El Constitucional admite el recurso del Gobierno y suspende la ley de Do?ana

El Tribunal Constitucional admiti¨® ayer el recurso del Gobierno central contra la Ley del Espacio Natural de Do?ana, aprobada por el Parlamento andaluz en octubre de 1999. La providencia del Constitucional, publicada el pasado 1 de febrero, "produce la suspensi¨®n de la vigencia y aplicaci¨®n" de la norma auton¨®mica, que pretend¨ªa unificar la gesti¨®n del parque nacional y el parque natural en un nuevo ¨®rgano con representaci¨®n mayoritaria de la Junta de Andaluc¨ªa. El presidente andaluz, Manuel Chaves, tild¨® de "sectaria" y "electoralista" la iniciativa del Ejecutivo central.

El presidente de la Junta carg¨® contra el recurso que interpuso el Ejecutivo central el pasado 21 de enero. "No me puede extra?ar que el Gobierno, en plena campa?a electoral, haya hecho con Do?ana lo mismo que hizo con la ley de Cajas", dijo Chaves, tras asistir ayer a una reuni¨®n con representantes del sector tur¨ªstico malague?o.El Gobierno central impugn¨® en su totalidad la ley andaluza al considerar que vulneraba la normativa estatal de 1997 que regula las figuras de protecci¨®n medioambiental. La ley impulsada por el consejero de Medio Ambiente, Jos¨¦ Luis Blanco, creaba un ¨²nico espacio de protecci¨®n para las m¨¢s de 100.000 hect¨¢reas que constituyen el parque nacional y el parque natural de Do?ana. Hasta ahora, la Administraci¨®n central se hace cargo de la reserva nacional, mientras la Junta gestiona el parque natural.

El proyecto de Blanco, refrendado por la C¨¢mara andaluza, pretende un "tratamiento uniforme" de la conservaci¨®n, restauraci¨®n y mejora de los recursos en un ¨²nico espacio natural, gestionado por un director, un conservador y un gerente nombrados por la Consejer¨ªa. La Junta ya interpuso un recurso contra la normativa estatal de 1997, por considerar que no respetaba las competencias en protecci¨®n natural atribuidas a autonom¨ªas.

El viceconsejero de Medio Ambiente, Luis Garc¨ªa Garrido, advirti¨® de que la decisi¨®n del Constitucional s¨®lo es una cuesti¨®n t¨¦cnica. "El art¨ªculo 161 de la Constituci¨®n establece que ahora el Tribunal tiene cinco meses para decidir si levanta la suspensi¨®n o la ratifica", record¨®. La lectura del secretario del PP en el Parlamento andaluz, Rafael Salas, fue bien distinta. El parlamentario popular consider¨® que la decisi¨®n del Constitucional es una "bofetada" a Chaves, que deja a la Junta "bajo m¨ªnimos".