La politizaci¨®n de la defensa de la competencia

Hay una relaci¨®n probada entre el n¨²mero de veces que alguien pronuncia la palabra politizaci¨®n y la dosis de esp¨ªritu antidemocr¨¢tico que circula por sus venas. No deja de sorprender que alguien se atreva a decir que hay que despolitizar decisiones como, por ejemplo, la de fijar la cifra de pensi¨®n m¨ªnima no contributiva, o la cantidad de ayudas que se quiere dar a las empresas el¨¦ctricas, a la miner¨ªa del carb¨®n o a la defensa del medio ambiente. Los t¨¦cnicos pueden medir y calcular las consecuencias de estas medidas, pero, en una democracia, no existe otra forma que no sea la discusi¨®n pol¨ªtica para decidir este tipo de cuestiones, que no puede decidir el mercado.Las decisiones libres de los consumidores y los empresarios, sin intervenci¨®n de los pol¨ªticos, determinan el dinero que cada uno consigue en el mercado. Pero en aquellos casos en que se usa la coacci¨®n del Estado para extraer dinero a unos ciudadanos y d¨¢rselo a otros no hay otra forma que no sea la pol¨ªtica de decidir qui¨¦n y cu¨¢nto dinero se llevan unos u otros. Cuando se pide que se despoliticen estas cuestiones, lo que en realidad se est¨¢ pidiendo es que se deje a uno solo (normalmente el Gobierno) decidir a qui¨¦n quiere dar el dinero sin que los dem¨¢s puedan opinar.

Siendo cierto, si queremos que funcione bien la econom¨ªa de mercado debemos evitar que la pol¨ªtica (el Gobierno) se inmiscuya en decisiones privadas. Esto s¨ª es politizar lo que no se debe y esto es lo que est¨¢ haciendo el Gobierno con las sucesivas reformas que est¨¢ elaborando, por medio de leyes y decretos-leyes, del derecho espa?ol de defensa de la competencia.

Las reformas de la ley aumentan el intervencionismo del Gobierno en la aplicaci¨®n del derecho de la competencia. La independencia del Tribunal de Defensa de la Competencia se ataca en la medida en que el Gobierno se reserva la posibilidad de variar por decreto su composici¨®n. Por otra parte, al Servicio de Defensa de la Competencia, que depende del Gobierno y que antes s¨®lo ten¨ªa facultades de instrucci¨®n, se le a?aden otras resolutorias y, aunque se deje un recurso al Tribunal, ¨¦ste no se podr¨¢ ejercer por los empresarios que hayan sido sometidos a la presi¨®n por el Gobierno. La terminaci¨®n convencional tiene sentido, pero s¨®lo si se deja en manos de quienes no puedan recibir ¨®rdenes del Gobierno. Si se quiere dar al Gobierno alguna funci¨®n en las concentraciones nunca debe ser la de poder negociar las condiciones, pues puede usarse para otros fines.

Si algo necesit¨¢bamos cambiar de la ley de 1989 era justamente despojarla de los residuos que dejaban al Gobierno meter las manos en las decisiones empresariales a trav¨¦s del Servicio, que depende jer¨¢rquicamente de los pol¨ªticos. A veces copiamos mal, y en vez de copiar a Alemania, donde el prestigioso Bundeskartellamt (Oficina Federal de Carteles) es un ¨®rgano independiente que realiza la instrucci¨®n y la resoluci¨®n de los expedientes, nos inspiramos entonces en Francia, pa¨ªs de larga tradici¨®n intervencionista, donde la instrucci¨®n est¨¢ reservada a ¨®rganos pol¨ªticos dependientes del Gobierno. Se puede comprender que hici¨¦ramos esto en 1989 porque est¨¢bamos empezando, pero ahora han pasado 10 a?os y no se entiende por qu¨¦ el Gobierno no ha tenido en cuenta leyes recientes, como la italiana o la inglesa, que refuerza las facultades de los ¨®rganos independientes para salvaguardar la competencia frente a los monopolios.

El buen funcionamiento de la econom¨ªa de mercado requiere que la aplicaci¨®n del derecho de la competencia quede en manos independientes, alejadas de todo inter¨¦s pol¨ªtico inmediato. La justificaci¨®n es f¨¢cil de entender, ya que la intervenci¨®n del Gobierno en las decisiones empresariales es fuente no s¨®lo de ineficiencia, sino de corrupci¨®n y de dominaci¨®n pol¨ªtica y, en definitiva, va en menoscabo de la libertad. El Gobierno puede y debe retener, como sucede en Estados Unidos, la facultad de perseguir a los empresarios que atenten contra la competencia, pero no debe inmiscuirse en la instrucci¨®n y, mucho menos, en la adopci¨®n de resoluciones que pueden ir en contra de la libertad empresarial. Los ¨®rganos de competencia son siempre beneficiosos cuando ayudan con sus propuestas e informes ( facultad que, por cierto, tambi¨¦n se le recorta al Tribunal) a liberalizar la econom¨ªa. Cuando aplican el derecho de la competencia, su funci¨®n pasa de ser beneficiosa a ser extremadamente delicada. Pero cuando el Gobierno, que a lo que debe dedicarse es a liberalizar, se quiere meter a aplicar ese derecho, pasamos de un terreno delicado a una zona peligrosa. La defensa de la competencia es un instrumento necesario para el buen funcionamiento de una econom¨ªa de mercado, pero supone cercenar la libertad del empresario y, por su car¨¢cter excepcional, su uso debe ser cuidado exquisitamente, asegurando la independencia de los ¨®rganos que la apliquen y garantizando que no pueda ser utilizada para fines pol¨ªticos.

Los motivos que llevan a elaborar leyes que aumentan el intervencionismo son siempre los mismos. El primero, creer que son mejores que los dem¨¢s gobiernos y que, por ello, ese incremento en sus facultades de intervenci¨®n lo usar¨¢n por inter¨¦s general. El otro es el de creer que van a permanecer siempre en el Gobierno y que, por tanto, van a ser los ¨²nicos podr¨¢n usar los mecanismos de poder que introducen en las leyes para forzar a los empresarios a actuar en favor de sus objetivos. Lo primero es discutible, pero lo segundo es siempre equivocado. Mientras haya democracia, la sustituci¨®n de unos pol¨ªticos por otros es inexorable. Por lo mismo, se equivocan aquellos empresarios que no se atreven a criticar esta reforma que, en vez de reducir el intervencionismo actual, inmiscuye al Gobierno a¨²n m¨¢s en las decisiones empresariales. Si piensan que no hay que preocuparse, porque este intervencionismo ser¨¢ utilizado por sus amigos, alg¨²n d¨ªa comprobar¨¢n que es usado por los que no son tan pr¨®ximos.

Con todo, pienso que el Gobierno no se ha enterado hasta el momento de lo que esas modificaciones significan. No creo que el contenido antiliberal de esta reforma sea intencionado. De hecho, es contradictorio con otras de sus pol¨ªticas, como la de completar las privatizaciones, que va en el sentido correcto de disociar la pol¨ªtica de las decisiones empresariales.

A alguno le puede parecer ingenuo que piense as¨ª. Se equivocan, son 30 a?os dentro de la Administraci¨®n los que me sirven para saber que muchas de las leyes, decretos y ¨®rdenes que se aprueban, antes y ahora, no son el resultado de actuaciones deliberadas de los gobiernos, sino de disputas burocr¨¢ticas entre ¨®rganos administrativos por asumir competencias. En este caso, el Servicio le ha ganado por goleada al Tribunal. Alguien podr¨¢ pensar que ha ganado el de m¨¢s inteligencia, m¨¢s habilidad o menos miedo, pero yo quiero recordar que es f¨¢cil ganar cuando se cuenta con un ¨¢rbitro casero, pues Servicio y Gobierno, a estos efectos, son la misma cosa. Y poco importar¨ªa qui¨¦n hubiera ganado si no fuera porque el Servicio es un ¨®rgano que puede recibir ¨®rdenes de los pol¨ªticos, y el Tribunal, no.

Tampoco importa qui¨¦nes est¨¦n al frente de los distintos ¨®rganos. Tengo una excelente opini¨®n de quien ha nombrado el Gobierno del PP para dirigir pol¨ªticamente el Servicio de Defensa de la Competencia, pero ¨¦sa nunca debe ser la gu¨ªa para dise?ar las instituciones. Los liberales aconsejan dise?ar las instituciones pensando en que no estar¨¢n al frente los mejores, aunque, una vez dise?adas, deber¨ªamos hacer lo posible para poner a los mejores. Y en este caso lo que importa es que un director general, por muy capaz e ¨ªntegro que sea, obedece las ¨®rdenes del ministro y si no lo hace, le echan.

Los problemas de dise?o institucional a las que me he referido, as¨ª como la no incorporaci¨®n de las experiencias de otros pa¨ªses europeos, se deben, en buena medida, a la forma en que se ha elaborado esta ley, ya que no ha habido un proceso previo de discusi¨®n transparente y pausada. ?Cu¨¢l es la justificaci¨®n de utilizar para estas cuestiones hasta un decreto-ley, cuya discusi¨®n se ha hurtado a los parlamentarios, que no pueden modificar esa parte de la reforma? Nada que ver con la forma en la que el Gobierno brit¨¢nico ha elaborado la reciente Competition Act, despu¨¦s de un lento y transparente proceso en el que los interesados y expertos han podido discutir las propuestas. Con el procedimiento seguido aqu¨ª, se ha logrado que la opini¨®n p¨²blica apenas se haya enterado. Pero, si no cambia, las consecuencias de esta reforma antiliberal se acabar¨¢n viendo por todos cuando las provisiones contra la libertad de empresa incorporadas en la nueva Ley sean utilizadas con fines pol¨ªticos. La ley de Murphy es de las pocas que se cumplen siempre. Lo que se dise?a de forma que pueda ir mal, ir¨¢ mal.