El Gobierno pretendi¨® legalizar el rechazo autom¨¢tico de las peticiones de los inmigrantes

El Gobierno intent¨® introducir en la Ley de Extranjer¨ªa la f¨®rmula del silencio administrativo negativo para las solicitudes de asilo y los permisos iniciales de residencia o trabajo. El silencio negativo supone la denegaci¨®n autom¨¢tica de todas aquellas peticiones que no sean contestadas por la Administraci¨®n en el plazo previsto. As¨ª figura en un amplio documento, fechado el pasado 15 de noviembre, en el que el Ejecutivo detalla todas sus objeciones al proyecto aprobado por el Congreso, que es el que finalmente ha entrado en vigor al no apoyar Coalici¨®n Canaria las enmiendas acordadas en el Senado.

Las modificaciones que el Gobierno quer¨ªa introducir en la Ley de Extranjer¨ªa no se limitaban a las 112 enmiendas que el Grupo Popular present¨® en el Senado. Sus pretensiones iban mucho m¨¢s all¨¢, seg¨²n se deduce de un amplio an¨¢lisis del proyecto que el Ejecutivo concluy¨® el pasado 15 de noviembre. La fecha es significativa, ya que dos d¨ªas despu¨¦s el ministro del Interior, Jaime Mayor, hizo las primeras declaraciones cr¨ªticas hacia la ley y adelant¨® su intenci¨®n de modificarla.Las principales diferencias entre este documento y las 112 enmiendas est¨¢n en dos disposiciones adicionales. As¨ª, la disposici¨®n adicional ¨²nica de la Ley de Extranjer¨ªa, titulada Plazo m¨¢ximo para resoluci¨®n de expedientes, indica que las solicitudes de pr¨®rroga de los permisos de trabajo y residencia se resolver¨¢n en el periodo de tres meses. "Transcurrido dicho plazo sin que la Administraci¨®n haya dado respuesta expresa, se entender¨¢ que la pr¨®rroga o renovaci¨®n han sido concedidas", dice.

Modificaci¨®n del asilo

El Gobierno quer¨ªa agregar otro p¨¢rrafo, delante del ¨²nico que ahora tiene la disposici¨®n, con el texto siguiente: "El plazo general m¨¢ximo para resolver las solicitudes de permisos que formulen los interesados a tenor de lo previsto en esta ley ser¨¢ de tres meses. Transcurrido el plazo para resolver las mismas, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, ¨¦stas podr¨¢n entenderse desestimadas".

La propuesta se justificaba con este argumento: "Admitiendo la posibilidad del silencio administrativo positivo en los supuestos de renovaci¨®n, debe incluirse el mencionado primer apartado que establezca, por motivos de seguridad y coherencia jur¨ªdica, el silencio administrativo negativo para las concesiones iniciales".

M¨¢s importancia ten¨ªa, si cabe, la modificaci¨®n de la Ley de Asilo y Refugio. El PP present¨® en el Senado una enmienda, la n¨²mero 109, que cambiaba tres art¨ªculos de la misma. Sin embargo, en la propuesta inicial, los art¨ªculos modificados eran cuatro. En concreto, se quer¨ªa a?adir un nuevo p¨¢rrafo al 7, seg¨²n el cual, "transcurrido el plazo de seis meses sin que recaiga resoluci¨®n expresa sobre la solicitud de asilo formulada, ¨¦sta podr¨¢ entenderse desestimada, sin perjuicio de la obligaci¨®n de resolver expresamente".

Como se deduce de la propia redacci¨®n, la Ley de Asilo no permite el silencio administrativo negativo, pues todas las solicitudes deben ser resueltas expresamente. Lo que pretend¨ªa la enmienda es que, transcurridos seis meses, la petici¨®n se diera por denegada. Luego, llegar¨ªa la resoluci¨®n y el solicitante podr¨ªa recurrirla, pero para entonces probablemente se habr¨ªa ejecutado ya su expulsi¨®n de Espa?a.

El documento gubernamental sirvi¨® de base para las negociaciones entre el PP y CiU, que culminaron en el Senado con la aceptaci¨®n por parte de los nacionalistas catalanes de 70 de las 112 enmiendas populares y la suavizaci¨®n, mediante transaccionales, de otras 35. Ya entonces trascendi¨® el malestar de CiU por la pretensi¨®n del Ejecutivo de modificar tambi¨¦n la Ley de Asilo. Este malestar no se entend¨ªa a la vista de la enmienda 109 del Grupo Popular, que conten¨ªa modificaciones de car¨¢cter t¨¦cnico, pero resulta comprensible al conocer este otro cambio que inicialmente pretend¨ªa el Gobierno.

El documento del Ejecutivo tambi¨¦n iba m¨¢s lejos que las enmiendas del PP al incluir, como causa de expulsi¨®n, la de "carecer de medios l¨ªcitos de vida". Aunque no planteaba un texto alternativo para el art¨ªculo que reconoce el derecho de los inmigrantes a la asistencia sanitaria, s¨ª expon¨ªa algunas reservas: "Se confiere m¨¢s derechos", dec¨ªa el documento sobre este art¨ªculo, "que los reconocidos en la Ley reguladora del Censo y Padr¨®n. Deber¨¢n valorarse las consecuencias, principalmente econ¨®micas (no s¨®lo en el presente, sino tambi¨¦n de cara al futuro) de este derecho, dado que para inscribirse en el padr¨®n no es requisito ser residente legal en Espa?a".

El PP ha prometido reformar la Ley de Extranjer¨ªa si gana las pr¨®ximas elecciones. Pero no ha explicado cu¨¢l ser¨ªa su propuesta: la reflejada en el documento del 15 de noviembre, las 112 enmiendas que present¨® en el Senado o las 105 pactadas con CiU.