Par¨ªs critica a un principado en cuya gesti¨®n interviene

La implicaci¨®n francesa en las instituciones monegascas convierte el informe de la Asamblea en un bumer¨¢n contra el propio Estado franc¨¦s. Adem¨¢s de proponer al pr¨ªncipe de M¨®naco los tres candidatos a ministro de Estado (primer ministro), el Estado franc¨¦s nombra a 13 de los 19 magistrados del principado y aporta una subvenci¨®n anual que supone el 25% del presupuesto monegasco. El responsable de Interior de M¨®naco es franc¨¦s, al igual que el director del casino. Aunque el principado aplica sobre su territorio la legislaci¨®n francesa sobre el IVA, en la pr¨¢ctica, dada la ausencia de controles fronterizos, resulta imposible determinar qu¨¦ productos son comprados en Francia y consumidos en M¨®naco y viceversa. As¨ª, escriben los diputados, "el presupuesto monegasco recibe cada a?o m¨¢s de 800 millones de francos [20.000 millones de pesetas] del Estado franc¨¦s, sin contrapartida". La justicia est¨¢ bajo el poder pol¨ªtico directo del pr¨ªncipe, de forma que los magistrados enviados por Par¨ªs deben jurar fidelidad, tanto a su alteza seren¨ªsima como a las leyes monegascas, y someterse a las instrucciones del fiscal general dependiente del pr¨ªncipe. Entre otros testimonios que dan prueba de las presiones del procurador general para paralizar las instrucciones, el informe recoge el testimonio del antiguo magistrado del principado, Charles Ducha?ne, hoy con plaza en Francia. "Se evitaba juzgar por blanqueo de dinero porque eso pod¨ªa espantar a cierto n¨²mero de inversores y disuadir a ciertas personas de continuar llevando su dinero a M¨®naco".

La comisi¨®n presidida por el socialista Vincet Peillon no reh¨²ye la responsabilidad de Francia por avalar en la pr¨¢ctica un sistema considerado corrupto. Su informe puede tener un efecto cat¨¢rtico sobre las estrechas relaciones pol¨ªticas y econ¨®micas entre Par¨ªs y el principado y dejar atr¨¢s la largu¨ªsima etapa francesa de los consejos y denuncias ret¨®ricas.