El PSUC reclama patrimonio incautado tras la guerra civil por valor de 1.347 millones

El PSUC present¨® ayer en la delegaci¨®n de Hacienda de Barcelona la documentaci¨®n acreditativa del patrimonio incautado despu¨¦s de la guerra civil a este partido por el r¨¦gimen franquista. La valoraci¨®n actual de este patrimonio asciende a 1.347 millones de pesetas seg¨²n la estimaci¨®n realizada por el partido.El PSUC es actualmente uno de los componentes de Iniciativa per Catalunya-Verds, pero conserva su personalidad jur¨ªdica y pol¨ªtica y, seg¨²n explic¨® Rafael Rib¨®, presidente de IC-V, tiene pleno derecho al retorno de este patrimonio en los t¨¦rminos previstos en la Ley de Restituci¨®n o Compensaci¨®n de Bienes y Derechos incautados a los partidos en el periodo 1936-1939, aprobada en 1998. El retorno o compensaci¨®n de este patrimonio fue uno de los compromisos adquiridos por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para conseguir el apoyo de los nacioanlistas vascos a su investidura como presidente del Gobierno.

En aplicaci¨®n de aquel acuerdo se aprob¨® la correspondiente ley y desde entonces los partidos afectados han llevado a cabo una ardua tarea para acreditar los derechos sobre inmuebles o fondos econ¨®micos que les fueron incautados por el gobierno franquista.

Esta b¨²squeda ha resultado muy complicada. Lo es para todos los partidos, pero para el PSUC m¨¢s porque este partido se constituy¨® como tal el 23 de julio de 1936, cinco d¨ªas despu¨¦s de la sublevaci¨®n militar y el estallido revolucionario que provoc¨® en Catalu?a. Naci¨® como fruto de la fusi¨®n de cuatro partidos y, por lo tanto, el patrimonio previo de cada uno de ellos estaba registrado con otros nombres. El PSUC tuvo durante la guerra patrimonio incautado, pero tambi¨¦n patrimonio propio. Pero lo que de momento ha conseguido acreditar documentalmente, seg¨²n explicaron ayer Salvador Goya y Rafael Rib¨®, es la propiedad de 18 locales y el alquiler de otros 140. Por los locales de propiedad, que no pueden ser retornados, porque tienen otros propietarios y en muchos casos ya no son como eran, reclama 345 millones de pesetas y por los alquileres, 1.001 millones. El estudio sobre las cuentas corrientes no ha finalizado todav¨ªa. El plazo fijado por la ley para presentar la documentaci¨®n acreditativa finaliza el 24 de abril.