Libertad y medios de comunicaci¨®n FRANCESC DE CARRERAS
La existencia de una opini¨®n p¨²blica libre, como elemento imprescindible de una sociedad democr¨¢tica, es un tema recurrente en el debate pol¨ªtico de los ¨²ltimos tiempos. Libertad de expresi¨®n y democracia son t¨¦rminos que, desde los inicios del pensamiento liberal, han sido considerados como inseparables. Cl¨¢sicos como Milton, Hume, Hamilton, Tocqueville o Stuart Mill y autores actuales como Habermas, H?berle o Ackerman han propuesto como n¨²cleo central de su teor¨ªa de la democracia que el sustrato b¨¢sico de la libertad del hombre lo constituye la existencia de una comunidad de personas racionales y bien informadas, capaces de pensar aut¨®nomamente. La exigencia de esta idea es hoy m¨¢s acuciante todav¨ªa debido a que tanto el nivel cultural del hombre actual como el nivel tecnol¨®gico alcanzado por los medios de comunicaci¨®n pueden hacer realidad aquello que en otros tiempos no era m¨¢s que una ut¨®pica aspiraci¨®n.Sin embargo, la realidad nos muestra a menudo lo alejados que todav¨ªa estamos de una sociedad en la cual los ciudadanos puedan ser considerados como sujetos bien informados acerca de los acontecimientos y problemas que puedan ser de su inter¨¦s, presupuesto fundamental para poder participar en el proceso pol¨ªtico democr¨¢tico -por ejemplo, en el proceso electoral- con las garant¨ªas suficientes de saber cu¨¢les son sus deseos e intereses.
Numerosos hechos recientes ponen de manifiesto esta situaci¨®n. Es bien sabido que una parte importante de la confrontaci¨®n pol¨ªtica de estos ¨²ltimos a?os ha estado protagonizada por el control de los medios de comunicaci¨®n, tanto p¨²blicos como privados, ligado a la acelerada transformaci¨®n t¨¦cnica que los mismos est¨¢n experimentando. La expansi¨®n espectacular de Telef¨®nica concita tanto inter¨¦s no s¨®lo por ser de largo la primera empresa multinacional originariamente espa?ola sino tambi¨¦n por el poder pol¨ªtico que puede llegar a acumular dada su posici¨®n clave en el mundo de las telecomunicaciones, hoy en la base de todos los sistemas de informaci¨®n.
Pero tambi¨¦n hechos m¨¢s menudos y coyunturales ponen de manifiesto las insuficiencias de una comunicaci¨®n social libre. Las cartas publicadas por este peri¨®dico de fieles lectores que se autoconfesaban de izquierdas, pero que expresaban su descontento por la cobertura informativa de la reciente campa?a electoral, muestran la preocupaci¨®n y el inter¨¦s del ciudadano por una informaci¨®n amplia y objetiva que les permita formar aut¨®nomamente su opini¨®n. Asimismo, el editor de La Vanguardia ha tenido que aclarar que el relevo en la direcci¨®n del peri¨®dico "no es fruto de ning¨²n resultado electoral, ni de negociaci¨®n econ¨®mica alguna". Otros muchos medios de comunicaci¨®n, tanto privados como p¨²blicos, son constantemente sospechosos de una sistem¨¢tica manipulaci¨®n informativa.
Por todo ello, es una tarea democr¨¢tica urgente debatir estos problemas y adoptar un nuevo marco legislativo respecto a los medios de comunicaci¨®n social mediante el cual la opini¨®n p¨²blica libre en nuestra sociedad deje de ser un p¨ªo deseo y pase a ser, en la medida de lo posible, una realidad. Sin ella, el proceso democr¨¢tico -es decir, la participaci¨®n de los ciudadanos en los ¨®rganos p¨²blicos- deber¨¢ considerarse como totalmente viciado y el poder pol¨ªtico pasar¨¢ de ser considerado como una autoridad leg¨ªtima, dotada de auctoritas, a ser un simple poder cualquiera, incapacitado para obligar a los ciudadanos, fen¨®meno que parcialmente ya sucede en la actualidad.
Esta legislaci¨®n, a mi modo de ver, debe tratar los medios de comunicaci¨®n como instrumentos de poder pol¨ªtico y social. Por tanto, aunque sean medios de propiedad privada -obviamente m¨¢s todav¨ªa si son p¨²blicos-, deben someterse a garant¨ªas legales que les permitan ser ¨®rganos de expresi¨®n de una sociedad civil constituida por ciudadanos libres e iguales. Los medios no deben constituirse en los filtros que utilizan los diversos poderes -incluidos, por supuesto, los partidos pol¨ªticos- para asegurar y perpetuar su dominio sobre la sociedad sino que, por el contrario, deben ser el canal mediante el cual el ciudadano libre conforma una opini¨®n p¨²blica necesaria para legitimar, mediante un proceso democr¨¢tico, las decisiones de los poderes pol¨ªticos. En muchos casos, tanto la apariencia como la realidad muestran que son m¨¢s un espeso filtro que un amplio canal.
As¨ª como el derecho urban¨ªstico ha limitado un derecho de propiedad que era considerado hasta hace poco un dominio absoluto del propietario, el nuevo derecho sobre los medios de comunicaci¨®n social debe limitar tambi¨¦n el poder absoluto de los periodistas o de los accionistas en la medida en que ello sea necesario para preservar un ¨¢mbito p¨²blico de debate -la esfera p¨²blica, dir¨ªa Habermas- que, como hemos indicado, es imprescindible para el correcto desarrollo del proceso democr¨¢tico, es decir, del procedimiento de legitimaci¨®n de los poderes pol¨ªticos que son fuente de derechos y obligaciones de los ciudadanos. Esto exigir¨ªa, por ejemplo, la extensi¨®n a todos los medios de unos estatutos de redacci¨®n que amparen la libre expresi¨®n y los derechos de los ciudadanos.
Si Montesquieu en un c¨¦lebre pasaje de El esp¨ªritu de las leyes dijo que todo estar¨ªa perdido para la posible existencia de la libertad del hombre si los tres poderes -legislativo, ejecutivo y judicial- estuvieran en las mismas manos, hoy debe decirse con el mismo ¨¦nfasis que tambi¨¦n todo estar¨¢ perdido para la posible existencia de la libertad del hombre si est¨¢n en las mismas manos el poder pol¨ªtico, el poder econ¨®mico y los medios de comunicaci¨®n de masas.
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