Inflaci¨®n aut¨®noma

El cuadro de previsiones macroecon¨®micas que ha elaborado el Gobierno para los Presupuestos del Estado del a?o 2001 resulta satisfactorio salvo en lo tocante a la inflaci¨®n: mantener el objetivo en el 2% sin hacer nada al respecto es un simple ejercicio de dontancredismo. Las previsiones de crecimiento son razonables: 3,6%, cuatro d¨¦cimas por debajo de lo previsto para este a?o; la inversi¨®n se mantiene en niveles elevados, en torno al 8%, y tampoco es nada sorprendente que se prevea una aproximaci¨®n de las tasas de crecimiento de las exportaciones e importaciones para reducir el d¨¦ficit comercial, que es hoy un problema grave. Incluso las previsiones de empleo, ¨¢mbito que se prestaba a un ejercicio de euforia, registran con realismo una ligera desaceleraci¨®n del ritmo de aumento: 2,5% frente al 3% de este a?o.El ejercicio de componer un crecimiento equilibrado queda deslucido por las explicaciones del vicepresidente econ¨®mico, Rodrigo Rato, en materia de inflaci¨®n, que sit¨²a en el 2%, a pesar de que en el primer semestre de este a?o se ha desbordado hasta el 3,4% anual. Sostiene Rato que el objetivo lo marca el BCE y que la funci¨®n del Gobierno espa?ol es "acomodar su pol¨ªtica econ¨®mica a ese objetivo". La interpretaci¨®n es discutible en s¨ª misma, porque el BCE fija un list¨®n m¨¢ximo de inflaci¨®n (el 2%) que no impide a cada pa¨ªs ser m¨¢s autoexigente. Pero en el caso espa?ol parece plantearse m¨¢s bien como un objetivo de aproximaci¨®n, que cabe incumplir sin que el Gobierno se sienta aludido, cuando la estabilidad monetaria de la eurozona exigir¨ªa de todos los pa¨ªses un compromiso s¨®lido para contener la inflaci¨®n por debajo del 2%.

Espa?a no puede renunciar a un objetivo propio de inflaci¨®n, salvo que se quiera esconder la falta de credibilidad del Gobierno trasladando la responsabilidad de bajar los precios al BCE. Primero, porque la pol¨ªtica monetaria que maneja el BCE no puede adecuarse a las diferentes circunstancias de la Uni¨®n Monetaria; despu¨¦s, porque el Gobierno espa?ol tiene que negociar rentas y salarios en su propio ¨¢mbito, y, por ¨²ltimo, porque las decisiones de formaci¨®n de los precios espa?oles se toman mayoritariamente en Espa?a, y no en Francfort. Renunciar a un objetivo propio -coherente, por supuesto, con las exigencias del BCE- equivale a tirar la toalla, trasladar la responsabilidad de reducir los precios a una pol¨ªtica monetaria supranacional y transmitir el mensaje de que aqu¨ª nada queda por hacer. Mensaje que es confuso en el mejor de los casos y falso en el peor.