Las autonom¨ªas advierten al Gobierno de que no tienen medios para asumir la Ley del Menor

Los consejeros de Justicia de Andaluc¨ªa, Catalu?a, Pa¨ªs Vasco, Galicia, Canarias, Navarra y la Comunidad Valenciana pidieron una moratoria de la Ley del Menor, modificada en dos ocasiones antes de entrar en vigor, poco despu¨¦s de que el ministro de Justicia, ?ngel Acebes, insistiera en que la normativa entrar¨ªa en vigor en enero. Incluso el Defensor del Pueblo, Enrique M¨²gica, recomend¨® la moratoria 'hasta tanto no se habiliten los recursos humanos y materiales para su aplicaci¨®n'. Estas quejas llevaron al Ejecutivo a elaborar una encuesta entre los Gobiernos regionales para conocer su situaci¨®n y sus necesidades.

Las comunidades aut¨®nomas se quejaron de falta de medios, de que el Gobierno ha legislado en un asunto en el que tienen transferidas las competencias y, sobre todo, de que no se han negociado ni fijado transferencias econ¨®micas. El Gobierno accedi¨® a aplazar dos a?os el art¨ªculo de la ley referido a los delincuentes de entre 18 y 21 a?os para estudiar qu¨¦ medios y cu¨¢nto dinero hac¨ªa falta. Pero poco m¨¢s. La nueva ley entrar¨¢ en vigor, con o sin centros, el d¨ªa 13.

El Ejecutivo afirma que ya ha destinado a las comunidades 4.000 millones de pesetas, pero s¨®lo Andaluc¨ªa calcula sus necesidades de inversi¨®n en 14.000 millones

Las comunidades, que tienen transferidas las competencias de menores y tienen a su cargo los centros de reforma, han calculado que tendr¨¢n que acoger a un millar de j¨®venes procedentes de prisiones. Sin embargo, Instituciones Penitenciarias asegura que s¨®lo habr¨¢ 90 j¨®venes que van a salir de la prisi¨®n al reformatorio. Sea la cifra que sea, las comunidades deben asumir su custodia y manutenci¨®n en centros nuevos o ampliados.

El Ministerio de Justicia dice que ya ha invertido 4.400 millones para la entrada en vigor de la Ley del Menor, cantidad a la que hay que sumar el dinero invertido por las comunidades, otros 3.000 millones. Pero estas cifras no casan, porque Andaluc¨ªa, Madrid y Pa¨ªs Vasco aseguran que en conjunto sus respectivos Ejecutivos han gastado ya m¨¢s de 14.000 millones para afrontar la entrada en vigor de la ley. La situaci¨®n en las principales comunidades es ¨¦sta:

- Andaluc¨ªa. La Consejer¨ªa de Justicia, con un presupuesto de 1.310 millones, est¨¢ preparada para comenzar a aplicar la ley. Pero la de Asuntos Sociales calcula que s¨®lo en este a?o necesitar¨¢ 13.850 millones para atender las nuevas competencias que la norma le otorga; para acoger a los 345 menores de 21 a?os que ahora est¨¢n en prisiones y para construir 29 nuevos centros. El consejero Isa¨ªas P¨¦rez Salda?a advierte de que si no se cubren esas necesidades, Andaluc¨ªa se va a ver desbordada por esta ley. Asuntos Sociales, por su cuenta, est¨¢ construyendo o reformando cuatro centros de atenci¨®n e internamiento de menores, a los que hay que a?adir otros seis ya en funcionamiento.

- Catalu?a. Desde que se anunci¨® la reforma de la ley, el Departamento de Justicia de la Generalitat mostr¨® su oposici¨®n a la modificaci¨®n del texto, ya que considera que abre un conflicto de competencias entre el Estado y la Generalitat de Catalu?a, la ¨²nica comunidad que tiene traspasada la pol¨ªtica penitenciaria.

Francesc Jim¨¦nez Gus¨ª, director general de Servicios Penitenciarios y Rehabilitaci¨®n, opina que la reforma de la ley alarga excesivamente el cumplimiento de las penas. 'Lo que no se pueda lograr en un centro de cumplimiento de j¨®venes en t¨¦rminos educativos y de rehabilitaci¨®n en cinco a?os dif¨ªcilmente se puede lograr en m¨¢s tiempo. Por eso pensamos que es incoherente alargar la estancia en la c¨¢rcel', asegura.

La consejera de Justicia de la Generalitat, N¨²ria de Gispert, piensa en t¨¦rminos casi id¨¦nticos pero a?ade su disconformidad con que la competencia en la ejecuci¨®n de la pena en el caso de menores se atribuya al tribunal sentenciador, ya que la Generalitat tiene competencias en el ¨¢mbito de menores y de pol¨ªtica penitenciaria.

- Comunidad Valenciana. La Generalitat Valenciana a¨²n no ha inventariado el n¨²mero de plazas disponibles para el internamiento de menores. De momento, seg¨²n fuentes de la Fiscal¨ªa y de Comisiones Obreras, s¨®lo est¨¢n computadas las del centro de Godella, cuya capacidad es de 12 plazas para internos y una treintena de d¨ªa. Por tanto, los jueces iniciar¨¢n la emisi¨®n de autos de internamiento sin que se sepa a d¨®nde deben ir los menores.

As¨ª las cosas, el fiscal Jefe de Valencia, Enrique Beltr¨¢n, asegura: 'Lo que nos preocupa y donde tenemos dudas de la eficacia es en lo referente a los centros de internamiento y a las propias dependencias judiciales'.

La Fiscal¨ªa de Menores de Valencia abri¨® entre el 1 de enero y el 8 de septiembre de 2000 un total de 3.780 diligencias informativas. De ellas, 1.087 han requerido de la comparecencia del menor en el juzgado por ser hechos de gravedad. 'Con este volumen es dif¨ªcil pensar que, al menos en los primeros meses de aplicaci¨®n de la nueva Ley del Menor, puedan alcanzarse algunos de los objetivos marcados', se?ala CC OO.

- Madrid. Esta comunidad no est¨¢ preparada para acoger a los menores que salgan de las c¨¢rceles cuando la ley entre en vigor y tengan que pasar a otros centros. 'Es una buena ley pero no disponemos de los recursos suficientes para aplicarla', denuncia Javier Urra, defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. 'Tengo la sensaci¨®n de que no hay la voluntad pol¨ªtica del Gobierno para crear las infraestructuras suficientes', agrega Urra, quien calcula que al menos 50 menores que est¨¢n ahora en prisi¨®n pasar¨¢n a los reformatorios madrile?os a partir del d¨ªa 13. 'El Gobierno regional se ha puesto a trabajar y ya est¨¢ aprobado un presupuesto de 8.000 millones para construir dos centros con 100 plazas para estos j¨®venes', a?ade el Defensor del Menor. Madrid cuenta ahora con tres centros para menores: Renasco, Hortaleza y El Madro?o. Entre los tres suman 56 plazas y est¨¢n ocupadas.

- Pa¨ªs Vasco. El Departamento de Justicia vasco tiene todo preparado para la inminente entrada en vigor de la ley, con personal de refresco y con la apertura en Zum¨¢rraga (Guip¨²zcoa) de un establecimiento de cumplimiento de condenas, en el que ha invertido 5.000 millones. Pero tambi¨¦n plantea problemas. 'Hace falta financiaci¨®n y como las comunidades entendemos que la ley es una aut¨¦ntica transferencia, as¨ª lo hemos defendido ante los Ministerios de Justicia y Administraciones P¨²blicas. Al Estado se le exonera del coste y ¨¦ste se traslada a las comunidades con competencias, lo que supone una inversi¨®n mayor', argumenta Abel Muniategi, viceconsejero de Justicia. La inversi¨®n de 5.000 millones en el establecimiento de menores trae de cabeza al Gobierno vasco. Su petici¨®n de que las medidas correctoras se cumplan en Euskadi parece no haber tenido la respuesta adecuada. 'Lo hemos planteado y no contestan. Todav¨ªa no est¨¢ claro d¨®nde se van a ejecutar las medidas que se impongan o si se van a transferir a las comunidades mediante pactos o convenios. A ver qu¨¦ hacemos con lo invertido', inquiere Muniategi.

Informaci¨®n elaborada con datos de Daniel Gil, Pere R¨ªos, Mabel Galaz, Isabel Camacho, Lydia Garrido y Jorge A. Rodr¨ªguez.