La Junta andaluza lleva al Constitucional el decreto que modifica la Ley del Suelo

El Gobierno andaluz acord¨® ayer interponer recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley aprobado por el Ejecutivo de la naci¨®n el pasado 23 de junio por el que se modifica parcialmente la Ley del Suelo. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa estima en sus fundamentos jur¨ªdicos que la norma invade competencias de la comunidad y que las razones de urgencia y excepcionalidad que envuelven esa f¨®rmula legal son "inexistentes". Con ¨¦sta son ya dos las demandas planteadas por la Junta al Constitucional en apenas cuatro meses de legislatura.

Protestas de las ITV

El Ejecutivo que preside el socialista Manuel Chaves se ha decidido a dar el paso de interponer una demanda ante el Constitucional sobre el decreto ley de liberalizaci¨®n en el sector inmobiliario y transportes en su ¨²ltima reuni¨®n antes de las vacaciones, pese a que el plazo legal para recurrirlo acaba el pr¨®ximo 24 de septiembre.El citado decreto fue aprobado, junto con otro paquete de medidas liberalizadoras, el pasado 23 de junio por el Consejo de Ministros y, seg¨²n estiman los socialistas, invade competencias tanto de la comunidad como de los ayuntamientos al eliminar la discrecionalidad de los municipios a la hora de decidir qu¨¦ terrenos son urbanizables.

En sus fundamentos jur¨ªdicos, la Junta andaluza argumenta una posible invasi¨®n de competencias auton¨®micas y la "inexistencia" de una situaci¨®n de extraordinaria y urgente necesidad que justifique la utilizaci¨®n de un real decreto-ley.

Ya en el terreno de los argumentos pol¨ªticos, el portavoz del Gobierno auton¨®mico, Rafael Camacho, afirm¨® que los efectos econ¨®micos que persegu¨ªa el Gobierno de la naci¨®n a la hora de aprobar el decreto "son exactamente contrarios" a los que quer¨ªa. "Cree que va a abaratar el precio del suelo y al habilitar unas expectativas para hacer urbanizable el suelo r¨²stico puede colaborar a la especulaci¨®n", asegur¨®.

El decreto, adem¨¢s, establece como positivo el silencio administrativo si en seis meses las gerencias municipales de urbanismo no responden a los planteamientos de construcci¨®n de los propietarios del suelo, lo que, a juicio del portavoz del Gobierno andaluz, deja en manos de la iniciativa privada la capacidad de "influir decisiva y y determinantemente" en la ordenaci¨®n de las ciudades. Por este motivo, el PSOE convoc¨® el pasado 12 de julio a sus representantes en los 22 municipios andaluces de m¨¢s de 50.000 habitantes para coordinar acciones contra la norma estatal y dio instrucciones a todos sus representantes en los 770 ayuntamientos de Andaluc¨ªa para que presenten mociones en todos los plenos instando a los grupos parlamentarios de las Cortes a que recurran al Constitucional. La Junta ya acord¨® el 4 de julio pasado una demanda similar por la liberalizaci¨®n de los horarios comerciales.

Por otro lado, las empresas concesionarias de la Inspecci¨®n T¨¦cnica de Veh¨ªculos (ITV) denunciaron ayer la posible inconstitucionalidad del decreto de liberalizaci¨®n del sector aprobado por el Gobierno el pasado mes de junio.La Asociaci¨®n Espa?ola de Entidades Colaboradoras de la Administraci¨®n T¨¦cnica de Vehiculos (AECA-ITC) inform¨® ayer del contenido de los dict¨¢menes jur¨ªdicos encargados por la entidad para conocer el grado de eficacia del que podr¨ªa disponer el sector para garantizarse el cumplimiento de sus contratos de concesi¨®n frente al Estado.

Los responsables de AECA ITV dijeron ayer en una conferencia de prensa que las medidas del Gobierno dejan abierta la puerta a que sean admitidos los talleres para realizar estas tareas de inspecci¨®n.

Los dict¨¢menes de las ITV dicen que las competencias en materias de ITV "no deben encuadrarse dentro de la actividad ejecutiva de ordenaci¨®n del tr¨¢fico que es una competencia estatal de acuerdo con la doctrina del Constitucional".