Objetivos de CiU que la mayor¨ªa absoluta ha dejado colgados

Si los resultados electorales hubieran sido los previstos por Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU), de modo que los nacionalistas catalanes conservaran su capacidad de maniobra para construir mayor¨ªas parlamentarias en Madrid, la coalici¨®n encabezada por Jordi Pujol hubiera podido plantear al Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar una serie de cuestiones pendientes cuya soluci¨®n, ahora, en clave nacionalista, es m¨¢s que dudosa.Agencia tributaria propia.

La gran contrapartida que CiU pretend¨ªa pedir al Partido Popular a cambio de la investidura de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar era el traspaso de la Agencia Tributaria, como visualizaci¨®n clara del avance real en la mejora del sistema de financiaci¨®n auton¨®mico, la principal demanda del nacionalismo catal¨¢n.

Hasta tal punto estaba Pujol convencido de que lo lograr¨ªa, que coloc¨® de n¨²mero dos en la lista de CiU por Barcelona a Heribert Pedrol, hasta entonces director general de la Inspecci¨®n Tributaria en el Ministerio de Hacienda, con la promesa de convertirlo en la cabeza visible de la futura Agencia Tributaria catalana. Durante la campa?a, Pedrol ha sugerido diferentes modelos de traspaso de la gesti¨®n fiscal, con referencias a pa¨ªses de estructura federal como Alemania o Estados Unidos.

Reforma del Senado.

Los nacionalistas catalanes proponen la reforma de la C¨¢mara Alta para convertirla en una C¨¢mara de representaci¨®n territorial. En este sentido, CiU pide que desaparezca la elecci¨®n directa de los senadores en los comicios generales y que sean designados por los parlamentos auton¨®micos, tal como se hace ahora con una peque?a proporci¨®n de los mismos. La coalici¨®n que dirige Pujol reclama asimismo la utilizaci¨®n de las diferentes lenguas espa?olas en todo tipo de debates y que este punto se incluya en la Constituci¨®n. En la actualidad, s¨®lo se usan los distintos idiomas una vez al a?o en el pleno extraordinario que re¨²ne a los presidentes de todas las comunidades aut¨®nomas. Durante la campa?a, Aznar calific¨® de "bobada" esta pretensi¨®n.

Tribunal Constitucional.

CiU considera que las comunidades aut¨®nomas y el Senado, cuando ¨¦ste sea una verdadera C¨¢mara de representaci¨®n territorial, deben intervenir de forma directa en la elecci¨®n de los magistrados del Alto Tribunal.

Privatizaci¨®n de los aeropuertos.

La coalici¨®n nacionalista viene exigiendo desde hace ya dos legislaturas un cambio en la gesti¨®n de los aeropuertos, sugiriendo la creaci¨®n de un organismo en el que est¨¦n presentes, adem¨¢s de las administraciones, las c¨¢maras de comercio y entidades financieras p¨²blicas, como las cajas de ahorro con implantaci¨®n en el territorio.

Tras los importantes problemas de gesti¨®n sufridos en los ¨²ltimos a?os por los grandes aeropuertos espa?oles, el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, anunci¨® un plan para privatizar la sociedad estatal que gestiona los aeropuertos espa?oles, AENA. El Gobierno presidido por Pujol reaccion¨® indicando que tal privatizaci¨®n era ilegal pues, seg¨²n el Estatuto de Autonom¨ªa, si la Administraci¨®n central renuncia a la gesti¨®n de los aeropuertos, ¨¦sta recae autom¨¢ticamente en la Generalitat. CiU quiere para los aeropuertos catalanes una soluci¨®n similar a la aplicada a los puertos mar¨ªtimos, cuya gesti¨®n ha sido traspasada recientemente a la Generalitat.

Revisi¨®n de la Ley de Extranjer¨ªa.

El papel desempe?ado por los nacionalistas catalanes en la elaboraci¨®n y posterior aprobaci¨®n de la nueva Ley de Extranjer¨ªa no ha podido ser m¨¢s desagradable. Tras involucrarse a fondo en la redacci¨®n de la misma durante m¨¢s de un a?o, a trav¨¦s de su diputado Carles Campuzano, CiU se vio obligada a hacer marcha atr¨¢s cuando el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, quiso forzar una revisi¨®n en un sentido m¨¢s restrictivo de la Ley de Extranjer¨ªa que hab¨ªa sido pactada por todos los grupos con representaci¨®n parlamentaria.

En contra de la opini¨®n, tanto de las bases como de los cuadros del partido, los nacionalistas catalanes aceptaron los recortes propuestos por el PP. Pero, finalmente, gracias a los votos de Coalici¨®n Canaria, se aprob¨® la primera versi¨®n de la ley. Campuzano reconoci¨® entonces que el ambiente era de "perplejidad" y calific¨® de "esperp¨¦ntica" la tramitaci¨®n. El PP anunci¨® que si consegu¨ªa la mayor¨ªa absoluta revisar¨ªa el texto, mientras que CiU asegur¨® que s¨®lo lo aceptar¨ªa si se lograba un consenso de toda la C¨¢mara.

La privatizaci¨®n de las cajas.

Tras la llegada al poder de los populares en 1996, los asesores del vicepresidente econ¨®mico del Gobierno, Rodrigo Rato, pusieron en sus manos diversos proyectos aconsejando la privatizaci¨®n de las cajas de ahorros. El modelo que pretend¨ªa aplicar el Gobierno no era otro que el utilizado para la privatizaci¨®n de las grandes empresas p¨²blicas como Telef¨®nica o Endesa: colocar al frente de la gesti¨®n a hombres afines al PP y, a continuaci¨®n, convertir las empresas privadas, que en el caso de las cajas supondr¨ªa transformarlas en bancos y sacarlas a cotizaci¨®n en bolsa. CiU tiene una concepci¨®n completamente diferente de estas instituciones, que prefiere que sigan estando regidas por ¨®rganos de Gobierno vinculados a instituciones p¨²blicas.

Para la permanencia del actual modelo de las cajas catalanas, Jordi Pujol y Josep Vilarasau, presidente de la mayor de estas instituciones financieras, La Caixa, han ido acercando sus posturas hasta coincidir en el mantenimiento del estatuto jur¨ªdico habitual, que el modelo privatizador del PP podr¨ªa dar al traste.

Selecciones deportivas catalanas.

El Tribunal Constitucional tiene admitido a tr¨¢mite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar contra la Ley de Selecciones Deportivas Catalanas aprobada por el Parlament de Catalunya, lo que ha supuesto la suspensi¨®n de esta ley mientras no se pronuncie el Alto Tribunal. La tramitaci¨®n de esta ley surgi¨® de una iniciativa popular que consigui¨® reunir m¨¢s de medio mill¨®n de firmas en favor de las selecciones deportivas catalanes. La ley fue aprobada por todos los partidos con excepci¨®n del PP. Durante la campa?a electoral, Pujol anunci¨® que su partido reclamar¨ªa "en tono imperativo" durante la pr¨®xima legislatura la modificaci¨®n de la Ley del Deporte de 1990 para que Catalu?a pueda participar con selecciones deportivas nacionales en competiciones internacionales, precisamente lo que el PP no quiere que suceda.