Villarejo propone que la declaraci¨®n de bienes de los altos cargos sea p¨²blica

Jim¨¦nez Villarejo record¨® que la ley electoral faculta a la Administraci¨®n para "no adjudicar o reducir las subvenciones p¨²blicas a los partidos pol¨ªticos" cuando haya una violaci¨®n de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales. Tambi¨¦n se le autoriza a "recabar informaci¨®n contable de entidades bancarias para el cumplimiento de su funci¨®n fiscalizadora". Sin embargo, manifest¨®: "Tengo serias dudas de que la administraci¨®n electoral judicial haya ejercido estas dos facultades legales". "Nos encontramos ante un delito sin estrenar tras 23 a?os de elecciones democr¨¢ticas en Espa?a, a pesar de las desconfianzas que sigue suscitando sistem¨¢ticamente la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos", indic¨® Jim¨¦nez Villarejo.El fiscal anticorrupci¨®n tambi¨¦n cuestion¨® en su intervenci¨®n el r¨¦gimen de incompatibilidades de los altos cargos y funcionarios, al que encontr¨® "serias deficiencias". Entre las "carencias" y "limitaciones", cit¨® que "no genera incompatibilidad, por ejemplo, que un alto cargo de la Administraci¨®n intervenga en asuntos relacionados con una empresa de la que es titular de un paquete accionarial".

Armon¨ªa penal internacional

Uno de los mecanismos previstos para prevenir la corrupci¨®n de los cargos p¨²blicos, explic¨® el fiscal, es la declaraci¨®n de actividades y de bienes, obligatoria todos los a?os mientras se desempe?e esa responsabilidad. Al respecto, afirm¨® que "es inadmisible que el registro sea secreto y se impida al ciudadano acceder" a esta confesi¨®n patrimonial. "El derecho a la intimidad no puede ni debe amparar la ocultaci¨®n de dichos datos", lo cual es una muestra de la falta de transparencia de la Administraci¨®n.Tambi¨¦n advirti¨® de la presencia de "zonas oscuras" en esta regulaci¨®n por considerar "voluntaria" la declaraci¨®n de bienes del c¨®nyuge, "cuando es frecuente utilizarle como testaferro para ocultar bines".

Por ¨²ltimo, Jim¨¦nez Villarejo sentenci¨® que "el Derecho Penal no tiene la misi¨®n de erradicar la corrupci¨®n y los abusos de poder", y abog¨® por "un control administrativo previo y exhaustivo de todos los actos y conductas p¨²blicas". Tambi¨¦n apost¨® por "una mejor coordinaci¨®n y armonizaci¨®n jur¨ªdica internacional, que es un obst¨¢culo grave para perseguir la corrupci¨®n. No conviene olvidar que el rastreo de los fondos il¨ªcitamente conseguidos en el caso Rold¨¢n encontr¨® el punto final por la nula colaboraci¨®n de Singapur", adonde llegaron dichos fondos.