Responsabilidad

J. M. CABALLERO BONALD

A los dos a?os justos de la riada mort¨ªfera procedente de la mina de Aznalc¨®llar, se ha hecho p¨²blico el informe de los peritos que estudiaban sus causas. He le¨ªdo con atenci¨®n esas conclusiones y he sacado las m¨ªas, que son tan inciertas como las que obtuve en un principio, cuando la Consejer¨ªa de Medio Ambiente de la Junta, la Administraci¨®n central, la compa?¨ªa minera, la empresa que construy¨® la balsa y la encargada de su seguridad, se acusaron con rec¨ªproca obstinaci¨®n del desastre.

La retah¨ªla de los desatinos: cada uno esgrimiendo ante los otros unas exculpaciones de similar ambig¨¹edad. Aquello fue realmente un deplorable espect¨¢culo, en el que la pol¨ªtica y la econom¨ªa se convirtieron en incongruentes y dudosas maneras de defenderse atacando.

Ese informe pericial, solicitado en su d¨ªa y entregado ahora a la juez de Sanl¨²car la Mayor que instruye el caso, no parece suficientemente expl¨ªcito. Tambi¨¦n es posible que yo no alcance a entender del todo los aspectos puramente t¨¦cnicos de la cuesti¨®n. Pero las reacciones de los interesados han coincidido otra vez en la unanimidad exculpatoria. Cada uno alega que el causante de la calamidad es el otro.

Ya exist¨ªan varios estudios encargados por las partes contendientes, atribuyendo respectivamente la rotura de la balsa al comportamiento del subsuelo, a los errores del proyecto de construcci¨®n, al mal estado de los instrumentos de medici¨®n de riesgos, a las altas presiones de los dep¨®sitos, a la falta de control, y a no s¨¦ qu¨¦ otros motivos vinculados a cada particular conveniencia. ?C¨®mo es posible que todav¨ªa hoy, cuando justamente se cumplen los dos a?os del infortunio, sigan sin establecerse ni siquiera por aproximaci¨®n los l¨ªmites correctos de la responsabilidad?

Las alegaciones de los presuntos culpables contin¨²an insistiendo en las mismas chapuzas. Aparte de que cada cual se considera exonerado de toda sospecha delictiva, se nota mucho el trasfondo pol¨ªtico enfrentado a los muy considerables intereses econ¨®micos y, correlativamente, laborales. Nada es imprevisible en este sentido. Parece ser que a estas alturas hay una veintena de imputados en la causa que se investiga, pertenecientes en su mayor¨ªa a la empresa que deb¨ªa vigilar la resistencia de la balsa, a la compa?¨ªa propietaria de la mina, a la Consejer¨ªa de Medio Ambiente de la Junta y al Instituto Tecnol¨®gico y Minero adscrito al Gobierno central. O sea, que a los 24 meses de producirse ese terrible aluvi¨®n t¨®xico, todo sigue en t¨¦rminos justicieros como el primer d¨ªa.

La ¨²nica evidencia manejable, hoy por hoy, es que hemos tenido que pagar entre todos unos 20.000 millones de pesetas para remediar en parte -s¨®lo en parte- los fallos de una mina que convirtieron la cuenca del Guadiamar en una aut¨¦ntica ilustraci¨®n del infierno. Ese corredor verde que solapar¨¢ el territorio empozo?ado tiene algo de operaci¨®n para cubrir con seda una cloaca. Lo que pasa es que la naturaleza tambi¨¦n dispone de sus propios poderes para vengarse de quienes pretenden devastarla. Todo es cuesti¨®n de tiempo.