El Gobierno pide a Boliden que explique su marcha tras recibir 6.277 millones de la Administraci¨®n
La filial espa?ola negocia la venta de la mina con tres compa?¨ªas, seg¨²n los trabajadores
La decisi¨®n de Boliden Apirsa de suspender pagos y abandonar la mina de Aznalc¨®llar ha cogido con el pie cambiado al Gobierno y a la Junta de Andaluc¨ªa. A pesar de la cat¨¢strofe ecol¨®gica que provoc¨® la rotura de su balsa de residuos en el entorno de Do?ana, ambas administraciones se hab¨ªan comprometido a facilitar la supervivencia de la explotaci¨®n sevillana. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqu¨¦, inst¨® ayer a la empresa a "explicar muy bien esa decisi¨®n, porque ha recibido fondos p¨²blicos". Piqu¨¦, que era titular de Industria cuando se produjo el vertido t¨®xico (abril de 1998), hizo referencia as¨ª a los 6.277 millones de pesetas con los que Gobierno y Junta subvencionaron a Boliden Apirsa.
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqu¨¦, dijo ayer desconocer "las circunstancias que han llevado a la suspensi¨®n de pagos" de Boliden Apirsa en los pasillos del Congreso de los Diputados. "En el ¨¢mbito de las decisiones de la empresa privada, no hay que inmiscuirse", indic¨® el ministro, aunque s¨ª requiri¨® explicaciones a la filial espa?ola de la multinacional Boliden Limited sobre el destino de los 6.277 millones de pesetas concedidos por el Gobierno y la Junta para el "reflotamiento" de la mina. Boliden Apirsa present¨® el pasado lunes un expediente de suspensi¨®n de pagos en un juzgado sevillano con el que pretende saldar 14.600 millones de deudas (debe 9.400 millones a Boliden Limited) y "concluir sus operaciones de una manera ordenada". La empresa prev¨¦ abandonar la explotaci¨®n de Aznalc¨®llar dentro de un a?o, al no contar con los 5.000 millones necesarios para aprovechar un nuevo yacimiento (Los Frailes). La precaria situaci¨®n financiera de la multinacional, que arrastra una deuda de 130.000 millones, le impide poner m¨¢s dinero en su filial para un fil¨®n que deb¨ªa garantizar la pervivencia de la mina 10 a?os m¨¢s.
El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, tambi¨¦n anunci¨® que su departamento exigir¨¢ a la empresa "las responsabilidades que se puedan derivar no s¨®lo del accidente de Aznalc¨®llar, sino tambi¨¦n de los expedientes de las subvenciones concedidas". El ministro a?adi¨® que "en este asunto, algunos no han actuado correctamente". En todo caso, un portavoz de la empresa record¨® que los expedientes de subvenci¨®n -Boliden Apirsa ya ha cobrado todos, salvo 450 millones de la Junta de Andaluc¨ªa-, fueron aprobados en su momento por las administraciones central y auton¨®mica.
"No tengo ninguna duda de que tanto las ayudas del Gobierno como las de la Junta se concedieron con todos los requisitos que marca la ley", terci¨® el consejero andaluz de Industria, Jos¨¦ Antonio Viera, quien respond¨ªa as¨ª a una pregunta parlamentaria del secretario regional del PP, Antonio Sanz, sobre el destino de las subvenciones concedidas por el Gobierno auton¨®mico a Boliden Apirsa.
El consejero andaluz (del PSOE) apost¨® por un esfuerzo conjunto de ambas administraciones por garantizar la viabilidad de la actividad minera en la zona. Viera indic¨® que la rotura de la balsa minera "si bien no ha sido un factor determinante, s¨ª ha ayudado a empeorar la situaci¨®n". La empresa sostiene que las labores de limpieza del vertido t¨®xico, las indemnizaciones a los agricultores y el sellado de la balsa accidentada (a¨²n sin concluir) le ha costado 16.000 millones de pesetas, en los que incluye las p¨¦rdidas por un a?o sin actividad.
Izquierda Unida (IU) tambi¨¦n carg¨® contra la decisi¨®n de la empresa de suspender pagos. "La sociedad andaluza se siente atracada por Boliden, cuya acci¨®n ha sido coger el dinero, contaminar, dejar a los trabajadores sin empleo y correr", indic¨® el coordinador regional de IU, Antonio Romero.
Por su parte, los grupos ecologistas insistieron en que la empresa no puede dejar la explotaci¨®n sin concluir los trabajos de restauraci¨®n de la zona. Adem¨¢s, en caso de que ninguna compa?¨ªa minera siguiera con la actividad en Aznalc¨®llar, la empresa tendr¨¢ que tapar la antigua corta (mina a cielo abierto) que se ha empleado como dep¨®sito de los lodos t¨®xicos recogidos del valle del Guadiamar.
Asamblea de la plantilla
Los trabajadores de la mina (474 personas en plantilla) celebraron ayer una asamblea para analizar la suspensi¨®n de pagos. El presidente del comit¨¦ de empresa, Antonio Perejil, indic¨® que la asamblea hab¨ªa decidido requerir m¨¢s informaci¨®n a la empresa, que no cuantific¨® el "ajuste de plantilla" que quiere efectuar este a?o y que la empresa y los trabajadores tendr¨¢n un nuevo encuentro el pr¨®ximo 11 de octubre. Perejil asegur¨® que directivos de la empresa hab¨ªan confirmado al comit¨¦ contactos con "tres compa?¨ªas", dos canadienses y una australiana. La decisi¨®n de suspensi¨®n de pagos no afecta al proceso judicial, a¨²n en fase de instrucci¨®n, aunque fuentes judiciales admitieron la dificultad de implicar a la multinacional, Boliden Limited, en el pago de una hipot¨¦tica indemnizaci¨®n por el vertido. Boliden Apirsa (34.000 millones en activos), que tiene siete empleados imputados en la investigaci¨®n, est¨¢ constituida desde su formaci¨®n como sociedad limitada.
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