La c¨²pula de Bankpyme se sentar¨¢ en el banquillo acusada de delito fiscal

La Audiencia de Barcelona ha se?alado para el pr¨®ximo 15 de noviembre el inicio de las sesiones del juicio contra la c¨²pula del Banco de la Peque?a y Mediana Empresa (Bankpyme), acusada de "cooperaci¨®n necesaria" en la comisi¨®n de un presunto delito fiscal cometido al comercializar dos fondos de inversi¨®n a finales de los a?os ochenta que permitieron a varios clientes no declarar m¨¢s de 2.000 millones de pesetas al fisco.El se?alamiento acordado por la Secci¨®n Segunda de lo Penal, que prev¨¦ finalizar el juicio el 20 de diciembre, es el primero de este tipo que sienta en el banquillo a la c¨²pula de un banco acusada de cooperaci¨®n necesaria a un presunto delito contra la Hacienda p¨²blica. El banco ha solicitado a la Audiencia de Barcelona que aplace el juicio porque afirma que el Constitucional ha admitido a tr¨¢mite un recurso de amparo sobre el caso.

En sus conclusiones provisionales, la fiscal¨ªa pide ocho penas de un a?o de prisi¨®n por otros tantos delitos fiscales para Josep Jan¨¦ Sol¨¤, el presidente ejecutivo de Bankpyme; Josep Mar¨ªa Fabregat, vicepresidente de la entidad, y Alberto Rivillo, apoderado de una filial del banco. Igual pena se solicita para Francisco Busquets, otro vicepresidente del banco, a quien se le imputa, adem¨¢s, otro delito fiscal como autor material, porque era titular de una de las cuenta no declaradas con 242 millones de pesetas.

El fiscal acusa, adem¨¢s, a nueve clientes titulares de fondos de inversi¨®n, para los que reclama sendas penas de un a?o de c¨¢rcel como autores directos de un delito fiscal.

Los fondos de inversi¨®n Multivalor y Multidinero se crearon en 1986 y 1987, y en el plazo de tres a?os se nutrieron de 62.000 millones de pesetas depositados por un total de 12.185 clientes de la entidad, seg¨²n el fiscal. El caso se destap¨® en diciembre de 1993, cuando dos empleados que hab¨ªan sido despedidos se querellaron contra el banco.

Tras la pr¨¢ctica de numerosas pruebas, la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Barcelona, Montserrat Comas de Argemir, imput¨® en su d¨ªa a 80 personas, pero la demora en la notificaci¨®n judicial hizo que la mayor¨ªa saldasen sus deudas con Hacienda, que en plazo de una semana ingres¨® 7.500 millones en regularizaciones voluntarias. De esta manera, los inversores evitaron su implicaci¨®n por la v¨ªa penal.