El Gobierno no concede a los inmigrantes los derechos pol¨ªticos que ped¨ªa el Poder Judicial

El Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar cumpli¨® ayer con sus previsiones y se fue de vacaciones dejando aprobada la reforma de la Ley de Extranjer¨ªa anunciada en el programa electoral que dio al PP la mayor¨ªa absoluta en las elecciones del 12 de marzo. Finalmente, el Ejecutivo ha tenido en cuenta 17 sugerencias del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, entre ellas varias mejoras sociales, pero rechaza que los "ilegales" puedan tener los derechos de reuni¨®n, asociaci¨®n, manifestaci¨®n, sindicaci¨®n y huelga.

El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, fue ayer expl¨ªcito en cuanto a los fines que persigue esta discutida reforma: distinguir entre "inmigrantes legales" e "inmigrantes ilegales". Y una vez hecha esta divisi¨®n, actuar en consecuencia. No procede pues, en criterio del Ejecutivo, que los extranjeros que no consigan regularizar su situaci¨®n en Espa?a tengan los derechos pol¨ªticos que suger¨ªa el Poder Judicial. "No tiene sentido reconocerle el derecho de huelga, por ejemplo, a una persona que se encuentra ilegalmente en el pa¨ªs; es metaf¨ªsicamente imposible", argument¨® Rajoy. La petici¨®n del PSOE de que esta reforma no fuera aprobada antes del verano, en aras de un posible pacto de Estado sobre la inmigraci¨®n, ha ca¨ªdo en saco roto. Pero ello no excluye el consenso con los partidos pol¨ªticos y las organizaciones sociales durante el tr¨¢mite parlamentario. En todo caso, el nuevo texto pule el endurecimiento previo que se hab¨ªa planteado el Gobierno. Los 13 art¨ªculos retocados de acuerdo con las observaciones del Consejo del Poder Judicial y del Consejo de Estado incluyen ya la asistencia letrada en los puestos fronterizos y especifican los recursos legales que pueden emprender los extranjeros afectados por decisiones contrarias a sus intereses.