Una sentencia del Supremo portugu¨¦s provoca el archivo de miles de casos

La decisi¨®n del Tribunal Supremo portugu¨¦s al fallar que el interrogatorio de un imputado ante el juez no interrumpe el plazo de prescripci¨®n del sumario provocar¨¢ el archivo de centenares de casos, a los que deber¨¢n sumarse el carpetazo de m¨¢s de 45.000 procesos en los ¨²ltimos cinco a?os, entre ellos los m¨¢s importantes sumarios de corrupci¨®n pol¨ªtica y econ¨®mica, debido a los retrasos de la justicia portuguesa. El director del Observatorio Permanente de la Justicia, el soci¨®logo Boaventura Sousa Santos, afirma que esta "mega amnist¨ªa no fue una casualidad" y responsabiliza de ella al poder legislativo, entre 1988 y 1995, por no haber articulado una clara reforma del C¨®digo Penal. Un magistrado del Supremo declara que "los jueces se han limitado a aplicar la ley y no son responsables de las ambig¨¹edades u omisiones del Legislativo".

La crisis de la justicia portuguesa alcanza as¨ª cotas inimaginables. A las sucesivas amnist¨ªas decretadas y a las habituales prescripciones de sumarios, debidas a las lagunas y a la lentitud del sistema judicial, se suma ahora esta amnist¨ªa en la pr¨¢ctica, provocada por una clara omisi¨®n legislativa, fundamentalmente durante los a?os de los Gobiernos conservadores de An¨ªbal Cavaco Silva. Entre los casos de corrupci¨®n pol¨ªtica y econ¨®mica que ser¨¢n archivados destacan los presuntos fraudes y desv¨ªos de dinero del Fondo Social Europeo para la formaci¨®n profesional (el denominado caso Partex) a la Caixa Econ¨®mica Faialense o a la UGT.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recibido desde principios de este a?o hasta el 31 de agosto 71 demandas contra el Estado, en su mayor¨ªa por la lentitud judicial. El Tribunal Europeo conden¨® a Portugal en ocho casos, mientras que en otros cinco alcanz¨® "acuerdos amigables" con los demandantes para evitar nuevas condenas.

Sousa Santos explic¨® al diario P¨²blico que "los responsables pol¨ªticos entre 1988 y 1995 sab¨ªan muy bien las consecuencias del asunto cuando no reformaron el C¨®digo Penal. Basta verificar qui¨¦nes han sido los m¨¢s beneficiados. Existe un alto nivel de impunidad, en particular contra los implicados, del poder pol¨ªtico y econ¨®mico".

Prueba de las deficiencias del sistema portugu¨¦s es que la muerte, en extra?as circunstancias, del primer ministro Francisco S¨¢-Carneiro, el 4 de diciembre de 1980, haya pasado por siete comisiones de investigaci¨®n en el Parlamento sin llegar a juzgarse en los tribunales.