El de Bayo es, pues, el ¨²nico testimonio directo respecto a haber visto a los dos supuestos etarras en Espa?a con posterioridad a su desaparici¨®n en el sur de Francia el 23 de octubre de 1983.

Por tanto, al fiscal le interesa que Bayo declare el ¨²ltimo en relaci¨®n con los delitos de detenci¨®n ilegal, asesinato y tortura, puesto que es considerado el eslab¨®n m¨¢s d¨¦bil y su testimonio podr¨ªa ser crucial. La defensa de los otros procesados, por id¨¦nticos motivos, quiere que Bayo declare el primero.

Seg¨²n el teniente fiscal, Jes¨²s Santos, la vista tendr¨¢ una duraci¨®n aproximada de dos meses. El tribunal ha reducido el n¨²mero de testigos a un centenar, de los que el fiscal ha solicitado 74. Entre ellos figuran los ex ministros Jos¨¦ Luis Corcuera y Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas; Luis Alonso Manglano, ex director del Cesid; Juan Alberto Perote, ex agente del mismo organismo; Juli¨¢n Sancrist¨®bal, ex director de la Seguridad del Estado; Luis Rold¨¢n, ex director de la Guardia Civil, y Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior.

Tambi¨¦n han sido citados varios testigos protegidos y los guardias civiles del servicio de informaci¨®n del cuartel de Intxaurrondo, de San Sebasti¨¢n.

En cambio, han quedado fuera muchos m¨¢s, algunos de los cuales ya declararon durante la fase de instrucci¨®n, como los tambi¨¦n ex ministros Jos¨¦ Barrionuevo y Narc¨ªs Serra; Ferran Cardenal, ex director de la Guardia Civil, o el general Andr¨¦s Casinello, porque no parece que puedan aportar datos relevantes.

Tambi¨¦n han sido excluidos los jueces o fiscales que han intervenido en la causa, como el ya ex magistrado Javier G¨®mez de Lia?o, condenado por prevaricaci¨®n continuada en la instrucci¨®n del caso Sogecable; Jos¨¦ Aranda o Ignacio Gordillo, por entender que s¨®lo tienen valor sus informes o resoluciones tal y como consten en las actuaciones.

Asimismo, se ha dejado al margen del proceso las investigaciones relativas al patrimonio de los acusados por no ser objeto del procedimiento.