"Tiene derecho a guardar silencio"

En la realidad, al igual que en la televisi¨®n y el cine, la llamada norma Miranda ha sido sagrada en Estados Unidos desde 1966. Aunque la conocen de memoria, todos los polic¨ªas la llevan en una peque?a ficha plastificada, un instrumento de trabajo tan imprescindible como la pistola y las esposas. Al detener a un sospechoso, los agentes, de uniforme o de paisano, deben leerle la f¨®rmula Miranda, mil veces o¨ªda en las pel¨ªculas: "Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en un tribunal. Tiene derecho a la asistencia de un abogado durante el interrogatorio. Si no puede permitirse un abogado, se le suministrar¨¢ uno de oficio. ?Entiende usted estos derechos?".Pues bien, el Tribunal Supremo de EE UU escuchar¨¢ hoy en Washington s¨®lidos argumentos en contra de la obligatoriedad de esa lectura. Seg¨²n una sentencia emitida el pasado a?o por el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, que tiene su sede en Richmond (Virginia), la polic¨ªa norteamericana se ha pasado 34 a?os aplicando Miranda sin la menor necesidad constitucional. Ese Tribunal de Apelaciones, del que la mayor¨ªa de sus 13 jueces son conservadores, dictamin¨® que los derechos de los detenidos forman parte del marco constitucional, pero no as¨ª la obligatoriedad de que la polic¨ªa tenga que record¨¢rselos en el momento de la detenci¨®n.

Las fuerzas de seguridad de EE UU aplauden el criterio del Tribunal de Apelaciones y esperan que el Supremo lo ratifique. Seg¨²n fuentes policiales citadas por USA Today, m¨¢s de 400.000 actuaciones policiales naufragan en EE UU cada a?o a causa de errores en la aplicaci¨®n de Miranda, ya que las confesiones del detenido son nulas si no le fueron le¨ªdos sus derechos.

Fue el propio Tribunal Supremo el que estableci¨® en 1966 la norma, a partir de un caso ocurrido en Arizona. En aquel a?o, Ernesto Miranda, un vagabundo de 23 a?os, fue acusado en ese Estado de secuestrar y violar a una chica de 18 a?os. Miranda, que dar¨ªa nombre a la norma, firm¨® una confesi¨®n en comisar¨ªa sin que nadie le hubiera informado de que no estaba obligado a responder a las preguntas de los agentes. El caso lleg¨® hasta el Supremo, que, con el liberal Earl Warren al frente, anul¨® la condena del acusado, obtenida a trav¨¦s de aquella confesi¨®n. Al leer su hist¨®rica sentencia, Warren declar¨® que cualquier sospechoso "debe ser advertido de que tiene derecho a guardar silencio y a la asistencia de un abogado".

Pero los tiempos han cambiado mucho desde entonces. En los sesenta, las fuerzas liberales estaban en alza en EE UU. Su fortaleza en las calles ten¨ªa eco en los centros de poder de Washington, incluido el Supremo. El m¨¢ximo organismo del poder judicial compart¨ªa las preocupaciones ciudadanas por posibles excesos policiales. Hoy, el escenario es muy diferente: el conservadurismo de la calle se agudiza en los tribunales. Lo prueba la reciente ratificaci¨®n por el Supremo de la decisi¨®n del Tribunal de Apelaciones de Richmond neg¨¢ndole al Gobierno la capacidad de regular la nicotina como si fuera una droga. ?Seguir¨¢n tambi¨¦n los magistrados de Washington el criterio de los de Virginia en el asunto de Miranda? En tal caso, la lectura de los derechos ser¨ªa opcional, y ser¨ªan v¨¢lidas las declaraciones de los detenidos ante la polic¨ªa en ausencia de abogados, siempre que fueran voluntarias.

Esa posibilidad inquieta a las asociaciones de abogados y organizaciones de derechos humanos. "No podemos vivir en una sociedad que funciona sin que la gente conozca sus derechos", dice Steve Saphiro, de la Uni¨®n de Libertades Civiles Americanas (ACLU). "El acto formal de lectura de los derechos es una salvaguardia contra el abuso policial, es el mejor modo de reforzar la exigencia constitucional de que nadie pueda ser obligado a declarar en su contra".

A favor de Miranda se pronunciar¨¢ tambi¨¦n el departamento de Justicia. Seg¨²n la fiscal general, Janet Reno, esa norma tiene "una dimensi¨®n constitucional". Pero no lo vieron as¨ª los magistrados de Richmond. En el origen de su decisi¨®n, que aprobar¨¢ o rechazar¨¢ el Supremo, hay un caso de robo. Charles Dickerson fue acusado de varios atracos en bancos de Maryland y Virginia, pero su confesi¨®n en comisar¨ªa fue anulada en el juicio porque la polic¨ªa s¨®lo le recit¨® la f¨®rmula Miranda despu¨¦s de interrogarle. Richmond consider¨® que ese detalle no era relevante y restableci¨® la validez de la confesi¨®n.