Un grupo de guardias civiles recurre ante el Supremo contra el traspaso del tr¨¢fico a los Mossos

Un grupo de guardias civiles presentar¨¢ el pr¨®ximo martes ante el Tribunal Supremo un recurso contra un decreto del Gobierno que traspasa a la Generalitat las competencias del tr¨¢fico en las provincias de Barcelona y Tarragona para hacer efectivo el despliegue de los Mossos d'Esquadra, previsto a partir del pr¨®ximo 1 de diciembre. Los guardias civiles consideran que sufren un trato discriminatorio de la Generalitat por no haber sido traspasados, mientras que s¨ª se ha hecho en los ¨²ltimos a?os con otros colectivos, como los m¨¦dicos o los profesores.

El recurso ser¨¢ presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y solicita que, de forma cautelar, se suspenda la vigencia del decreto 404/2000, aprobado el 24 de marzo por el Consejo de Ministros. Si se acordara esa suspensi¨®n, la sustituci¨®n de los Mossos d'Esquadra por la Guardia Civil carecer¨ªa de un marco legal que la har¨ªa pr¨¢cticamente imposible de llevar a cabo en Barcelona y Tarragona. En Girona y Lleida, los Mossos ya tienen asumidas desde hace meses las competencias de tr¨¢fico.El Departamento de Interior de la Generalitat declin¨® ayer realizar cualquier comentario sobre el anuncio de presentaci¨®n de este recurso. Pese a ello, un portavoz autorizado explic¨® que el decreto contra el que ahora se recurre es la consecuencia de la ley aprobada de forma un¨¢nime por el Congreso en diciembre de 1997, por el que se transfiri¨® a la Generalitat las competencias de tr¨¢fico. Como desarrollo de esa misma ley, se dictaron en su d¨ªa otros dos decretos id¨¦nticos al que ahora se impugna que hicieron posible el despliegue en Girona y Lleida. Las mismas fuentes recordaron que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a ya desestim¨® en su d¨ªa un recurso planteado en t¨¦rminos similares contra la convocatoria para cubrir unas plazas de la polic¨ªa auton¨®mica en Girona.

Derechos mantenidos

Los guardias civiles recurrentes aseguran que reciben un trato de desigualdad, porque mientras los funcionarios civiles adscritos al servicio de tr¨¢fico mantienen todos sus derechos y pasan a depender de la Generalitat, los agentes dejar¨¢n de ejercer como tales cuando sean traspasados, sin que la ley prevea un nuevo destino. Por ello, cuando hayan transcurrido seis meses sin que los guardias civiles tengan asignado un destino, es m¨¢s que probable que se produzca su traslado forzoso a otras comunidades.

Los agentes entienden que la configuraci¨®n del Estado auton¨®mico ha supuesto en los ¨²ltimos a?os el traspaso de miles de funcionarios a las comunidades aut¨®nomas sin que se produjera ning¨²n perjuicio porque la ley regulaba esa situaci¨®n, cosa que no ocurre con los guardias civiles. Por eso, los perjuicados opinan que los poderes p¨²blicos cometen una arbitrariedad porque "no pueden regular una transferencia dejando a los funcionarios adscritos a los servicios traspasados en la m¨¢s absoluta indefinici¨®n de sus derechos como servidores p¨²blicos".

El recurso considera que la sustituci¨®n de los guardias civiles por mossos originar¨ªa a aqu¨¦llos unos "perjuicios irreparables". Por ese motivo, los guardias solicitan que, como mal menor, se compense este perjuicio con una indemnizaci¨®n, y que el Tribunal Supremo cuestione ante el Tribunal Constitucional el decreto contra el que se recurre.

El nuevo despligue de los Mossos d'Esquadra en el control del tr¨¢fico prev¨¦ destinar 587 polic¨ªas en Barcelona y 240 en Tarragona. El Departamento de Interior de la Generalitat ha reservado el 15% de estas plazas para agentes de la Guardia Civil de Tr¨¢fico. Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Barcelona aprob¨® igualmente la creaci¨®n de 70 nuevas plazas de la Guardia Urbana que ser¨¢n ocupadas en su mayor¨ªa por guardias civiles.

Jordi Figuera, abogado de los guardias civiles recurrentes, cuyo n¨²mero no fue precisado, afirman: "No estamos defendiendo los derechos de unos guardias civiles, sino de unos ciudadanos". En este sentido, record¨® que la mayor¨ªa de los agentes est¨¢n muy arraigados en Catalu?a, donde han nacido sus hijos y tienen vivienda fija. En el caso de alg¨²n guardia civil se da incluso la circunstancia de que su esposa es funcionaria de la Generalitat.