Ruiz-Gallard¨®n, abucheado en la Asamblea por unos 60 familiares de discapacitados

El presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, escuch¨® ayer pateos y abucheos al terminar de explicar el nuevo sistema de precios en centros para discapacitados, en el pleno de la Asamblea de Madrid. Un grupo de 60 personas que asist¨ªa al debate mostr¨® as¨ª su desacuerdo con el plan que permitir¨¢ cobrar los servicios de este tipo de centros seg¨²n un baremo establecido de acuerdo con las rentas familiares.

Almeida pide gratuidad

Ni siquiera el hecho de que Ruiz-Gallard¨®n se pusiera a s¨ª mismo como ejemplo de persona con alta renta que deber¨ªa pagar por esos servicios convenci¨® a los padres de discapacitados que escuchaban desde la tribuna de invitados. El presidente puso varios ejemplos, todos relacionados con la Comunidad de Madrid. En el primer tramo situ¨® a un ordenanza de la sede del Gobierno regional, con una familia de cuatro miembros, mujer no trabajadora, con renta mensual neta de 152.235 pesetas -incluyendo pensi¨®n del hijo disminuido-. En este caso, no pagar¨ªa ni por los servicios del centro de d¨ªa ni por los de residencia.El mismo tipo de familia, pero en este caso un ujier de la Asamblea, con una renta de 238.000 pesetas, pagar¨ªa unas 20.000 pesetas por la residencia. Y nada por el centro de d¨ªa. Ruiz-Gallard¨®n utiliz¨® tambi¨¦n el ejemplo de un diputado en esas mismas circuntancias familiares. Con una renta de 489.494 pesetas, tendr¨ªa que pagar algo m¨¢s de 36.000 pesetas por el centro de d¨ªa y 97.000 por la residencia. Y por ¨²ltimo se puso a s¨ª mismo como ejemplo: ingresos de casi 800.000 pesetas al mes. "?Les parece mal que si tuviera que utilizar estos servicios pagara 74.000 pesetas por centro de d¨ªa y 174.240 por residencia?", pregunt¨®.

No convenci¨® a la tribuna de invitados. Los padres acogieron sus palabras con un fuerte pateo. Y tampoco convenci¨® a la presidenta del Grupo PSOE-Progresistas, Cristina Almeida, que hab¨ªa planteado el tema en el pleno de ayer. Almeida pidi¨® que se dejara sin efecto el acuerdo y exigi¨® gratuidad para las familias de los disminuidos. La nueva medida, seg¨²n la diputada, afectar¨ªa a miles de familias que se ver¨ªan privadas de ese derecho y condenadas a recluir en el domicilio familiar a los afectados.La decisi¨®n de que los minusv¨¢lidos paguen seg¨²n sus rentas por servicios que parte de ellos tienen ahora de forma gratuita parte del Plan Regional de Discapacidad, consensuado con las asociaciones de afectados. El objetivo final es que todos los disminuidos f¨ªsicos y ps¨ªquicos y sus familias (salvo los de rentas muy bajas) aporten un dinero (1.300 millones) para, con 26.000 millones que pondr¨¢ la Comunidad, concertar los centros de d¨ªa y residencias regentados en la actualidad por las asociaciones. Hasta ahora, la red de atenci¨®n a minusv¨¢lidos estaba formada por centros p¨²blicos gratuitos y por centros privados de asociaciones en los que hab¨ªa que pagar.

Pero el sistema de tarifas decidido por el Gobierno regional ha levatado fuertes protestas entre los afectados. Hace dos semanas, miles de familias recibieron una carta de la Consejer¨ªa de Servicios Sociales en la que se les indicaba que deber¨ªan abonar el 75% de la renta per c¨¢pita familiar (el total de ingresos dividido entre 12 meses y entre el n¨²mero de miembros) por la residencia de sus hijos y el 37,5% por los centros de d¨ªa. Por ejemplo, la renta per c¨¢pita de una familia de tres miembros que gana 300.000 pesetas ser¨ªa de 100.000 pesetas.

La Federaci¨®n de Organizaciones y Personas con Retraso Mental (FEAPS) se quej¨® a la consejer¨ªa. Consideraba que con este sistema "se gravaba la renta familiar" y propon¨ªa que la Administraci¨®n se quede con una parte de la pensi¨®n que percibe el discapacitado, pero sin tocar los ingresos del hogar.

La consejera de Servicios Sociales, Pilar Mart¨ªnez, reconoce que la carta enviada estaba "mal redactada". "Daba la impresi¨®n de que estaba todo decidido cuando falta por desarrollar el sistema de tarifas", apostilla.

El Consejo de Representantes de Minusv¨¢lidos (CERMI), integrado por las asociaciones madrile?as de discapacitados, decidi¨® oponerse a la propuesta del Gobierno regional de tener en cuenta la renta familiar. Y con esa postura de oposici¨®n lleg¨® su presidenta, Mar¨ªa Luisa Ram¨®n-Laca, a la reuni¨®n que el CERMI mantuvo el mi¨¦rcoles con los responsables de Servicios Sociales.

Sin embargo, sorprendentemente, el encuentro acab¨® en un acuerdo en el que el CERMI aprueba "de forma un¨¢nime" su "conformidad con establecer la renta per c¨¢pita de la unidad de convivencia como criterio para fijar los precios p¨²blicos de residencias y centros de d¨ªa en lugar de un porcentaje sobre la pensi¨®n p¨²blica del discapacitado".

?Por qu¨¦ se produjo este giro copernicano? Ram¨®n-Laca lo explica: "Nos plantearon que las familias con menos renta tendr¨ªan gratis los centros de d¨ªa y las residencias y nos explicaron que habr¨ªa otras exenciones. Con esas matizaciones, el sistema de tener en cuenta la renta familiar era m¨¢s justo que el de pagar con la pensi¨®n", afirma Ram¨®n-Laca. Tambi¨¦n ayud¨® al acuerdo el compromiso del Gobierno regional de contar con las asociaciones para desarrollar las tarifas.

Pero las bases de las asociaciones, al enterarse de este acuerdo contrario a lo decidido, montaron en c¨®lera. Ram¨®n-Laca entona el mea culpa. "Admito que no ten¨ªa que haber acordado nada sin consultarlo con los asociados". La trifulca sigue, ya que ayer mismo, mientras un grupo de afectados abucheaba a Ruiz-Gallard¨®n en la Asamblea, la junta directiva de FEAPS volvi¨® a reunirse con los responsables de la consejer¨ªa.