Derecho o privilegio CARLES MART?NEZ

En Catalu?a, en t¨¦rminos relativos, se ha producido un aumento notable de las unidades concertadas en las escuelas privadas y una reducci¨®n considerable de las de los centros p¨²blicos. Las ¨²ltimas partidas presupuestarias confirman esta afirmaci¨®n. Se ha argumentado que resulta m¨¢s barato concertar que mantener centros p¨²blicos. Pero incluso desde un punto de vista estrictamente econ¨®mico esto no es correcto. Habr¨ªa que calcular tambi¨¦n el coste social en t¨¦rminos de bienestar. No podemos olvidar que la educaci¨®n es un bien preferente que, junto a la sanidad y a la vivienda, debe integrarse en los mecanismos de redistribuci¨®n de la renta de una sociedad democr¨¢tica.Ense?anza ha convertido en principio rector el supuesto derecho de las familias a escoger centro educativo. Cabe decir que este derecho no est¨¢ recogido en ning¨²n marco jur¨ªdico. Pero adem¨¢s no es cierto que todas las familias puedan acceder a este derecho, ya que no todas pueden pagar las "aportaciones a la fundaci¨®n" que exigen los centros concertados. Y si de este hipot¨¦tico derecho s¨®lo se benefician quienes pueden pagar entre 30.000 y 60.000 pesetas al mes por cada hijo, tal derecho deja de serlo y se convierte en un privilegio. Privilegio al que contribuimos todos, pues lo sufragamos con dinero p¨²blico.

Nos encontramos, adem¨¢s, ante una enorme paradoja. La legalidad obliga a que la ense?anza en las escuelas concertadas sea gratuita, a que las aportaciones a las fundaciones siempre sean voluntarias y a que la Administraci¨®n vele por el cumplimiento del ordenamiento jur¨ªdico. La realidad, sin embargo, es muy diferente. La ense?anza se cobra en estas escuelas y las aportaciones a las fundaciones se convierten en obligatorias. Existen, adem¨¢s, directrices pol¨ªticas de Ense?anza hacia la inspecci¨®n educativa para que adopte una postura de pasividad ante estas irregularidades. La situaci¨®n supera la estricta responsabilidad pol¨ªtica.

Este proceder del departamento, sumado a lo que pueda comportar el nuevo decreto de matriculaci¨®n, hace que en estos momentos ya tengamos las primeras alarmas sonando. El riesgo de tener dos tipos de escuela: una privada para las capas altas y medias de la sociedad, y otra p¨²blica para los menos favorecidos, es un hecho. Y el riesgo de falta de cohesi¨®n social que esto puede comportar es enorme. Resulta inadmisible este sutil y paulatino sistema de aumentar conciertos, as¨ª como la actitud de la Generalitat de dejar la caja abierta cada vez que las patronales van a pedir m¨¢s dinero p¨²blico, m¨¢s dinero de todos.

Carles Mart¨ªnez es secretario general del sindicato USTEC-STE.