La Junta de Andaluc¨ªa pide ayuda al Gobierno y a la UE para frenar la inmigraci¨®n de menores

Han descubierto c¨®mo venir con garant¨ªas de quedarse siendo inmigrantes indocumentados: ser menores de edad. Y vienen cada vez m¨¢s: la cifra se duplica cada a?o. Buscan aventura o empleo, pero en la mayor¨ªa de los casos no tienen edad legal para trabajar. Son presa f¨¢cil de las mafias, que los emplean ilegalmente o los meten en redes de delincuencia. Sus familias suelen desentenderse de ellos y las autonom¨ªas ejercen su tutela hasta la mayor¨ªa de edad. La Junta de Andaluc¨ªa, en la frontera, reclama la ayuda del Gobierno y la UE. En 1999 este cap¨ªtulo le cost¨® mil millones de pesetas.

"No son ni?os de la calle"

El a?o pasado hubo 858 ni?os marroqu¨ªes de nuevo ingreso en los servicios sociales de la Junta, que, sumados a los que ya estaban acogidos, costaron al presupuesto andaluz "unos mil millones de pesetas en estancia, personal, manutenci¨®n, formaci¨®n y pruebas para establecer su edad", seg¨²n Leonor Rojo, directora general del Servicio Andaluz del Ni?o (SAN).La ley establece la competencia de las comunidades aut¨®nomas en esta materia, "pero sin presupuesto". El consejero de Asuntos Sociales de la Junta, Isa¨ªas P¨¦rez Salda?a, advierte de que "Andaluc¨ªa no puede pagar sola el coste de la frontera entre Europa y ?frica. Todas las instituciones, en especial el Gobierno y la Uni¨®n Europea, tienen que implicarse". "Este a?o nos puede costar unos 1.500 millones de pesetas atender la oleada de menores que nos llegan desde el norte de ?frica", a?ade.

Los filtros en la frontera est¨¢n provocando que cada vez m¨¢s ni?os sean detectados en Andaluc¨ªa, se queden aqu¨ª y pasen menos hacia el norte. La estancia diaria de un menor en un centro propio de la Junta cuesta unas 25.000 pesetas y menos de la mitad en un centro colaborador. En 1998 el Gobierno andaluz contabiliz¨® a 429 marroqu¨ªes de primera entrada. En el primer cuatrimestre de 2000 han sido 340, pero el consejero cree que se llegar¨¢ a 3.000.

?C¨®mo pasan? La especialidad de los j¨®venes son los bajos de los camiones. Un muchacho de 17 a?os, que dijo llamarse Said cuando lleg¨®, pero cuyo nombre verdadero es H. M., cont¨® a este peri¨®dico que pas¨® cuatro veces. "La polic¨ªa me cog¨ªa y me llevaba a Marruecos, pero yo estaba aqu¨ª de nuevo antes de que ellos hicieran el viaje de vuelta".

La primera vez que Said subi¨® para Europa, lo hizo con 13 a?os en los bajos de un autob¨²s, pero no pudo salir de San Sebasti¨¢n. Estuvo acogido en Guip¨²zcoa nueve meses y despu¨¦s casi dos a?os en Madrid. Ahora H. M. est¨¢ en un centro de la Junta en Torre del Mar (M¨¢laga). Ayuda a unos marroqu¨ªes en un puesto del mercadillo de este pueblo costero. Ahorra cada peseta que gana y le han prometido ayuda para que tenga su propia tienda ambulante. Pero su principal aspiraci¨®n son los papeles.

"Es un muchacho que responde, es trabajador y lleva cuatro a?os en Espa?a", dice la trabajadora social del colegio Virgen de la Victoria. En este centro esperaban que le entregaran su permiso de residencia el 27 de julio despu¨¦s de tres visitas a la ventanilla de Extranjer¨ªa de la Polic¨ªa en M¨¢laga, pero le han dado largas hasta septiembre. Si consigue sus documentos, ser¨¢ el primero del mismo que lo logre.

El primer objetivo de las autoridades, como dice la Ley de Extranjer¨ªa, es el reagrupamiento familiar. "Nuestra misi¨®n es entregarlos a sus padres", afirma Leonor Rojo. Pero el problema es que la propia familia es la que quiere que vengan: "A diferencia de la emigraci¨®n espa?ola de los a?os 60, cuando se iba el cabeza de familia, aqu¨ª es al rev¨¦s. El hijo va a una vida en teor¨ªa mejor y los padres no aceptan el reagrupamiento familiar".

El consejero de Asuntos Sociales de la Junta apunta en este terreno algunas de las asignaturas pendientes del Gobierno y la UE: "Se ha iniciado un primer acuerdo entre el Gobierno espa?ol y el marroqu¨ª para crear centros de acogida en el norte de ?frica. Nosotros hemos dado una subvenci¨®n a la ONG Mensajeros por la Paz para que creen centros cerca de Ceuta y Melilla. El problema ahora es que estos ni?os no pueden ser repatriados con garant¨ªas de que van a recibir una buena formaci¨®n y la UE tiene que destinar fondos de cooperaci¨®n internacional para acciones en el campo de la infancia".

En muchos casos es la propia familia la que los manda. Mar¨ªa Rosa Miranda, directora del centro El Casta?o, en Gauc¨ªn (M¨¢laga), recuerda a un ni?o de 12 a?os de Klaa Sragna al que su padre meti¨® en una patera "porque hab¨ªa pagado 200.000 pesetas por una plaza, el hijo mayor se arrepinti¨® y embarc¨® al peque?o". Aquel chaval acab¨® escap¨¢ndose, que es el destino m¨¢s frecuente de los menores marroqu¨ªes acogidos.

Estos j¨®venes se fugan con facilidad de los diez centros propios y 19 colaboradores que tienen los servicios sociales de la Junta en toda Andaluc¨ªa. "Esto no es un correccional. El que quiere irse se marcha", dice Antonio Vera, jefe de servicio del SAN, y lo explica: "El a?o pasado tuvimos 858 nuevos ingresos y ni un solo d¨ªa tuvimos m¨¢s de 120 ni?os marroqu¨ªes".

Una cuarta parte de los 120 j¨®venes que han pasado por El Casta?o en sus dos a?os de funcionamiento se ha fugado. Este centro concertado, dirigido por una ONG espa?ola, cuenta con personal marroqu¨ª cualificado y ha conseguido un alto ¨ªndice de reagrupamientos familiares: un 28% en Marruecos y un 9% con parientes en Espa?a. Por el contrario, en Torre del Mar se escap¨® la mitad de los que estuvieron este curso escolar.

Javier Garc¨ªa Rull, fiscal de Menores de M¨¢laga, advierte de que "muchos de estos j¨®venes vienen a ganar dinero f¨¢cil y acaban en las redes de la prostituci¨®n infantil, el tr¨¢fico de drogas o en bandas que se dedican a peque?os hurtos". El propio Garc¨ªa Rull dispuso en febrero que Said y otros compa?eros de Torre del Mar fueran distribuidos en otros centros mientras se aclaraba qui¨¦nes eran las personas que ven¨ªan por la noche para llevarse a algunos de los internos.

Rara vez dan su nombre y edad verdaderos. Desde hace cuatro a?os la edad se establece con una radiograf¨ªa (oseometr¨ªa) de la mu?eca, que detecta si el crecimiento del individuo se ha detenido. Una vez declarados menores, si no se consigue que vuelvan con su familia -s¨®lo se logra en un 20% de los casos-, la comunidad aut¨®noma ejerce la tutela hasta la mayor¨ªa de edad. P¨¦rez Salda?a describe un perfil frecuente: "Son los ni?os-boya que lanzan hacia Europa, para intentar aqu¨ª el reagrupamiento familiar. Los padres no entienden que no tengan edad para trabajar. Creen que desde los 12 a?os los ni?os son un patrimonio al que hay que sacar rendimiento econ¨®mico".