20 a?os de interesada "transitoriedad" electoral

El Estatuto de Autonom¨ªa dice en su art¨ªculo 31 que el Parlamento catal¨¢n ser¨¢ elegido por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, de acuerdo con una ley electoral que el propio Parlamento aprobar¨¢. Tambi¨¦n garantiza la proporcionalidad en la distribuci¨®n de los esca?os y la adecuada representaci¨®n territorial. Pero del dicho al hecho hay un buen trecho. Y en la realidad, el voto de los ciudadanos de la provincia de Lleida val¨ªa ya en las primeras elecciones auton¨®micas 2,22 veces m¨¢s que el de los electores de la provincia de Barcelona. Desde estonces, esa desigualdad se ha incrementado, y en las elecciones auton¨®micas de 1999 el voto de los leridanos val¨ªa 2,29 veces m¨¢s que el voto de los barceloneses.Mientras las elecciones han dado victorias claras a la coalici¨®n de Jordi Pujol, ni la desigualdad del voto ni el hecho de que una normativa transitoria durara ya 20 a?os han sido piedra de esc¨¢ndalo, aunque la izquierda siempre haya reclamado una ley electoral. En las ¨²ltimas elecciones, sin embargo, se dio la circunstancia de que Pasqual Maragall obtuvo 6.000 votos m¨¢s que Pujol, pero eso no impidi¨® que Pujol lograra cinco esca?os m¨¢s que Maragall y entonces se puso clamorosamente en evidencia que el voto no es igual. Que no vale lo mismo en una circunscripci¨®n electoral que en otra. Y que desde luego esa desigualdad favorece a la derecha. De ah¨ª que ahora Maragall haya puesto sin tardanza sobre el tapete la necesidad de redactar la ley electoral prevista en el Estatuto.

La disposici¨®n transitoria cuarta del Estatuto determin¨® que el Parlament tendr¨ªa 135 diputados y que la circunscripci¨®n electoral ser¨ªa la provincia. Fij¨® tambi¨¦n que la de Barcelona elegir¨ªa un diputado por cada 50.000 habitantes, con un m¨¢ximo de 85. En cambio, a las de Girona, Lleida y Tarragona les atribuy¨® la elecci¨®n de un m¨ªnimo de seis diputados m¨¢s uno por cada 40.000 habitantes, de manera que tendr¨ªan 17,15 y 18, respectivamente.

Esa distribuci¨®n de esca?os consagraba desde el primer d¨ªa la desigualdad del voto en perjuicio de los ciudadanos de la provincia de Barcelona. A la circunscripci¨®n de Lleida se le atribuy¨® un diputado cada 23.223 habitantes; a la de Girona, uno por cada 25.988 habitantes; a la de Tarragona un diputado por cada 26.685 y a la de Barcelona uno por cada 51.645 habitantes. Es decir, los ciudadanos de las provincias de Lleida, Girona y Tarragona obtuvieron una prima de representaci¨®n de m¨¢s del doble en el primer caso y de casi el doble en los otros dos.

La normativa "transitoria" fue elaborada seg¨²n el censo de 1975, que era el vigente en 1979, cuando se aprob¨® el Estatuto. Desde entonces la poblaci¨®n de Catalu?a ha crecido, y no de manera uniforme. La Catalu?a de 1975 ten¨ªa 5.660.393 habitantes. La de 1996 contaba con casi medio mill¨®n m¨¢s: 6.090.040 habitantes.

El resultado ha sido un aumento en la desigualdad del valor del voto, en beneficio de los electores de Lleida y en perjuicio de los de Barcelona. Seg¨²n el censo de 1996, el vigente en las elecciones de 1999, a Barcelona le correspondi¨® un diputado por cada 54.645 habitantes. A la circunscripci¨®n de Lleida, le corresponde un diputado por cada 23.763 habitantes. A la provincia de Girona el aumento de poblaci¨®n ha hecho que le corresponda un diputado por cada 31.176 habitantes y a la de Tarragona un diputado por cada 31.926.

Si en las elecciones de 1996 se hubiera aplicado la proporci¨®n de un diputado por cada 50.000 habitantes en la provincia de Barcelona establecida en 1980, le habr¨ªan correspondido 92. El l¨ªmite m¨¢ximo fijado entonces en 85 representaba la proporci¨®n de un diputado por cada 51.600 habitantes. Si a las de Girona y Tarragona, se les hubiera mantenido la proporci¨®n de seis diputados m¨¢s uno por cada 40.000 habitantes les habr¨ªan correspondido 19 y 20, en vez de 17 y 18. Y a la de Lleida los mismos 15 que tiene.

Eso ser¨ªa un parlamento con 146 diputados. Y desde luego no vale pensar que el crecimiento de la poblaci¨®n tenga que aumentar el n¨²mero de diputados. Pero es obvio que el mantenimiento de la transitoriedad se hace en perjuicio de la igualdad del voto de los ciudadanos y que ese perjuicio no ha hecho m¨¢s que crecer en 20 a?os.