Aborto adolescente

Uno de los objetivos centrales de toda pol¨ªtica de planificaci¨®n familiar afinada es conseguir que los sectores m¨¢s j¨®venes de la poblaci¨®n tengan a su alcance todos los elementos necesarios para que sus decisiones en ese terreno sean libres y plenamente conscientes. Es imprescindible para ello un acceso f¨¢cil a los m¨¦todos anticonceptivos y la implantaci¨®n de un sistema de informaci¨®n que, lejos de limitarse al inventario de soluciones, sea capaz de interesar y educar a los j¨®venes. Este objetivo, pese a que a¨²n haya quien cuestione la libertad de decidir de las mujeres, constituye, m¨¢s all¨¢ de sus beneficios sanitarios, un term¨®metro del desarrollo real de una sociedad. En Espa?a, sin embargo, el mercurio a¨²n parece congelado en ¨¦pocas pasadas, como demuestra que aborte el 39% de las embarazadas de entre 15 y 19 a?os, frente al 12% general. Porcentaje que supera el 50% en lugares como Catalu?a, Madrid, Arag¨®n y Asturias, seg¨²n un revelador estudio del Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas elaborado a partir de las ¨²ltimas estad¨ªsticas oficiales disponibles. El informe destaca la tendencia al alza de las interrupciones, toda vez que hace diez a?os abortaba el 20% de las adolescentes.

La crudeza de las cifras parece aconsejar una revisi¨®n de la pol¨ªtica de planificaci¨®n familiar por parte de los responsables del Ministerio de Sanidad. Pocos pueden dudar a estas alturas de que los j¨®venes tienen informaci¨®n suficiente a su disposici¨®n, pero salta a la vista que algo falla en su recepci¨®n.

La falta de medios, una educaci¨®n sexual poco depurada en las escuelas y el temor que a¨²n genera en ciertos ¨¢mbitos de decisi¨®n pol¨ªtica el hecho de que los menores tengan un acceso pleno a la planificaci¨®n, posiblemente se agazapen detr¨¢s de este fracaso. Los mensajes han de cambiar urgentemente, y, desde el reconocimiento de que s¨®lo una peque?a parte de los embarazos entre adolescentes son realmente deseados, se han de despejar las brumas que rodean este terreno en Espa?a. No hacerlo as¨ª equivale a certificar la inoperancia en un aspecto crucial del sistema sociosanitario.