Asuntos Sociales calcula que la aplicaci¨®n de la ley del Menor costar¨¢ 13.800 millones de pesetas

La aplicaci¨®n de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que entrar¨¢ en vigor el pr¨®ximo mes de enero, implicar¨¢ una sustanciosa inversi¨®n de dinero p¨²blico para construir centros espec¨ªficos donde los j¨®venes infractores cumplan sanciones. El consejero de Asuntos Sociales, Isa¨ªas P¨¦rez Salda?a, asegur¨® que habilitar la infraestructura prevista en la ley en Andaluc¨ªa costar¨¢ 13.800 millones para dar cabida a los 9.000 menores, que estar¨ªan afectados por la nueva legislaci¨®n. Los expedientes de infracciones de j¨®venes se han incrementado un 30% en tres a?os.

Isa¨ªas P¨¦rez Salda?a, un d¨ªa despu¨¦s de reunirse en Madrid con sus colegas de las Comunidades Aut¨®nomas gobernadas por el PSOE, exigi¨® que el Gobierno central entregue las transferencias -los centros y los menores depender¨ªan de los gobiernos auton¨®micos- con los recursos econ¨®micos necesarios para poder ajustarse a lo previsto en la norma. El consejero defendi¨® el esp¨ªritu de la ley de responsabilidad penal del menor, que entra en vigor el 13 de enero de 2001, por su car¨¢cter "progresista". "Es buena porque garantiza los derechos de los menores, pero ser¨ªa un fraude de ley si no pudi¨¦ramos hacer frente", agreg¨®.Con esta legislaci¨®n, que eleva la edad penal de los menores de 16 a 18 a?os, los j¨®venes recluidos en c¨¢rceles pasar¨¢n a cumplir sus condenas en centros espec¨ªficos. A d¨ªa de hoy, saldr¨ªan de las prisiones andaluzas 200 reclusos que no alcanzan la mayor¨ªa de edad para ingresar en estas instituciones. S¨®lo en Andaluc¨ªa ser¨ªa necesario construir cinco centros de estas caracter¨ªsticas (en la actualidad hay dos), que exigir¨ªan una inversi¨®n de 5.800 millones de pesetas. A esta cantidad, P¨¦rez Salda?a suma otros 8.000 millones de pesetas para sufragar el mantenimiento, los programas y el seguro de responsabilidad, lo que elevar¨ªa la inversi¨®n necesaria en la Comunidad hasta los 13.800 millones de pesetas durante el primer a?o de aplicaci¨®n de la ley.

El consejero critic¨® la dotaci¨®n presupuestaria fijada por el Gobierno para aplicar el nuevo marco legal, que se reduce a 5.000 millones de pesetas para todo el territorio estatal. "La ley deriva competencias del Estado a las Comunidades Aut¨®nomas y no se pueden trasladar sin los recursos necesarios", adujo. El nuevo texto legal establece, adem¨¢s, otro tipo de instalaciones como centros de d¨ªa, para aquellos menores que cometan alg¨²n tipo de falta o deban someterse a tratamientos de desintoxicaci¨®n.

M¨¢s delincuencia juvenil

El incremento que est¨¢ experimentando la delincuencia juvenil invita a creer al responsable de Asuntos Sociales que las necesidades de dotaciones tambi¨¦n crecer¨¢n. En los ¨²ltimos tres a?os, los expedientes de menores infractores han aumentado en Andaluc¨ªa en un 30%.

P¨¦rez Salda?a atribuye esta tendencia a la "complejidad" de los adolescentes y, sobre todo, al aumento de menores inmigrantes que "quieren ganar dinero y a veces caen en los mecanismos de la delincuencia". En cualquier caso, el consejero le quit¨® hierro al asegurar que este perfil es habitual en otros pa¨ªses europeos y que Espa?a comienza a asemejarse.

Los gobiernos auton¨®micos, que est¨¢n en manos del PSOE, han hecho un frente com¨²n para reclamar una reuni¨®n urgente con el ministro de Administraciones P¨²blicas, Jes¨²s Posada, para tratar todos los problemas derivados de la aplicaci¨®n de la ley. Los consejeros de asuntos sociales creen indispensable que se ampl¨ªe un a?o m¨¢s la actual moratoria y se retrase la entrada en vigor del texto legal hasta enero de 2002.

Este plazo, seg¨²n P¨¦rez Salda?a, tendr¨ªa incluso que demorarse m¨¢s si los acuerdos entre las autonom¨ªas y el Gobierno no se adoptan antes del verano. "Ser¨ªa una irresponsabilidad poner en marcha esta ley sin recursos", recrimin¨®. El consejero de Asuntos Sociales asegur¨® que la construcci¨®n de este tipo de centros resulta especialmente delicada, tanto a la hora de elegir su ubicaci¨®n como por las caracter¨ªsticas de las instalaciones. La ley prev¨¦ que los centros tengan salas de bis a bis y ¨¢reas para la estancia de los hijos de j¨®venes padres. El coste diario de la estancia de un joven en un centro como los contemplados en la ley ronda las 30.000 pesetas, frente a las 6.000 pesetas que cuesta la estancia de un recluso en una prisi¨®n al d¨ªa. "Pero est¨¢ claro que, en el sistema penitenciario, estos chicos se convierten en m¨¢s delincuentes", puntualiz¨®.

Los consejeros socialistas pretenden lograr el apoyo de las autonom¨ªas gobernadas por el PP en la reivindicaci¨®n que trasladar¨¢n al Ejecutivo para retrasar la entrada en vigor de la ley y lograr m¨¢s fondos.