Una auditor¨ªa descarta que PSV desviara fondos de los cooperativistas

A punto de encarar la recta final del juicio que se inici¨® en marzo, el tribunal que juzga el llamado caso PSV se enfrenta a dos tesis radicalmente distintas sobre lo que realmente sucedi¨® en el gigantesco proyecto cooperativo que impuls¨® el sindicato UGT y que se hundi¨® con estr¨¦pito en 1994.Seg¨²n los peritos judiciales, PSV se hundi¨® porque arrastraba un d¨¦ficit de 18.500 millones de pesetas causados por los manejos contractuales entre la gestora de la cooperativa, IGS, la propia cooperativa y el sindicato UGT. Sin embargo, seg¨²n la auditor¨ªa encargada por IGS y por el ex administrador de UGT, Sebasti¨¢n Reyna, uno de los encausados, del an¨¢lisis de las cuentas "no se puede desprender que hubiera un desv¨ªo o utilizaci¨®n irregular de las aportaciones de los cooperativistas".

Los auditores de KPMG concluyen en su informe que en el caso PSV no hubo ni lucro personal de los acusados ni desv¨ªo de fondos -algo que ha quedado claro a lo largo del juicio-. Seg¨²n la auditor¨ªa, "la crisis de PSV estuvo b¨¢sicamente relacionada con la falta de obtenci¨®n de financiaci¨®n para poder continuar con la construcci¨®n de las promociones, dando lugar a la fuerte insolvencia de estas sociedades y su posterior liquidaci¨®n tras la intervenci¨®n p¨²blica [en 1994]". El fracaso del gran proyecto -175 promociones, m¨¢s de 22.000 viviendas proyectadas- se debi¨®, pues, a causas externas a la gesti¨®n de la cooperativa.

El n¨²cleo de la discrepancia entre los peritos judiciales y los auditores de KPMG est¨¢ en los honorarios de gesti¨®n que la gestora IGS cobr¨® a la cooperativa PSV (10.102 millones de pesetas) y en las cantidades que UGT, impulsora del proyecto, cobr¨® a IGS por promocionar la cooperativa.

Los peritos judiciales estimaron que IGS, que factur¨® por gesti¨®n a PSV 10.102 millones, s¨®lo pod¨ªa jutificar 4.000 millones. De la misma forma, cuestionaron los 946 millones cobrados por el sindicato, que supon¨ªa entre el 8% y el 12% del precio final de la vivienda.

Frente a esta tesis, KPMG estima que las cantidades cobradas tanto por IGS como por UGT estaban justificadas por contratos y se encuentran dentro de los par¨¢metros de mercado. Seg¨²n KPMG, los peritos judiciales se extralimitaron en sus apreciaciones e incluso ignoraron en sus an¨¢lisis las directrices del Instituto de Contabilidad y Auditor¨ªa de Cuentas.

El informe de KPMG es un nuevo jarro de agua fr¨ªa para las acusaciones del caso -representan a unos 3.600 ex cooperativistas que se sintieron estafados por PSV-, obligadas a probar que en el hundimiento de la cooperativa se cometieron delitos de apropiaci¨®n indebida, estafas continuadas y falsedad en documento mercantil. De los siete encausados con que se inici¨® el juicio (Carlos Sotos, ex responsable de IGS-PSV; Sebasti¨¢n Reyna, ex administrador de UGT; su antecesor, Paulino Barrab¨¦s; Ferm¨ªn Bret¨®n, Francisco Hern¨¢ndez, Jes¨²s Aina y Primitivo ?lvaro), s¨®lo cinco permanecen en el banquillo, ya que las acusaciones han desistido de los cargos imputados contra Aina y ?lvaro, directivos de nivel medio de IGS-PSV sin responsabilidad en su gesti¨®n.

Al inicio del juicio, ya se hab¨ªan entregado un total de 11.893 viviendas y de los 6.503 reclamantes en el caso, 2.858 hab¨ªan recibido su piso y 3.011 el dinero comprometido.