Las ONG acusan al Gobierno de crear una bolsa de marginalidad

Las ONG que se ocupan de atender a inmigrantes acusaron ayer al Gobierno de crear "alarma social" con su anuncio de que expulsar¨¢ a m¨¢s de 27.000 extranjeros cuyas solicitudes de regularizaci¨®n han sido rechazadas. Delia Blanco, presidenta de la Comisi¨®n de Ayuda al refugiado (CEAR), asegur¨® que a la mayor¨ªa de ellos no se les puede expulsar, por lo que, al negarles la posibilidad de regularizarse, se les empuja a la marginalidad.

Ramiro Garc¨ªa de Dios, de la junta directiva de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos, record¨® ayer que la actual ley de Extranjer¨ªa, todav¨ªa vigente hasta que se publique en el BOE la reforma impulsada por el Gobierno, no contempla la expulsi¨®n de aquellos extranjeros que est¨¦n en Espa?a en situaci¨®n irregular. S¨®lo se les puede comunicar la obligatoriedad de salir del pa¨ªs e imponerles un multa de hasta 50.000 pesetas si no lo hacen.La nueva ley s¨ª contempla la expulsi¨®n de irregulares, pero es dudoso que se les pueda aplicar con car¨¢cter retroactivo a los excluidos del ¨²ltimo proceso de regularizaci¨®n y, sobre todo, resulta pr¨¢cticamente imposible aplicarla. Delia Blanco record¨® ayer que Marruecos es pr¨¢cticamente el ¨²nico pa¨ªs que admite a sus ciudadanos expulsados de Espa?a, pero hay que demostrar que tienen dicha nacionalidad, por lo que los marroqu¨ªes podr¨ªan ser los m¨¢s perjudicados por esta medida. El Ministerio del Interior est¨¢ negociando un convenio de admisi¨®n con Nigeria, de donde proceden muchos de los subsaharianos, pero a¨²n no se sabe cu¨¢ndo estar¨¢ en vigor. Los indocumentados cuya nacionalidad se desconoce no pueden ser expulsados a ning¨²n pa¨ªs.

Pero, adem¨¢s de los problemas legales, existe una incapacidad material. Con la ley de Extranjer¨ªa de 1985 se ven¨ªan expulsando unos 5.000 extranjeros al a?o, por lo que har¨ªa falta m¨¢s de un lustro para expulsar a los 27.000 actuales, sin tener en cuenta a los que sigan llegando. Finalmente, est¨¢ el factor econ¨®mico: se estima que la expulsi¨®n de un ciudadano chino cuesta alrededor de un mill¨®n de pesetas, teniendo en cuenta que, adem¨¢s del billete de avi¨®n, hay que pagar a los funcionarios que se encargan de la custodia.

Fuentes del Ministerio del Interior reconocieron ayer que no existe ning¨²n plan para expulsar a los inmigrantes, mientras que un portavoz de la Secretar¨ªa de Estado para la Inmigraci¨®n no supo explicar qu¨¦ va a ocurrir con ellos. Fuentes policiales indicaron que lo m¨¢s probable es que se siga actuando como en el pasado: s¨®lo ser¨¢n detenidos y expulsados cuando se les requiera la documentaci¨®n y se compruebe su estancia irregular en Espa?a.

El ministro Portavoz, P¨ªo Cabanillas, declar¨® ayer que "no se va a organizar ninguna cacer¨ªa" de inmigrantes irregulares. "Es espantoso plantearlo en esos t¨¦rminos, sencillamente se ha regulado lo que es el marco jur¨ªdico del extranjero en este pa¨ªs".

El resultado de esta pol¨ªtica, advirti¨® Delia Blanco, es que se condena a decenas de miles de personas a vivir en la marginalidad, caldo de cultivo de la explotaci¨®n laboral y la delincuencia. La presidenta de CEAR y diputada del PSOE denunci¨® tambi¨¦n que el Gobierno no ha arbitrado medios econ¨®micos para favorecer la integraci¨®n de los inmigrantes, ya que la partida de 500 millones prevista resulta "abiertamente insuficiente".

La falta de recursos ha llevado al PSOE a oponerse al Programa Global de Regulaci¨®n y Coordinaci¨®n de la Extranjer¨ªa y la Inmigraci¨®n en Espa?a, el denominado Plan Greco. Los socialistas votar¨¢n en contra el pr¨®ximo jueves, cuando se debata en la subcomisi¨®n creada en el Congreso, si el Gobierno no aprueba una dotaci¨®n de 30.000 millones que consideran imprescindibles para afrontar el problema. Adem¨¢s, plantear¨¢n otras 55 enmiendas parciales al plan presentado por el secretario de Estado de Extranjer¨ªa, Enrique Fern¨¢ndez-Miranda.