De la comunicaci¨®n de riesgos, a los riesgos de la comunicaci¨®n

El autor defiende cu¨¢l debe ser la pol¨ªtica de informaci¨®n a la poblaci¨®n de los responsables de Salud P¨²blica.

El ars¨¦nico ha sido conocido desde antiguo como elemento qu¨ªmico capaz de producir envenenamiento administrado a altas dosis. A dosis m¨¢s bajas, produce taquifilaxia, un fen¨®meno por el cual el organismo receptor va desarrollando una "resistencia" natural contra el veneno. En esta situaci¨®n, la ingesta cr¨®nica del elemento conduce al padecimiento de una enfermedad denominada arsenicalismo caracterizada fundamentalmente por la presencia de lesiones igualmente cr¨®nicas, sobre todo en la piel.La reglamentaci¨®n en vigor en Espa?a estableci¨® como l¨ªmite permisible de presencia de ars¨¦nico en agua de consumo, los 50 microgramos por litro, aunque la transposici¨®n a nuestro Ordenamiento Jur¨ªdico de una Directiva de la UE rebajar¨¢ en el futuro ese l¨ªmite a 10 microgramos siendo ¨¦ste establecido con criterio cient¨ªfico por comit¨¦s de expertos internacionales, al evaluar que, de cada 10.000 personas que consumieran dos litros de agua por cabeza durante toda la vida, con contenido de ars¨¦nico superior a esa cifra, seis de ellas acabar¨ªan desarrollando un c¨¢ncer. En concentraciones de este orden de magnitud ni el arsenicalismo, ni a¨²n menos el envenenamiento son posibles.

A partir de estos datos objetivos, la funci¨®n de Salud P¨²blica, como en cualquier otro caso que suponga un riesgo para la poblaci¨®n, es desarrollar actividades de promoci¨®n de la salud y prevenci¨®n de la enfermedad que permitir¨ªan eliminar aquellos riesgos detectables y evitables por m¨¦todos cient¨ªficos, o alternativamente, cuando la detecci¨®n fracasa o el riesgo es indetectable, analizar el modo de enfermar de las poblaciones para instaurar intervenciones v¨¢lidas para corregir los factores que puedan estar contribuyendo a la aparici¨®n de esas patolog¨ªas.

La "asignatura" m¨¢s dif¨ªcil de la Salud P¨²blica es sin duda, la comunicaci¨®n de riesgos a la poblaci¨®n. Nuestra sociedad, en el marco de un desarrollo cient¨ªfico vertiginoso puede llegar a exigir, est¨¢ exigiendo de hecho a los poderes p¨²blicos, la existencia de riesgo cero, la evitaci¨®n de todos los males y cat¨¢strofes, independientemente de que ese vertiginoso avance ponga muchas veces en evidencia que es mucho m¨¢s lo que ignoramos que aquello nuevo que descubrimos. Frente a este concepto est¨¢ el de riesgo asumible, que podr¨ªamos definir como aquel que en funci¨®n del conocimiento cient¨ªfico y dentro de un sistema que act¨²e con la mayor excelencia, permite prever y en su caso corregir, aquellas circunstancias evitables que entra?an riesgo para la poblaci¨®n. ?ste es el l¨ªmite de lo exigible, el rasero por el que se debe juzgar la bondad de las acciones en Salud P¨²blica.

Pero hay un factor m¨¢s: ?qui¨¦n es la poblaci¨®n que debe ser receptora del mensaje? La pregunta tiene una respuesta un¨ªvoca desde la ¨¦tica y la t¨¦cnica, la informaci¨®n la debe recibir la poblaci¨®n en riesgo; toda la poblaci¨®n, por tanto, cuando el riesgo sea general; los afectados, cuando e1 riesgo est¨¦ acotado en tiempo y espacio.

En los ¨²ltimos d¨ªas, diversas informaciones en distintos medios de comunicaci¨®n han reflejado de manera objetiva las acciones emprendidas desde la Salud P¨²blica para evitar riesgos derivados del consumo de agua con niveles superiores de ars¨¦nico a los permitidos. Frente al planteamiento objetivo de la noticia, otras voces se han alzado reclamando intervenciones coercitivas, estudios epidemiol¨®gicos e interpretando de manera err¨®nea las funciones de Salud P¨²blica.

Un estudio epidemiol¨®gico en sus m¨²ltiples formas intenta medir la envergadura de un problema de salud y establecer qu¨¦ tipo de causas conducen o contribuyen a producir un posible estado morboso de la poblaci¨®n, con el ¨²nico fin de adoptar medidas para corregirlas y conducir a la poblaci¨®n hacia el mejor estado de salud posible.

Supongamos entonces que existe la firme convicci¨®n de que una situaci¨®n entra?a riesgo para la poblaci¨®n, como por ejemplo ocurre en el caso del h¨¢bito de fumar, ?es aceptable en nuestro marco constitucional, que la autoridad sanitaria imponga acciones coercitivas para que la poblaci¨®n adulta no fume?, ?no es m¨¢s ¨¦tico asegurarse de que el adulto decide en libertad, y para ello debidamente informado, cu¨¢l va a ser su comportamiento frente a las situaciones de riesgo, siempre que no impliquen da?os a terceros, y que el ni?o y adolescente reciben la informaci¨®n y formaci¨®n necesaria para en el futuro decidir tambi¨¦n en libertad?

Adem¨¢s, en el caso del ars¨¦nico, no estar¨ªa justificado dedicar recursos p¨²blicos a acciones distintas que las que ya estamos desarrollando. La poblaci¨®n que se abastece de estos pozos es el 0,1% de la poblaci¨®n de la Comunidad de Madr¨ªd, es decir unas 5.000 personas, lo cual significar¨ªa, suponiendo que siempre hayan vivido en el mismo lugar, utilizado el mismo abastecimiento sin b¨²squeda de alternativas, y habi¨¦ndose mantenido durante todo ese tiempo los mismos niveles de ars¨¦nico elevados en el acu¨ªfero, que tres personas desarrollar¨ªan un c¨¢ncer dentro de muchos a?os.

Entonces, ?qu¨¦ sentido tiene el que informemos a la poblaci¨®n de este hecho? La funci¨®n de autoridad en salud p¨²blica, no se puede permitir interpretar las normas a su capricho, son normas garantistas con amplio nivel de seguridad, y que se establecen pensando en el conjunto de la poblaci¨®n. Es f¨¢cil hacer la cuenta para averiguar que si en vez de 5.000 personas, se estuvieran abasteciendo de estos pozos un mill¨®n, el orden de magnitud de casos de c¨¢ncer que ser¨ªan imputables a este hecho cambia radicalmente, eso s¨ª, a¨²n muy lejos de los miles de muertos con los que algunos pretenden amedrentar al lector y castigar inopinadamente a los que tenemos la responsabilidad de velar por la salud de la poblaci¨®n, lo que incluye en la Comunidad de Madrid a m¨¢s de 300 t¨¦cnicos altamente cualificados.

Lo que se persigue al dirigirse a los afectados es cumplir con el deber ¨¦tico de informar, con el deber de autoridad de respetar la norma, e inducir, sin necesidad de alarma, un cambio de abastecimiento por otro de menor riesgo.

Lo que s¨ª le agradezco a Moncho Alpuente, es que con su diatriba me haya hecho dedicar alg¨²n tiempo a escribir este texto, porque con ¨¦l, quiz¨¢, la pr¨®xima vez que intente vencer su angustia frente a una p¨¢gina en blanco amedrentando a la poblaci¨®n, simplemente los lectores pasar¨¢n dicha p¨¢gina.

Francisco de As¨ªs Bab¨ªn es m¨¦dico y director general de Salud P¨²blica de la Comunidad de Madrid.