La Junta acuerda llevar al Constitucional el decreto del Gobierno que regula las concesiones de la ITV

El Consejo de Gobierno acord¨® ayer interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la liberalizaci¨®n de las concesiones de la Inspecci¨®n T¨¦cnica de Veh¨ªculos (ITV), aprobada por el Ejecutivo de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar el pasado mes de junio, junto con los decretos de horarios comerciales y suelo. Seg¨²n explic¨® el portavoz de la Junta, Rafael Camacho, la nueva regulaci¨®n invade las competencias auton¨®micas en materia de industria y ocasiona "efectos muy negativos" al sector. El Gobierno andaluz se mostr¨® tambi¨¦n en contra de tres proposiciones de ley parlamentarias de PP e IU sobre asuntos sobre los que ya existe un anteproyecto del Ejecutivo en la C¨¢mara o est¨¢n en v¨ªas de ultimarse.

Camacho anunci¨® que el gabinete de Manuel Chaves formalizar¨¢ el recurso la semana pr¨®xima, en sinton¨ªa con las medidas que han tomado o est¨¢n a punto de hacerlo otras comunidades aut¨®nomas, como Arag¨®n, Catalu?a y Asturias. Seg¨²n el portavoz, la liberalizaci¨®n de la ITV -contenida en el Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio- vulnera el marco competencial de la Junta en materia de seguridad industrial, a la vez que puede ocasionar, entre otros efectos negativos, la modificaci¨®n del marco legal de las concesiones vigentes.Explic¨® que el sistema de ITV de Andaluc¨ªa se canaliza por ocho empresas concesionarias durante 20 a?os, que gestionan 43 estaciones, y la empresa p¨²blica Veiasa (Verificaciones Industriales de Andaluc¨ªa) en las zonas libres de concesiones. El sector factura 4.898 millones de pesetas anuales y da empleo a 500 trabajadores, que realizan dos millones de inspecciones al a?o. Adem¨¢s, a?adi¨® el portavoz, mientras la tarifa media de Andaluc¨ªa es de 3.200 pesetas por inspecci¨®n, la espa?ola es de 5.000 pesetas, la de Alemania, 11.000, y la de Reino Unido, 20.000 pesetas.

Rafael Camacho asegur¨® que la nueva norma pone en peligro el equilibrio econ¨®mico de Veiasa al modificarse el r¨¦gimen de exclusividad y provocar¨ªa la aparici¨®n de fen¨®menos de dumping, al eliminar las tarifas para sustituirla por precios m¨¢ximos "en detrimento de la calidad de las inspecciones". Agreg¨® que tambi¨¦n se conculca el principio de igualdad al suprimir la incompatibilidad de la prestaci¨®n del servicio de ITV con la de ser socio o directivo de talleres de reparaci¨®n de veh¨ªculos.

El portavoz asegur¨® que la posici¨®n de la Junta est¨¢ avalada por los principales agentes del sector, consumidores, sindicatos, informes t¨¦cnicos de la Junta, varios despachos de abogados y el Consejo Consultivo de la Generalitat de Catalu?a. Entre los argumentos para sostener el recurso, adem¨¢s de la invasi¨®n competencial, el Gobierno alegar¨¢ que no se dan los requisitos de "extraordinaria y urgente necesidad" que exige la Constituci¨®n espa?ola para utilizar la f¨®rmula del decreto ley y no la de ley, cuya tramitaci¨®n requiere el debate y aprobaci¨®n del Congreso de los Diputados.

Camacho ironiz¨® con el hecho de que la liberaci¨®n de la ITV fuera incluida en el decreto de telecomunicaciones: "No s¨¦ qu¨¦ tiene que ver, lo har¨ªan por operatividad, para no aprobar un mont¨®n de decretos a la vez".

Por otra parte, el Consejo de Gobierno expres¨® su "criterio contrario" a la tramitaci¨®n de las proposiciones de ley de carreteras, fomento, coordinaci¨®n de la investigaci¨®n cient¨ªfica, el desarrollo y la innovaci¨®n tecnol¨®gica, presentadas por el PP, y la de igualdad de las parejas de hecho, presentada por IU.

El portavoz explic¨® que el Gobierno ha enviado recientemente al Parlamento el anteproyecto de ley de carreteras y est¨¢ casi terminado el de fomento y coordinaci¨®n. "Adem¨¢s de que en la iniciativa del PP hay p¨¢rrafos literalmente reproducidos del anteproyecto el Gobierno, incluye medidas que suponen un incremento del gasto sin justificaci¨®n", dijo Camacho. Con la proposici¨®n de ley de parejas de hecho de IU ocurre lo mismo: la Junta tiene un borrador muy avanzado, adem¨¢s de que el de IU vulnera competencias estatales.