El control de los partidos

Por todas partes se oyen quejas de que algo marcha mal en las democracias de los pa¨ªses desarrollados. Tasas de abstenci¨®n alt¨ªsimas, aparici¨®n de partidos antisistema, falta de confianza en la justicia o escaso inter¨¦s por la pol¨ªtica son algunos de los s¨ªntomas de esta difusa enfermedad que parece aquejar a las democracias contempor¨¢neas.A la hora de identificar las causas de esta especie de anemia democr¨¢tica, los partidos pol¨ªticos son, para muchos observadores, los principales responsables. En t¨¦rminos algo caricaturescos, el diagn¨®stico viene a ser el siguiente. Si la gente no vota o vota a formaciones estrafalarias es porque los partidos tradicionales no ofrecen soluciones a los problemas de la ciudadan¨ªa, y si las ofrecen normalmente se olvidan de ellas una vez en el poder. El sistem¨¢tico incumplimiento de los programas ha hecho que los votantes den la espalda a las llamadas de los partidos. Por otro lado, tras la acumulaci¨®n de episodios de corrupci¨®n en los pa¨ªses europeos en los ¨²ltimos diez a?os, ?qui¨¦n va a seguir fi¨¢ndose de los pol¨ªticos? Sus abusos han politizado la justicia, han arruinado la idea de que los partidos persiguen los intereses generales de la sociedad y, en consecuencia, han desmovilizado al electorado.

El discurso antipartidos, con diferentes grados de radicalismo, se ha hecho relativamente popular. No obstante, la experiencia estadounidense nos muestra que el debilitamiento de las estructuras de los partidos se asocia a mayores tasas de abstenci¨®n y de alienaci¨®n pol¨ªtica, y no al rev¨¦s. Adem¨¢s, los partidos con aparatos demasiado d¨¦biles dejan de cumplir con algunas de sus funciones m¨¢s esenciales en una democracia: I)agregar intereses en torno a un modelo coherente de organizaci¨®n social; II) articular la discusi¨®n p¨²blica sobre modelos alternativos de sociedad, y III) hacer conscientes a diversos grupos sociales de su existencia como tales grupos y movilizarlos para la acci¨®n pol¨ªtica.

Conviene asumir que por mucho disgusto que nos produzcan los partidos, ¨¦stos van a seguir siendo piezas esenciales de la democracia. Por eso, la cuesti¨®n verdaderamente interesante consiste en averiguar qu¨¦ tipo de reformas institucionales podr¨ªa mejorar su funcionamiento, pues incluso si s¨®lo una peque?a parte de la caricatura que acabo de presentar sobre los males producidos por los partidos fuera cierta, ya valdr¨ªa la pena plantearse qu¨¦ hacer para aliviar esos males.

Sabemos que el voto es un mecanismo demasiado imperfecto para controlar a los partidos. La pol¨ªtica es multidimensional y la oferta de los partidos es m¨¢s bien reducida. Un ciudadano no puede elaborar un programa electoral "a la carta". Si un partido le atrae especialmente por sus propuestas fiscales y otro por sus propuestas de integraci¨®n territorial, no se le permite matizar o repartir su apoyo: ha de elegir entre uno de los dos. Y si ninguno de ellos defiende sus puntos de vista, nuestro elector se tendr¨¢ que resignar, puesto que es muy improbable que aparezca una nueva formaci¨®n que se ajuste mejor a sus preferencias. Hay m¨²ltiples obst¨¢culos institucionales y econ¨®micos que dificultan la aparici¨®n de nuevos partidos, especialmente en democracias que llevan ya un tiempo en marcha. Por tanto, no podemos fiarlo todo a la competencia electoral. Si queremos mejorar la conexi¨®n entre partidos y ciudadanos tenemos que ir m¨¢s all¨¢ de la repetici¨®n peri¨®dica de elecciones.

Las reformas pueden ser de dos tipos, internas o externas. Las internas afectan a la estructura organizativa de los partidos y sus m¨¦todos de toma de decisi¨®n. De lo que se trata es de que la organizaci¨®n sea permeable a las demandas de sus afiliados, simpatizantes y votantes. A ra¨ªz de la iniciativa de Joaqu¨ªn Almunia de celebrar primarias en el PSOE se ha discutido largo y tendido sobre las ventajas y los inconvenientes de este sistema, por lo que nada a?adir¨¦ aqu¨ª sobre esta cuesti¨®n.

Las reformas externas, en cambio, se han explorado en mucha menor medida. En un reciente libro compilado por Adam Przeworski, Susan Stokes y Bernard Manin, Democracy, accountability and representation, se defiende la idea de que la democracia necesita agencias independientes que ayuden a los ciudadanos a tomar la decisi¨®n de castigar o premiar a los pol¨ªticos con el voto. En este sentido, una propuesta interesante consistir¨ªa en crear un Consejo de Control de los Partidos independiente que determinara el grado de congruencia entre las promesas realizadas durante la campa?a electoral y las pol¨ªticas llevadas a cabo desde el Gobierno a lo largo de la legislatura. Igualmente, este Consejo podr¨ªa llamar la atenci¨®n sobre la coherencia entre las cr¨ªticas de la oposici¨®n y lo que la propia oposici¨®n hizo cuando estuvo en el poder.

Se se?alar¨¢ que para eso ya se bastan los partidos en el Parlamento. De hecho, emplean buena parte de su tiempo en acusarse de traicionar sus compromisos y de no ser coherentes con sus posturas pasadas. Sin embargo, el problema est¨¢ en que muchos ciudadanos no prestan demasiada atenci¨®n a todos esos mensajes porque comprenden que provienen de fuentes interesadas. Las acusaciones de la oposici¨®n y las explicaciones del Gobierno no tienen demasiada credibilidad, como tampoco la tienen los informes sobre la insuficiente pr¨¢ctica sexual de los espa?oles pagados por las empresas de preservativos o los dict¨¢menes encargados por las compa?¨ªas el¨¦ctricas sobre las bondades de las ayudas del Gobierno a estas mismas compa?¨ªas.

Esto no quiere decir que el Parlamento sea superfluo. Primero, porque la actividad legislativa no se limita a los discursos, y segundo, porque la oposici¨®n sigue realizando una tarea esencial de control al pedir cuentas al Gobierno de sus actos. Por otro lado, los debates son ¨²tiles incluso al margen de sus contenidos, pues revelan informaci¨®n sobre la inteligencia y la capacidad de los l¨ªderes pol¨ªticos. La instituci¨®n que se est¨¢ sugiriendo aqu¨ª no tiene por qu¨¦ suplantar a la oposici¨®n. Ser¨ªa simplemente un ¨®rgano que hiciera m¨¢s costoso, tanto para el Gobierno como para la oposici¨®n, el oportunismo pol¨ªtico en cualquiera de sus m¨²ltiples manifestaciones. Sus informes anuales o semestrales ser¨ªan utilizados por la ciudadan¨ªa para revisar sus creencias y expectativas sobre los partidos con los datos m¨¢s o menos imparciales que el Consejo elaborar¨ªa. En dichos informes constar¨ªan los cumplimientos y los incumplimientos, las actitudes coherentes y las incoherentes. Se sabe que el electorado tiene una memoria relativamente corta de los acontecimientos pol¨ªticos. Los informes del Consejo contribuir¨ªan a que el grado de cumplimiento de los partidos fuese una cuesti¨®n central del debate p¨²blico a lo largo de toda la legislatura.

Los objetivos del Consejo no ser¨ªan f¨¢ciles de conseguir. No todos los incumplimientos o no todos los cambios de posici¨®n son perjudiciales. En ocasiones, las circunstancias dentro de las cuales se desenvuelve la pol¨ªtica cambian, y cambian de forma muchas veces imprevista. Ante una situaci¨®n distinta a la esperada, el Gobierno puede no tener m¨¢s opci¨®n que renunciar a cumplir ciertas promesas. La oposici¨®n, por su parte, no ha de estar siempre atada por lo que hizo o defendi¨® en el pasado, puesto que los tiempos evolucionan. El Consejo tendr¨ªa que atender las explicaciones que los partidos ofrecen para justificar sus incumplimientos y decidir en cada caso si esas explicaciones resultan convincentes o simplemente encubren estrategias oportunistas.

Este Consejo ser¨ªa una m¨¢s de las m¨²ltiples instituciones desarrolladas en el seno de los sistemas democr¨¢ticos al margen de la regla de mayor¨ªa. Al igual que un Banco Central independiente del poder pol¨ªtico, los ¨®rganos de Defensa de la Competencia, el Defensor del Pueblo, las agencias regulativas o incluso el Tribunal Constitucional, el Consejo tambi¨¦n ser¨ªa una instituci¨®n contramayoritaria. En este caso, sin embargo, su justificaci¨®n democr¨¢tica ser¨ªa casi inmediata: la funci¨®n que el Consejo desempe?ar¨ªa ser¨ªa la de hacer m¨¢s eficaz el uso del principio de mayor¨ªa y en general de la competici¨®n electoral, en cuanto que obligar¨ªa a los partidos a ser m¨¢s responsables de sus actos. Por tanto, lejos de cuestionar el juego democr¨¢tico, lo har¨ªa m¨¢s s¨®lido. Las ofertas con las que los partidos intentan convencer a los votantes ser¨ªan casi de obligado cumplimiento, con lo que es de esperar que la ciudadan¨ªa mejorara algo sus opiniones sobre la clase pol¨ªtica.

La principal dificultad estriba en establecer la composici¨®n de este Consejo. ?Deber¨ªan elegirse sus miembros por sorteo, a la manera del jurado? ?O deber¨ªan ser personas de reconocido prestigio en la vida p¨²blica que, tal vez al final de sus carreras profesionales, quisieran culminar su trayectoria con un cargo de indudable prestigio? ?O una mezcla de ambas cosas? En cualquier caso, ser¨ªa absolutamente imprescindible que el Consejo tuviera un equipo de t¨¦cnicos encargados de hacer el seguimiento diario de la pol¨ªtica.

Dejando para mejor ocasi¨®n los detalles t¨¦cnicos de este Consejo, lo importante ahora es insistir en la necesidad que tenemos de mejorar el funcionamiento de nuestras democracias. Puesto que la celebraci¨®n de elecciones cada cuatro a?os no es suficiente para garantizar que los compromisos que adquieren los partidos se lleven a la pr¨¢ctica, resulta imprescindible pensar en reformas que aumenten el control de los ciudadanos sobre sus representantes, sobre todo en tiempos en que se detecta una cierta insatisfacci¨®n con las instituciones de la democracia representativa.

Ignacio S¨¢nchez-Cuenca es profesor de Ciencia Pol¨ªtica.