Los impulsores de la Carta Social ir¨¢n al Parlamento pese a PNV y PP
Los impulsores de la Carta Social lograron ayer uno de sus objetivos, al conseguir que el Parlamento reconozca su derecho a intervenir en la ponencia que tramita el proyecto de ley propuesto por este colectivo, arropado por m¨¢s de 82.000 firmas. Los grupos pol¨ªticos, excepto el PNV y el Partido Popular, admitieron que los portavoces de la iniciativa popular intervengan cada vez que ellos consideren oportuno para rebatir las enmiendas presentadas en la C¨¢mara. ?stos llegaron a estudiar la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional para garantizarse ese derecho. Uno de sus representantes, Jos¨¦ Ram¨®n Casta?os, entendi¨® la negativa del PP y PNV como una muestra de que "la dial¨¦ctica perversa de bloques pol¨ªticos de este pa¨ªs se rompe en temas sociales".De hecho, seg¨²n las actuaciones de los partidos hasta el momento con respecto a la Carta Social, el PNV y el PP se han mostrado reacios al texto presentado en el Parlamento. En el lado contrario se encuentran EH e IU, que suscriben por completo la iniciativa popular; y en un lugar intermedio, EA, PSE, y UA.
Casta?os reclam¨® a los partidos, y en especial al PNV, que extiendan el di¨¢logo al exterior del Parlamento, a "la sociedad civil", para constituir as¨ª "una mayor¨ªa social que permita una integraci¨®n ciudadana desconocida en la historia de este pa¨ªs". El promotor de la iniciativa critic¨® al PNV y al PP porque, a su parecer, "entienden que la democracia es ¨²nicamente lo que existe entre estas paredes" y "que el derecho a legislar lo tienen s¨®lo los partidos pol¨ªticos y no los movimientos ciudadanos".
Un coste de 125.000 millones
Casta?os present¨® a los miembros de la ponencia un informe en el que se resumen los objetivos que persigue la iniciativa y las f¨®rmulas de su posible financiaci¨®n. La Carta Social, documento que lleg¨® al Parlamento en febrero de 1997, propone que se garantice un salario m¨ªnimo interprofesional a todos los parados mayores de edad y a los pensionistas, as¨ª como una jubilaci¨®n anticipada a los 60 a?os, la eliminaci¨®n de las horas extra, el cambio de los puestos interinos por otros fijos y promover la semana laboral de 32 horas.
En el texto entregado ayer, los promotores de la Carta Social calculan que su coste "no superar¨ªa los 125.000 millones de pesetas" y aseguran que en esa cifra coinciden con "los t¨¦cnicos del Eustat [Instituto Vasco de Estad¨ªstica], las organizaciones sociales y los sindicatos". Respecto a su financiaci¨®n, proponen que el Gobierno vasco se acerque a la media comunitaria en el porcentaje de gasto social y en la persecuci¨®n del fraude fiscal. "Ahora est¨¢ siete puntos por debajo de la media europea", sostienen. Adem¨¢s, reclaman la transferencia de las competencias del Inem y de la Seguridad Social al Gobierno vasco porque, recuerdan, "en el ¨²ltimo a?o el super¨¢vit del Inem en Euskadi era de 50.000 millones".
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