El Gobierno reforma la Ley de Extranjer¨ªa pese a las quejas de los agentes sociales y la oposici¨®n

El Gobierno se dispone a aprobar hoy, desoyendo las quejas de las organizaciones sociales y los emplazamientos de la oposici¨®n, una reforma restrictiva de Ley de Extranjer¨ªa sacada adelante a finales de la legislatura pasada con el apoyo de todos los partidos, excepto el PP. "?Basta de buenos sentimientos!", exclam¨® ayer el ministro del Interior, Jaime Mayor, justificando un endurecimiento de la normativa actual para impedir que en Espa?a haya un proceso de "regularizaci¨®n permanente" de inmigrantes. Las modificaciones anunciadas por el Ejecutivo y el anuncio de que quienes no consigan la residencia ser¨¢n expulsados, ha desencadenado duras cr¨ªticas por parte de los partidos de la oposici¨®n, los sindicatos y los agentes sociales.

Las ONG, en contra

El anuncio del Gobierno de que en la reforma incluir¨¢ algunas sugerencias realizadas por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo de Estado no ha tranquilizado a quienes plantean que no es momento para cuestionar una ley que apenas ha echado a andar. El PSOE, que el mi¨¦rcoles solicitaba al Ejecutivo un aplazamiento de un mes, en la confianza de poder alcanzar a la vuelta del verano un pacto de Estado sobre la inmigraci¨®n, advert¨ªa ayer al Gobierno de que si aprueba hoy la reforma, tal como ha anticipado el vicepresidente Mariano Rajoy, "no se har¨¢ c¨®mplice de hechos consumados".El secretario de Organizaci¨®n del primer partido de la oposici¨®n, Jos¨¦ Blanco, insisti¨® en que si no se logra un consenso "es porque el Gobierno se empe?a en sacar su texto desoyendo a las dem¨¢s fuerzas pol¨ªticas y sociales" y sugiri¨® que el Ejecutivo, antes de aprobar su reforma, har¨ªa bien en atender no s¨®lo las recomendaciones del CGPJ, sino tambi¨¦n las del Consejo Econ¨®mico y Social (CES), al que ni siquiera se ha dirigido.

El delegado del Gobierno, Enrique Fern¨¢ndez-Miranda, comentaba el mi¨¦rcoles que el Ejecutivo "no tendr¨ªa ning¨²n inconveniente en escuchar las observaciones que pudiera hacer el CES", pero admit¨ªa que no le ha pedido su opini¨®n.

La historia se repite. Tanto el Poder Judicial como el Consejo de Estado tuvieron que recordarle al Ejecutivo, despu¨¦s de que el 13 de junio aprobara un texto de reforma no consultado con ambos organismos, que cuando se trata de derechos fundamentales se debe escuchar previamente su parecer. Ahora, en segunda tentativa, el anteproyecto de ley vuelve al Consejo de Ministros. esta vez, tras pasar por las manos de jueces y consejeros de Estado. Sin embargo, el vicepresidente del grupo sindical del Consejo Econ¨®mico y Social y consejero de CC OO, Juli¨¢n Ariza, reprochaba ayer a La Moncloa que se haya olvidado de remitir tambi¨¦n el anteproyecto al CES, tal y como este ¨®rgano consultivo hab¨ªa solicitado la semana pasada.

Seg¨²n Ariza, el Ejecutivo est¨¢ "vulnerando" la ley del propio CES, que establece que cualquier decreto o anteproyecto cuyo contenido afecte a los derechos laborales debe remitirse a este organismo para que emita un informe preceptivo, aunque no vinculante. "En determinadas cuestiones no les interesa [al Gobierno] consultar a los ¨®rganos preceptivos y dan la callada por respuesta", a?adi¨®. Ante esta situaci¨®n, se?al¨® que en la pr¨®xima reuni¨®n del CES, que se celebrar¨¢ en septiembre, se estudiar¨¢n posibles medidas contra la actitud del Ejecutivo.

Por su parte, el vicepresidente primero Mariano Rajoy argumentaba, a pocas horas de la decisiva reuni¨®n de hoy, que el Ejecutivo pretende hacer "una reforma realista, que no impida ordenar algo razonablemente", y manifestaba que el objetivo que se persigue es que todos los inmigrantes que lleguen a Espa?a "tengan una vida digna, con trabajo y derechos, para que no vivan peor que en su pa¨ªs". Asimismo, expresaba su confianza en que, una vez que el texto reformado sea enviado a las Cortes para su tramitaci¨®n parlamentaria, se pueda llegar "a un entendimiento con algunas de las fuerzas pol¨ªticas y organizaciones sociales".

La postura de las ONG es de malestar y rechazo a la actitud del Gobierno. Las 11 asociaciones agrupadas en Iniciativa Papeles para Todos, entre las que se encuentran la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos y SOS Racismo, difundieron ayer un comunicado en el que se oponen radicalmente a la reforma. "Apostamos por una aut¨¦ntica pol¨ªtica de inmigraci¨®n que contemple a todo ser humano como persona con derechos inalienables y nos oponemos p¨²blicamente a cualquier retroceso en el reconocimiento de derechos para los inmigrantes, que es lo que el PP pretende modificando la actual normativa", reza el comunicado. Y a?aden: "A nadie se le escapa que un endurecimiento de la ley, lejos de significar la desaparici¨®n de las mafias, lo que conseguir¨¢ ser¨¢ justificar ante sus v¨ªctimas una elvaci¨®n de los precios al ser m¨¢s arriesgado el viaje para llegar a Espa?a; ello s¨®lo dar¨¢ como resultado un mayor sufrimiento y m¨¢s muertes en nuestras costas". De este modo, responde el comunicado a la argumentaci¨®n, repetida hasta la saciedad por el Gobierno, de que esta reforma pretende servir para "ordenar la inmigraci¨®n" y "acabar con las mafias que trafican con personas".

Por su parte, la Comisi¨®n Espa?ola de Ayuda al Refugiado (CEAR) subraya que el Gobierno no ha dado tiempo suficiente a la ley en vigor y se suma a la iniciativa de aplazar la reforma para abrir una pol¨ªtica de consenso.